Los dirigentes de la Federación de Pescadores Artesanales del Biobío (Fedepes) y cerqueros de la Región fueron los últimos en reunirse con el subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme, durante su paso por Concepción.

En el encuentro, los trabajadores del mundo artesanal plantearon su respaldo al veto aditivo anunciado por el gobierno al proyecto de Ley de la Jibia, pero con algunas modificaciones.

Marta Espinoza, primer director de la Fedepes y vocera de los dirigentes cerqueros del Biobío, contó que la principal propuesta entregada a Riquelme está vinculada a que la jibia sea considerada como fauna acompañante de todas las pesquerías.

"Nosotros no queremos salir a pescar jibia con el cerco para hacerla harina, porque no se puede y la ley no lo permite. Nosotros queremos que la jibia sea fauna acompañante de todas las pesquerías objetivas en las cuales se desempeñan los artesanales de la Región y el país", indicó.

Espinoza agregó que "si bien hay un grupo de colegas, cuyas posturas son respetadas, nosotros los llamamos a entender que no es factible para nosotros recibir una multa por un par de jibias dentro de la captura".

La vocera de los cerqueros enfatizó que la principal problemática a la que se enfrentan fue la inclusión del Partido Comunista en la discusión de este proyecto.

"Acá hay un partido político en esto y está dejando un conflicto tremendo entre pescadores hermanos. Incluso no nos dejan conversar con nuestros compañeros", acusó.

El subsecretario Riquelme valoró el diálogo que se generó con distintas agrupaciones durante su paso por el Biobío.

La autoridad indicó que el conflicto no fue iniciado por el Gobierno y reconoció que pudieron existir errores en el proceso, sin embargo, dijo que se están buscando soluciones: "Esta ley fue una moción parlamentaria de un diputado del partido Comunista y otro de la DC (...) Si hubo algún error, es una materia que deben responder los autores del proyecto".

No fue mucha la información oficial que surgió tras la información difundida por Cooperativa, respecto a que el intendente Jorge Ulloa había sido citado para declarar por el caso Asipes por la fiscal regional Marcela Cartagena.

Ella se hizo cargo de la causa luego que Julio Contardo, quien llevaba la investigación, dejara la Fiscalía tras cumplir el periodo fijado por ley para ejercer como fiscal regional en Biobío.

De acuerdo a lo informado la jornada de ayer, Ulloa habría sido citado a la Fiscalía para el viernes 11 de enero. Desde el Gobierno Regional expresaron que hasta la fecha el intendente no ha sido notificado y que se le citó en calidad de testigo.

Desde la Fiscalía, en tanto, explicaron que no se referirán a diligencias de una investigación que está en desarrollo.

No obstante, en junio del año pasado el intendente Ulloa aseguró a El Sur que estaba tranquilo por la investigación que realizaba la Fiscalía en el caso Asipes. "Aquí no hay nada que esconder. Parto de la base que esto es una cuestión que se viene desarrollando hace largo tiempo. No tengo ningún problema, todo lo contrario", afirmó el año pasado.

Agregó que si era citado, iría a declarar. "Aquí todos somos chilenos y tenemos que cumplir la ley", indicó en esa oportunidad.

El caso

La investigación que lleva adelante la fiscalía tiene que ver con el financiamiento irregular de la política. Es una arista que surgió durante las indagatorias del caso Corpesca, por la misma causa.

Se llama caso Asipes porque involucra a la Asociación de Industriales Pesqueros, que tiene asiento en la zona. Este gremio aportó dineros a la campaña de diversos parlamentarios de la zona, lo que se hizo bajo la ley de financiamiento de la política.

La indagatoria ahora apunta a otros pagos, pero hechos de manera ilegal, los que además habrían buscado influenciar en la tramitación de la ley de Pesca de 2012 y también en normas posteriores que rigen el sector.

Inicialmente esta investigación estaba a cargo de Julio Contardo, quien hasta mediados del año pasado era el fiscal regional del Biobío.

En el marco de esta indagatoria, Contardo citó a declarar a cinco empresarios pesqueros de la zona como imputados por el delito de cohecho, en el mes de junio del año pasado.

Locales

Dentro de los parlamentarios y exparlamentarios que han sido sondeados están Clemira Pacheco, Frank Sauerbaum, Sergio Bobadilla, Cristián Campos y Jorge Ulloa. La Fiscalía solicitó información sobre las votaciones de estos legisladores en temas vinculados a la pesca.

Financiamiento político

La Fiscalía indaga el financiamiento irregular de parlamentarios con el fin de influir en la tramitación de la Ley de Pesca de 2012 y en otras normas posteriores.

Liderazgo local

Julio Contardo, quien hasta mediados del año pasado fue fiscal regional, lideró la investigación. Tras su salida la nueva fiscal regional, Marcela Cartagena, la tomó.