Por el delito de malversación de caudales públicos fue formalizada esta semana una ex funcionaria del hogar El Arrullo, que depende del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Concepción.

De acuerdo a los antecedentes expuestos durante la audiencia, Naomí Betanzo Otárola, quien ejerció funciones en la contabilidad y presupuesto del recinto de menores, habría aprovechado su cargo para girar cheques que cobraba o depositaba a su cuenta. El delito implica $104 millones 765 mil.

Según explicó el fiscal a cargo de la indagatoria, Nelson Vigueras, parte del dinero lo gastó en el casino y en adquirir bienes personales, según se puedo establecer.

En la audiencia, los abogados de la imputada intentaron suspender el procedimiento por una eventual enajenación mental. Sin embargo, el fiscal expuso que los propios informes del Compin y otro particular que pidió la defensa demuestran que "es imputable y, eventualmente, podría tener una inimputabilidad disminuida en base a una ludopatía, para lo cual nosotros, en atención al principio de objetividad, oficiamos al SML y vamos a pedir el informe de un organismo técnico", explicó Vigueras.

DENUNCIADO POR SENAME

El caso de esta funcionaria pública fue denunciado el año pasado por el propio Sename, hoy querellante en esta causa, al igual que el Consejo de Defensa del Estado.

El fiscal a cargo de la indagatoria expuso que estas prácticas pudieron haber afectado el normal desarrollo de las labores y el cuidado de los niños en el hogar, ubicado en el cerro La Virgen en Concepción.

"Estamos en presencia de una imputada que es funcionaria pública desde hace bastantes años, en quien se deposita la fe pública y está a cargo de la adquisición de alimentos y vestuario de un hogar de menores, entre otras tareas.

Vigueras agregó que "todos sabemos la precariedad que existe en este tipo de establecimientos en nuestro país. Por eso, que esta persona se apropie de este dinero parece una conducta bastante reprochable y, por ello también, hemos pedidos medidas cautelares para que ella esté, al menos, con arresto domiciliario nocturno, lo que acogió el tribunal".

Respecto a los exámenes que se deben aplicar a la imputada para evaluar su estado mental, el fiscal indicó que el resultado de una eventual enajenación podría ser considera una atenuante. "Por ahora no tengo antecedentes para avalar ese tipo aminorante de responsabilidad penal", aclaró.

El Juzgado de Garantía de Concepción fijó un plazo de cuatro meses para la investigación.

Después de 13 años, la familia de Sergio Mardoff Peirano inició el cierre de uno de los procesos más doloroso. El jueves de la semana pasada, la fiscalía confirmó que los restos, que se encontraban sin identificar desde 2015 en el Servicio Médico Legal de Concepción, correspondían al universitario penquista extraviado en marzo de 2005.

Así como ellos, otras familias del Biobío mantienen la búsqueda de algún integrante de su núcleo cercano. Algunas historias como esa se extienden desde hace más de 10 años.

Es el caso de Ezequiel Pacheco, quien vio por última vez a su hijo Ramón el domingo 23 de junio de 2008. Desde entonces, explicó, ha realizado una intensa campaña para que el caso no sea olvidado y se logre dar con pistas que permitan establecer su paradero. El caso hoy se encuentra cerrado.

De acuerdo a las cifras de la Policías de Investigaciones, entre enero y agosto de este año se han recibido 674 denuncias por presunta desgracia en el Biobío. De esa cifra, precisaron, 64 siguen en investigación por parte equipos de la Brigada de Homicidios penquista.

El jefe de esa unidad, comisario Jorge Abatte, indicó que el 91% de este tipo de indagatorias ha tenido un resultado positivo en lo que va del año. "Continuamente se revisan las fuentes de información para saber los movimientos de esas personas u obtener indicios de interés que aporten a la investigación", explicó.

ANGUSTIOSA ESPERA

El sábado 22 de junio de 2008, Ezequiel Pacheco fue informado que viajaría a Estados Unidos y para despedirse organizó un asado junto a sus cercanos. Ese día vio por última vez a su hijo Ramón Pacheco Giacomozzi (23).

"La mañana siguiente lo escuché que salió temprano de la casa. Siempre lo hacía y muchos lo conocían por lo mismo. Me fui tranquilo porque tenía que embarcarme", relató.

El padre de Ramón contó que casi seis meses después, en una llamada telefónica se enteró de lo peor: su hijo no había regresado. "Estaba en Montevideo y pedí regresar a mi casa. Desde ahí no paramos. Pedí entrevistas con las policías y la fiscalía. En paralelo inicié mi propia búsqueda", explicó.

Con una foto en la mano, Ezequiel recorrió casi todo Hualqui, luego de recibir una pista. "Sin embargo no lo encontré. Me dijeron que Carabineros lo había tomado detenido, pero después lo negaron", aseguró.

En abril de 2014, el Tribunal de Garantía de Talcahuano cerró la causa a solicitud de la fiscalía, recordó Pacheco. "Hablé con el fiscal, pero me dijo que no habían antecedentes y que lo estaban presionando para el cierre", acusó.

Ezequiel Pacheco enfatizó que nunca le tomaron una huella de ADN para ser ingresado al sistema. "Aún no me llaman", concluyó.

SIGUEN LAS PERICIAS

Héctor Torres (32) se extravió el 22 de mayo en Cañete y las pistas de su paradero son pocas. Actualmente el caso también se encuentra en manos de la PDI.

A esa búsqueda hoy se suman las labores de rastreo de Tamara Zurita Ortega (21). La joven se extravió el pasado 25 de septiembre y fue vista por última vez en un parque de esa comuna. La investigación hoy está en manos de la Fiscalía, PDI y Carabineros.