Ediles confían en argumentos del municipio para ganarle a constructora en caso Butacas
La directora jurídica de la municipalidad de Concepción, Ximena Torrejón, detalló ayer los aspectos judiciales y administrativos que se desprenden del llamado caso butacas del Estadio Ester Roa.
Torrejón explicó a los concejales penquistas que la decoloración de los asientos del recinto deportivo será clave para evitar que al municipio devuelva alrededor de $2 mil millones, por concepto del cobro de una boleta de garantía en 2016 efectuada en contra de la empresa Claro Vicuña y por lo cual hay una acción judicial de por medio.
La firma fue la responsable de la construcción del estadio en 2015, que fue remodelado para ser sede de la Copa América del 2015 y se invirtieron cerca de $35 mil millones en su reconstrucción.
La cita, realizada en el salón de honor del municipio, la presidió el alcalde Álvaro Ortiz y contó con la presencia de ocho de los diez ediles.
Se destiñeron
"El dinero no se ha devuelto porque están pendientes dos aspectos de la materialidad de las butacas instaladas en el estadio Ester Roa Rebolledo que tiene que ver con al fijación y los aspectos de coloración de las mismas", dijo Ximena Torrejón.
Añadió que "las butacas estaban bien al momento en que se evacuaron los informes, pero a la fecha de hoy presentan un grado de decoloración que nos permite haber fundado la demanda reconvencional". Esta acción se presentó hace unas pocas semanas.
Torrejón explicó además que en el municipio realiza un sumario administrativo, que también fue exigido por Contraloría.
También participó de la sesión el director de Obras del municipio, Domingo Godoy, y un equipo del área de Finanzas.
ediles conformes
Una vez finalizada la sesión extraordinaria, el concejal comunista Alex Iturra dijo que "sigue quedando en manifiesto que se hicieron todas las cosas como corresponde. Ahora, así como la empresa y el municipio tienen el legítimo derecho de defender las diferentes hipótesis que se están instalando, tenemos que dejar que se despeje esa área para profundizar y ver si se cometió un error o si la municipalidad perdió dinero, pero no creo que sea así".
El DC Boris Negrete indicó que "creo que al menos hay algunas cosas que pueden dar para la duda. Espero que nos vaya bien y que el municipio gane, por eso requeríamos esta información".
Fabiola Troncoso (DC) indicó que "más allá de las conjeturas, recibimos información técnica de los actores que han estado desde sus inicios. Tengo expectativas altas sobre el juicio, estamos bien representados y los procesos en la construcción del estadio se hicieron de manera correcta".
El concejal radical Ricardo Tróstel indicó que "quedamos claros respecto de la situación en que se encuentra el municipio, tanto municipal como administrativamente. Creo que como municipio vamos bien y judicialmente no debería haber problema para salir bien en ese ámbito".
Cristián Paulsen (RN) planteó que "es preocupación de los concejales saber lo que está pasando en el municipio. Esto está en el ámbito judicial y con la demanda se va a llegar a un lugar adecuado, en que todos quedaremos conformes".
dudas
Los ediles Joaquín Eguiluz (RN) y Patricia García (PS) manifestaron distintas posturas en relación a lo expuesto por los asesores municipales. Eguiluz dijo que "no estoy satisfecho. Estaré conforme cuando se cumplan con la responsabilidades administrativas y cuando ganemos la demanda. El problema es que no pudimos conocer todos los argumentos judiciales del municipio, porque se podía liberar información clave para el futuro de la demanda".
Empresa
Remberto Valdés, abogado que representa a Claro Vicuña, contó que si bien solicitaron participar de la sesión, se les informó que por tabla no podían ser incluidos. No obstante, mencionó que se agendará otro encuentro para aquello.
Sobre el decoloramiento de las butacas, el abogado dijo que había una contradicción, pues cuando se inauguró el Ester Roa "se dijo que era el mejor estadio de Chile y ahora recién se le están detectando problemas".
Aclaró que la demanda presentada era por $2 mil millones y que hay otra por $15 mil millones, que incluye dos acciones judiciales reparatorias, pero que aún no se ha presentado.