Desde que fue anunciado, el proyecto de modernización tributaria ha tenido detractores y quienes lo aplauden, ya sea por su eventual retroceso o su avance. Según el prisma con el que se le mire, tiene aspectos que para muchos son importantes, pero carece de otros que quizás debieran ser incluidos durante su discusión.
Tal es el caso de aplicar un impuesto al diésel, cambiar la base de impuesto a los alcoholes o aplicar un impuesto al azúcar, según han planteado algunos expertos.
Eduardo Elgueta, director ejecutivo de Astur Consultores, planteó que sobre un tributo al citado combustible la discusión es compleja, ya que tiene variadas aristas económicas y políticas. "Un eventual aumento podría evaluarse considerando aspectos técnicos y económicos y no solo recaudatorios. Cabe destacar que en la actualidad se permite que algunas empresas de transportes puedan recuperar de diversas fracciones del impuesto", apuntó.
Agregó que en la actualidad la venta o importación de bebidas alcohólicas paga un impuesto adicional, con la tasa diferenciada, que se aplica sobre la misma base imponible del IVA, y no le parece una buena idea cambiar la base, ya que hace más complejo el proceso de determinación del impuesto y produce una diferenciación negativa respecto a esta industria.
RESABIOS
Cristián González, socio de Tax & Legal Kreston MCA, cree que la actual legislación tributaria tiene aún resabios proteccionistas o en algunos casos, beneficia a ciertos grupos y/o actividades en miras de fomentar el crecimiento o mejoría de un sector determinado como resultado de antiguas prácticas, tanto fiscales como de política económica; que el mercado, la tecnología, el desarrollo y la evolución social hacen innecesaria, o bien, hace que sea menos necesario que antes.
"Es así que la actual legislación busca establecer tratos igualitarios entre los diferentes sectores y actores sociales, creando incluso sanciones, cortapisas, o también llamados desincentivos, a ciertas conductas que pretende evitar, por ser ellas nocivas para la salud, el medio ambiente u otras similares", remarcó.
Ante ello, dijo que con que la actual reforma tributaria en discusión plantea precisamente la rebaja o beneficio impositivo al diésel para determinados sectores, a fin de igualar la aplicación normativa (lo que es correcto), generando con ello una mayor recaudación. Por su parte, las políticas orientadas al aumento o disminuciones de tasas impositivas deben considerar las necesidades que se busca satisfacer; la creación de nuevas políticas sociales a ser financiadas. Es decir, debe ir en directa relación el sacrificio económico al beneficio social generado, de lo contrario se genera una sensación de insatisfacción social por aquello que puede estimarse desbalanceado.
A su vez, Álvaro Moraga, profesor de las cátedras de Gobiernos Corporativos, Tributación de la Empresa y de Fusiones y Adquisiciones (M&A) en la escuela de Post Grados de la Universidad Adolfo Ibáñez, señaló que son varios los puntos ausentes del proyecto de modernización tributaria. El primero es la baja de la tasa del impuesto, que fue una promesa de campaña del Presidente Piñera. "Recordemos que la tasa del impuesto de primera categoría, que es el impuesto a las empresas, se llevó desde el 20% al 27% en un plazo de cuatro años, es decir, las empresas tuvieron que rehacer sus planes de negocios reconociendo utilidades de 7% menos a lo proyectado. Con eso, todos los proyectos de mediano y largo plazo se paralizaron. Lo que esperaba el mercado era que con la llegada del nuevo Gobierno se pudiera corregir este elemento, que fue uno de los más graves de la reforma pasada, donde si se está corrigiendo es para las pymes, donde se rebaja el 27% al 25%", acentuó.
AUTONOMÍA
Otro elemento ausente que estaba en el programa de Gobierno de más de un candidato era incorporar dentro de la discusión la necesaria autonomía constitucional del Servicio de Impuestos Internos (SII), a fin de que no suceda lo que pasó en administraciones pasadas, donde se intervino políticamente por el Ministro de Hacienda, que es el superior jerárquico del Director Nacional. Si lo que se quiere al SII absolutamente técnico y despolitizado, se le debe otorgar autonomía constitucional, quizás siguiendo el modelo que tiene el Contralor General de la República.
Según Álvaro Moraga, también se extraña una modificación sustancial al sistema de donaciones, que permita incentivar la participación de las empresas de manera directa en cuestiones tan determinantes como la innovación o el combate a la pobreza. Y, finalmente, un elemento que claramente está ausente es el nuevo estatuto para los inversionistas extranjeros. La reforma de 2014 se generó sobre la base de una serie de premisas, muchas de las cuales resultaron falsas, pero también sobre la base de la promesa de que se iba a establecer un nuevo estatuto para el inversionista extranjero, ya que se derogaba el decreto de Ley 600. La falta de estabilidad de la legislación tributaria de los últimos años, unida a la inexistencia de mecanismos de invariabilidad, son elementos determinantes de la disminución de la inversión a largo plazo que sufre nuestro país.
Pilar Cabello, directora del Área Auditoria de Cabello & Compañía Abogados Tributarios, cree que se debe equiparar el impuesto al diésel (1,5 UTM) con el de la gasolina (6 UTM): "Esta disparidad sigue incentivando a los actores de la economía a comprar bienes que usan diésel. Esta diferencia que aún se mantiene no está de acuerdo con lo que se busca a nivel mundial, dejar de ocupar diésel, producto altamente contaminante. Es complejo para ciertas economías como la nuestra hacer este cambio, por lo tanto, se debiese proponer el cambio de forma gradual y además con incentivos para el uso de nuevas tecnologías o insumos".
