Insiste en defensa del control de identidad a adolescentes
En el marco de la agenda de seguridad pública del Gobierno y el proyecto de ley que busca rebajar a 14 años la edad para realizar controles preventivos de identidad, por parte de Carabineros, el Presidente Sebastián Piñera ayer defendió nuevamente la idea, pese a los cuestionamientos de diversos sectores.
El Mandatario aseguró en Canal 13 que, en caso de lograr aprobación parlamentaria, la medida "nos ayuda a combatir mejor la delincuencia y el narcotráfico. (...) Si cuando va al supermercado le piden el carnet ¿por qué no podemos permitir que Carabineros de Chile, con reglas que garantizan la no discriminación y el no abuso, pueda pedir la identidad?".
"De esa manera, (se podría) lograr que las personas inocentes se sientan más seguras y que las personas que están cometiendo delitos, que tienen antecedentes penales o orden de detención pendiente asuman su responsabilidad", agregó Piñera.
rehabilitación
En cuanto a las cifras que justifican la iniciativa del Gobierno, el Presidente explicó que "en los robos con violencia, los portonazos, las embocadas, la participación de los menores de edad está entre un 25% y 30% y de estos, una parte muy importante los cometen menores entre 14 y 16 años".
Uno de los objetivos principales del proyecto de ley es "sacarlos (a los adolescentes) del circuito del crimen y del delito, y tratar de rehabilitarlos", razón por la que también La Moneda está trabajando en la reforma del Servicio Nacional de Menores (Sename): "(A) esos menores no podemos dejarlos solos en el camino del crimen porque se van a perder para siempre", afirmó el Presidente.
El ex secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y ex ministro del Interior, José Miguel Insulza, escribió al respecto en su cuenta de Twitter: "Queda claro que el control de identidad es para controlar a los adolescentes, ¡claro! Sobre todo a los pobres, los barbones, los 'mal vestidos' y nunca a los cuicos".
"La confianza de la ciudadanía en Carabineros se encuentra en entredicho, las reformas impulsadas por el Gobierno debiesen limitar el abuso en el ejercicio de esta herramienta, racionalizando su uso", escribió ayer en El Mercurio el profesor de Derecho procesal de la Universidad Adolfo Ibáñez, Carlos Correa.