En prisión preventiva quedó un hombre de 66 años, que fue formalizado por abuso sexual y violación en Cañete. Los ataques fueron perpetrados en contra de una niña de 11 años, quien resultó embarazada producto de estas agresiones.

En la audiencia realizada ayer en esa comuna, la fiscalía detalló que Jairo Vega Villagrán, un agricultor de 66 años de edad, habría aprovechado su amistad con la familia de la víctima para cometer los ultrajes en contra la menor de edad cuando ella lo visitaba.

El resultado de estos ataques quedaron al descubierto luego de los exámenes médicos practicados a la niña, ya que la madre sospechó en ese momento de un posible embarazo.

Una vez que la niña dio a luz, se tomaron muestras de ADN que fueron analizadas por el Servicio Médico Legal, que corroboró que el progenitor era el imputado. Actualmente, el lactante tiene dos meses de vida.

INVESTIGACIÓN

Danilo Ramos, fiscal jefe de Cañete, expuso que la investigación se inició, luego que el Tribunal de Familia de Lebu presentara una denuncia por el embarazo de una menor.

"Las diligencias que se desarrollaron desde ahí, que no sólo contemplaban el relato de la niña y familiares directos, culminaron con una prueba de ADN que permitieron establecer la participación del sujeto", indicó.

El Tribunal de Garantía de Cañete otorgó tres meses de plazo a la Fiscalía para que finalice la investigación.

Implementar una nueva política que entregue distintas herramientas a las personas privadas de libertad es uno de los objetivos del proyecto de reinserción laboral anunciado por el Gobierno y que ayer tuvo su estreno en Biobío.

La iniciativa fue presentada en la Intendencia del Biobío, donde las autoridades destacaron que las líneas de acción de este proyecto buscan abarcar el problema de seguridad pública. El trabajo será público privado.

Sergio Vallejos, seremi de Justicia, detalló que en la Región del Biobío se desarrollará un programa piloto, con una base de 25 personas, quienes serán seleccionadas por Gendarmería. "Busca reinsertar laboralmente a la gente privada de libertad para disminuir con eso la reincidencia delictual y aumentar la seguridad pública", agregó.

Asimismo, Vallejos indicó que el proyecto contempla la ejecución en dos etapas: "Una es buscar la instalación de centros productivos al interior de los penales, para que la gente pueda trabajar mientras cumple condena. La otra etapa es el trabajo extra muros, es decir, la gente que tiene permiso de salida, cumple ciertas condiciones, pueda empezar a trabajar".

El modelo de trabajo del proyecto +R contempla cuatro etapas. Preparación para el trabajo, capacitación en oficio y competencias transversales; colocación laboral y acompañamiento a cargo de una dupla psico-social.

Jacqueline Sepúlveda, directora de la Academia de Innovación de la UdeC, enfatizó la importancia de innovar en los procesos y modelos de gestión: "En conjunto con Gendarmería de Chile se realizó una experiencia pionera en la UdeC, que ha permitido plantear un nuevo modelo de reinserción, el cual requiere la sinergia entre el sector público, el privado y la academia".

Paralelo al proceso de sumario administrativo que realiza el Servicio Médico Legal (SML) penquista, producto de los múltiples errores que tuvieron lugar el año pasado en procedimientos y protocolos de la institución, ayer se realizaron en el Cementerio Municipal penquista, una exhumación e inhumación (entierro) de dos cadáveres que fueron entregados erróneamente a sus familiares en julio de 2018.

El procedimiento se realizó entre las 10 de la mañana hasta pasado el mediodía en el patio común 24.

Tal error fue reconocido posteriormente por la institución, luego de cuatro meses de sucedido el hecho, durante octubre pasado, luego de encontrarse con los restos de uno de los fallecidos dentro de las dependencias del organismo, lo que conllevó una ola de críticas sobre la forma en la que la institución realiza sus procedimientos.

EXHUMACIÓN

Luego de informar a la Fiscalía de Concepción, y bajo la supervisión de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y la autorización de Seremi de Salud, el SML realizó el proceso de inhumación y exhumación de los cuerpos cambiados.

Las acciones concretas fueron parte de la corrección de la fallida entrega de cuerpos y llegan como respuesta después de ocho meses de ocurrido el inédito error.

Tras ser consultado el SML sobre el procedimiento realizado ayer, la directora regional (s) Carla Aldana declinó referirse al tema por haber un proceso en curso. Una vez finalizado este sumario -que está en etapa acusatoria-, se determinará qué acciones debe realizar el servicio para corregir sus falencias, en caso de acreditarse.