La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), liderada por la expresidenta Michelle Bachelet, ayer se declaró "extremadamente preocupada" por el "uso excesivo de la fuerza" por parte de los militares venezolanos contra los manifestantes opositores durante las protestas del martes.

"La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos está extremadamente preocupada por las informaciones acerca del uso excesivo de la fuerza cometido por las fuerzas de seguridad contra manifestantes en Venezuela", dijo la portavoz del organismo, Marta Hurtado.

Ante las protestas convocadas al mediodía de ayer en el país caribeño, el organismo internacional dijo que "hacemos un llamado a todas las partes para que muestren la máxima moderación, y a las autoridades para que respeten el derecho a la reunión pacífica", advirtiendo igualmente "contra el uso de un lenguaje que incite a la violencia".

La oficina liderada por la expresidenta recordó que, si bien "todas las partes deben renunciar al uso de la violencia", las autoridades tienen el deber de "asegurar la protección de los Derechos Humanos de todas las personas, sin importar su afiliación política".

Además, ACNUDH reiteró la solicitud de la ONU "a los líderes políticos para que establezcan discusiones significativas en aras a resolver la crisis actual" en Venezuela. En tanto, la oficina "seguirá vigilando la evolución de la situación en el país".

Al llamado del organismo se plegó la Unión Europea (UE), mediante su grupo de contacto internacional creado para buscar una solución política a la crisis. La entidad expresó "firmemente" su oposición al uso de la fuerza, tras el levantamiento de un grupo de militares en Caracas que desató protestas violentas durante la tarde y noche del martes.

El grupo pidió la "máxima contención por parte de los cuerpos de seguridad, de manera que no se inflija más daño al pueblo venezolano".

Altos cargos chavistas que negociaban con la oposición la salida del presidente venezolano, Nicolás Maduro, han "apagado sus celulares" y no responden, aseguró ayer el enviado de EE.UU. para Venezuela, Elliott Abrams. "Me he encontrado con que muchos de ellos han apagado sus celulares", dijo Abrams en una entrevista con Efe.

El diplomático expresó su frustración con tres figuras clave del chavismo, entre ellas el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que habrían negociado durante varios meses con la oposición para darle la espalda a Maduro y apoyar a Juan Guaidó: "Hablaron, hablaron y hablaron, y cuando llegó el momento de la acción no estuvieron dispuestos a hacerlo".

Según EE.UU., también formaron parte de esas conversaciones el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, y el comandante de la Guardia de Honor Presidencial y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Iván Rafael Hernández Dala. Sobre si Padrino, Moreno y Hernández Dala son quienes tienen el celular apagado, Abrams contestó: "Me refiero a mucha gente en los altos niveles del Gobierno venezolano".

Abrams calificó de "desafortunada" la decisión de los tres chavistas de no cumplir con lo que supuestamente habían pactado en esas negociaciones, en las que Washington asegura que no participó y donde se pactó una transición política con "garantías para respetar la dignidad de gente como Maduro para que pudieran irse con honor".

"Fue desafortunado porque el acuerdo que se había alcanzado entre los venezolanos era un acuerdo excelente, un acuerdo extenso que hablaba de estabilidad política (...) de protecciones y garantías para los militares y de medidas para restaurar la economía", detalló.

Mientras, el almirante Craig Faller, responsable del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EE.UU. (SouthCom), descartó ayer una inminente intervención militar en Venezuela para derrocar a Maduro y aseguró que una transición democrática "está ya en camino".

El militar compareció ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes para abordar los retos que afronta el Ejército de EE.UU. en América del Sur y Caribe. Faller dijo que "el alto mando (militar de EE.UU.) ha dejado claro que ésta debe ser principalmente una transición democrática".

"Apoyamos completamente el proceso diplomático", dijo el almirante, ante una pregunta del comité sobre si contemplaba que las Fuerzas Armadas estadounidenses jugaran un papel para derrocar a Maduro.

Asimismo, el almirante envió un mensaje a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad venezolanas: "Tenéis la oportunidad de hacer lo correcto y de aliviar el sufrimiento de vuestro pueblo y vuestras familias, a quienes jurasteis proteger. Cuando la democracia haya sido restaurada esperamos que volváis a incorporaros al servicios".

diálogo con rusia

El secretario de Estado de EE.UU, Mike Pompeo, aludió a Venezuela en la conversación telefónica que tuvo ayer con su par de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, a quien dijo que la intervención de Rusia y de Cuba es "desestabilizadora" para Venezuela "y para la relación bilateral entre Estados Unidos y Rusia", según una declaración del Departamento de Estado.

En el comunicado, se agregó que el jefe de la diplomacia estadounidense urgió a Rusia a que cese el apoyo a Maduro y que se "una a otras naciones, incluida la abrumadora mayoría de países del hemisferio occidental, que buscan un mejor futuro para el pueblo venezolano".

Desde la Cancillería rusa, se informó que Lavrov advirtió a Pompeo que "la continuación de los pasos agresivos tendrá las más graves consecuencias. Sólo el pueblo venezolano tiene derecho a determinar su destino, para lo que es necesario un diálogo entre todas las fuerzas políticas del país".

Lavrov denunció, además, que "la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de un país soberano".

El ciudadano colombiano acusado de asesinar a la exsargento de Carabineros Ilse Amory Ojeda González (51), Juan Guillermo Valderrama Amézquita (28), ayer fue enviado a una cárcel en su país de origen bajo prisión preventiva, informó la Fiscalía, tras presentar cargos por feminicidio, desaparición forzosa agravada y ocultamiento de pruebas.

La decisión judicial fue revelada en la cuenta de Twitter de la Fiscalía de Colombia, que ayer publicó que un "juez envió a centro carcelario a Juan G. Valderrama, señalado como responsable de la desaparición y muerte de ciudadana chilena Ilse Amory Ojeda. Responde por feminicidio, desaparición forzosa agravados y ocultamiento de material probatorio", tras comprobarse que los restos óseos calcinados encontrados en la pequeña ciudad de Rionegro, cercana a Medellín, correspondían a la exuniformada.

La Fiscalía explicó que Valderrama es acusado de los delitos de feminicidio, por el cual se piden 50 años de cárcel; desaparición forzosa agravada, correspondiente a 12 años de presidio; y ocultamiento de material probatorio, por lo cual arriesga otros 50 años tras las rejas.

"Confío en la Justicia colombiana totalmente, sé que van a hacer su trabajo como corresponde, van a aplicar el máximo de la pena que aquí le exigen, y solo puedo decirles que se ha hecho justicia, vamos a seguir adelante con esto, no nos vamos a rendir, a bajar los brazos y vamos a ver que esto se cumpla", dijo al diario El Tiempo la hermana de la víctima, Alejandra Margarita Ojeda.

trastorno mental

La abogada defensora de Valderrama, Flor Cely de Vera, ayer pidió al juez que su representado sea evaluado por el servicio de psiquiatría colombiano, ya que, en su opinión, el acusado no es imputable.

"Él dice que es inocente, se muestra inocente y conceptúa que lo es", afirmó Cely, agregando que el hombre es "trastornado mental". En caso de que el Servicio de Salud valide esta tesis, Valderrama podría ser internado en un hospital psiquiátrico, explicó la abogada.

Esta arista es amparada en que el acusado tuvo un grave accidente de tránsito en 2008, cuando tenía 18 años: tras chocar en una camioneta y golpearse contra un árbol, Valderrama permaneció 19 días en estado de coma, lo que podría haber dejado secuelas mentales.

La desaparición de Ojeda fue reportada el 30 de marzo e incluso el acusado colaboró con la búsqueda, luego que el día 5 de aquel mes ingresaran juntos a Colombia, como pareja. Ojeda declaró portar cerca de $29 millones, para después viajar a la capital, Medellín, y la provincia de Santander, donde finalmente se quedaron a vivir, en la ciudad de Bucaramanga.

La última vez que se tuvo noticia de la víctima fue en una tienda de Cristal Bajo, barrio donde vivía Valderrama y en el cual, según testigos, discutieron por una supuesta infidelidad del colombiano.

El 11 de abril, la hermana de Ojeda informó en redes sociales la desaparición de Ilse. Sin embargo, la denuncia en Colombia fue interpuesta por el detenido seis días después, junto con registrar transacciones desde la cuenta bancaria que tenía con Ojeda.

El cuerpo de la mujer fue hallado en Rionegro.