Hasta las dependencias de la Fiscalía Regional del Biobío, en Concepción, llegó ayer el fiscal nacional, Jorge Abbott. Viajó desde Santiago para oficializar a Marcela Cartagena como la nueva jefa del Ministerio Público local, en reemplazo de Julio Contardo, quien lideraba la institución desde 2010.

El cambio de mando se realizó en un contexto marcado por las investigaciones sobre presuntos abusos sexuales cometidos por representantes de la iglesia Católica. Justamente, en la edición de ayer de este Diario, el padre de un denunciante ratificó que él y su hijo ya prestaron declaración ante el fiscal Sergio Caro, para denunciar los presuntos abusos que habría perpetuado el presbítero Hernán Enríquez en contra del joven, en el año 2002.

En este contexto, la fiscal regional Marcela Cartagena informó que en la Región existen cuatro causas distintas relacionadas a presuntos abusos sexuales que involucran a sacerdotes. Luego, desde la Fiscalía Regional, explicaron que tres de las cuatro investigaciones provienen de Chillán y una de Concepción, esta última relacionada a un caso de la comuna de Hualqui, que apunta al párroco Reinaldo Méndez y no al que involucra a Enríquez. Sobre este último punto, desde el Ministerio Público se explicó que "no podemos afirmar ni descartar las preguntas respecto a eventuales tomas de declaraciones".

En tanto, Cartagena puntualizó también que ya están abordando estas causas, pero que en los próximos días darían a conocer mayores antecedentes sobre su estado.

El fiscal nacional Jorge Abbott complementó las palabras de Cartagena y aseguró que hay un compromiso serio con las víctimas de estos hechos, por lo que para ello "tendrán que comparecer todas aquellas personas que sean necesarias a tales fines ".

"Nadie en el país está por sobre la ley y, en consecuencia, si es necesario que comparezca cualquier persona, sea cual sea su dignidad, tendrá que hacerlo", dijo al ser consultado por la posibilidad de citar a quienes han denunciado públicamente o a las autoridades de la Iglesia Católica en la zona, como el arzobispo de Concepción, Fernando Chomali.

Abbott reconoció que la designación de fiscales para estos casos no es algo que esté determinado netamente por la cercanía del sitio donde habría ocurrido el abuso y la ubicación de la fiscalía, sino que depende más bien de las líneas de investigación. Esto, ejemplificó, ocurre con la responsabilidad que tendrá el persecutor de la Fiscalía Regional Sur, Raúl Guzmán, sobre las indagatorias relacionadas a la Congregación de los Hermanos Maristas a nivel nacional.

Cambio de mando

En su intervención durante la ceremonia de cambio de mando, a la que también asistió la nueva fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, el ahora ex fiscal Julio Contardo, sostuvo que "hoy es un día de ascensiones y no de despedidas" y aprovechó de agradecer a los presentes.

Recordó la confianza otorgada por su superior para afrontar causas de trascendencia nacional. "Espero haber cumplido", sostuvo, y añadió que la fiscalía que tuvo al mando por ochos años se consolidó y "catapultó como un referente a nivel nacional por su permanente afán innovador".

La nueva fiscal regional abordó las críticas a la labor investigativa de su predecesor en el caso Corpesca, indagación que asumió en 2016 y en la que aún no hay detenidos. "Soy una persona profundamente respetuosa de la opinión ajena, de la libertad de expresión. Dicho aquello, no necesariamente uno comparte la opinión que respeta. Y de desde ese punto de vista no comparto esas opiniones", enfatizó Cartagena sobre el trabajo de su colega.

En tanto, Abbott respaldó a Contardo en su discurso y sostuvo que su gestión "ha sido uno de los puntos altos del Ministerio Público". Esto, agregó, se vio reflejado en que, por ejemplo, los ingresos de causas descendieron en un promedio de 9% y que las salidas judiciales crecieron en un 5,7% dentro de la Región.

En tanto, Marcela Cartagena aseguró que de aquí en adelante se focalizará en "comprender su rol desde la responsabilidad (...). Eso es lo que se debe esperar de mí, ese es mi compromiso".

La nueva autoridad puntualizó que su intención es "transitar y subirnos a este tren sin perjudicar a nuestros usuarios y la solución de los conflictos que los traen a nosotros".

Ayer, tras la publicación que realizó Diario El Sur donde el papá del joven que denuncia haber sido abusado sexualmente por el presbítero Hernán Enríquez Rosas en 2002, indicó que tanto él como su hijo ratificaron su declaración ante el fiscal de Concepción Sergio Caro, el sacerdote acusado descartó las acusaciones en su contra y se mostró abierto a conversar con sus denunciantes.

En entrevista con Radio Bío-Bío, Enríquez manifestó que "yo he estado dispuesto desde 2009 a resolver todo lo que se tiene que resolver, que se investigue todo lo que se tiene que investigar. Por supuesto que si un padre y un hijo quieren hablar conmigo, yo voy a conversar y no tengo ningún problema frente a eso".

De acuerdo a los antecedentes que aportó el papá del denunciante, el hecho habría ocurrido en 2002 cuando su hijo, en ese entonces de 14 años, ingresó al Seminario Menor de Concepción en donde Enríquez era rector.

Según el relato del padre, su hijo los llamó una semana después de su ingreso para pedir que fuera retirado del lugar. Sin embargo, no fue hasta 2009 cuando el joven reveló a sus padres que habría sido violado por el sacerdote que hoy dirige la parroquia San José de Talcahuano.

"Soy un cura de parroquia, profesor de la Universidad Católica. No tengo instancias de poder", aseguró ayer el sacerdote.

Consultado por las investigaciones que se realizaron en la época en que se denunció por primera vez el hecho, Enríquez manifestó que se enteró del proceso porque alguien le dijo que la Policía de Investigaciones estaba indagando el caso.

Tras ello, "los padres de esta persona (el joven presuntamente abusado) hablan con el arzobispo de la época, que era monseñor Ricardo Ezzati, quien al otro día me cita y me dice que se tenía que activar el protocolo de la Iglesia (…) e inicia una investigación previa frente a las acusaciones, lo que significa que nombra a un promotor de justicia y a un notario, que son los encargados de hacer este proceso canónico", relató.

GUARDÓ SILENCIO

Respecto de las instancias judiciales, expresó que una vez que fue contactado por la Policía de Investigaciones para realizar las respectivas indagaciones, decidió acogerse a su derecho de guardar silencio. "A mí se me dijo que estaba siendo investigado por una situación equis determinante, pero ¿qué significa violación? Es decir, uno puede entender lo que significa ese concepto, pero ¿Cuáles son los hechos, cuál es la materialidad de la situación? Entonces, cuando yo no tengo posibilidades de saber qué es lo que se está diciendo, evidentemente tengo derecho a guardar silencio".

Junto con ello, Enríquez recordó que en esa oportunidad, en ninguna de las instancias -la eclesiástica y la jurídica- el denunciante asistió a prestar declaración.

"Yo lo que habría preferido es que se hiciera una denuncia, que se presentara una querella y que se pudiera resolver de la mejor manera posible. Es un tema duro y complicado, lamentablemente no se dieron las cosas, pero yo estuve siempre dispuesto a colaborar. Hicimos todo lo que se nos pidió, pero la otra parte no hizo las diligencias que tenía que hacer",agregó.