El Servicio de Salud Talcahuano (SST) deberá pagar una indemnización de $56 millones a la familia de una mujer que falleció en 2013 producto de la mala instalación de un catéter vascular, en el contexto de un tratamiento de diálisis.

La entidad pública fue condenada por la Corte Suprema a la cancelación del dinero en beneficio del cónyuge e hijos de la paciente, caso en que se argumentó una falta de servicio en el tratamiento.

Según informó el Poder Judicial, la determinación fue adoptada en fallo dividido por la Tercera Sala del máximo tribunal del país, el cual está compuesto por los ministros Haroldo Brito, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz, Arturo Prado y el abogado integrante Jorge Lagos. Brito y Sandoval votaron en contra de la condena.

Según relata el escrito de la decisión, Patricia Pincheira Sepúlveda, de 57 años, fue objeto del procedimiento para instalar un catéter vascular en mayo de 2013. Producto de complicaciones derivadas de esta acción, la paciente falleció en el Hospital Las Higueras de Talcahuano en octubre del mismo año.

MÉDICO NO ESPECIALISTA

La determinación de la Corte Suprema indica que Pincheira Sepúlveda sufrió una inflamación bilateral en sus extremidades, en circunstancias que tenía antecedentes de problemas renales.

"Sin embargo, los antecedentes antes detallados dan cuenta que el servicio de salud demandado no se ajustó a los protocolos y procedimientos establecidos por la misma institución, para precaver los elevados riesgos que la instalación de un catéter vascular pueden llegar a originar. En efecto, el primer médico que intervino en el procedimiento no estaba capacitado para la instalación del catéter y por ello falla en la punción, complicándose el área afectada con una infección y generándose otras complicaciones que motivaron más intervenciones quirúrgicas, falleciendo finalmente la paciente por un shock séptico refractario", detalla el texto legal.

La Corte Suprema hace referencia a que cuando el procedimiento fue realizado por un médico que no contaba con la capacidad requerida, el especialista en nefrología se encontraba en el recinto de asistencia público el día en que se practicó la medida.

El fallo agrega que la paciente no evidenciaba otros problemas de salud de importancia que incidieran en su deceso. El procedimiento para la instalación del catéter tampoco fue efectuado de manera urgente, por lo que se podían adoptar todos los resguardos necesarios al respecto, se indicó.

"En estas condiciones -continúa el escrito-, parece evidente que no se adoptaron todas las providencias que el caso ameritaba. En este aspecto, tan pronto se instaló el catéter, la paciente manifestó dolor, transcurriendo varias horas hasta que se le realizaron los exámenes respectivos que develaron compromiso hemodinámico y colección de sangre en el hemotórax derecho. Además, durante el proceso de diálisis ambulatorio la paciente desarrolló una infección en el área del catéter".

Consultado por la determinación de la Suprema, desde la dirección del Hospital Las Higueras se indicó ayer que se acatará lo determinado por la Corte Suprema.

Personal de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (Sebv) de Carabineros de Concepción detuvo a un joven de 17 años que tenía cuatro órdenes de aprehensión pendientes.

El muchacho presenta un extenso prontuario policial, el que, según indicó la policía uniformada, da cuenta de su peligrosidad.

Desde 2015, cuando fue detenido por primera vez, hasta la fecha, registra 26 aprehensiones por delitos violentos, como robos con intimidación y violencia, como también robo de vehículos.

El capitán Aldo Vittini, jefe del Sebv, detalló que "nuestras diligencias investigativas se enfocaron en una orden de aprehensión pendiente ya que este sujeto debía cumplir una condena por robo con violencia pero se mantenía prófugo. Dimos con su paradero en Talcahuano", detalló el oficial.

Tras el aviso de evacuación de la Onemi por incendio forestal, lo último que Mónica Sepúlveda Morales hizo en su casa fue tomarse una taza de café, salir y dejar la puerta de acceso bien cerrada con llave. Pensó que el incendio forestal registrado en las proximidades no llegaría a su vivienda y al día siguiente regresaría a su hogar sin novedad.

Pero no fue así. Cuando Sepúlveda volvió a la localidad ubicada en Constitución solo vio humo. Su propiedad estaba reducida a escombros y latas retorcidas, al igual que el resto del sector y de los cercanos Los Aromos y Altos del Morán.

La madrugada del 26 de enero de 2017 un incendio forestal destruyó Santa Olga y sus alrededores y dejó a más de cinco mil personas damnificadas. De aquel lamentable momento ya transcurrió poco más de un año, periodo en el cual los vecinos afectados aprendieron una lección: nunca bajar los brazos y seguir luchando.

"No sirve de nada quedarse llorando, hay que tener las ganas, el coraje y la alegría para salir adelante", sentenció Mónica Sepúlveda, quien es presidenta de la junta de vecinos de Santa Olga, sector en donde residió por 38 años antes del siniestro.

Ese mensaje de optimismo es el que Sepúlveda y otras tres vecinas vinieron a entregar a los asistentes de la versión local del Festival Internacional de Innovación Social (FiiS), como integrantes del Comité de Prevención Comunitaria de Santa Olga, el cual realiza acciones e instrucción para evitar que se repitan situaciones como la del año pasado.

COMPARTIR

El comité forma parte de la Red de Prevención Comunitaria, una instancia ciudadana, pública y privada que involucra a 17 instituciones y que cuenta con presencia en más de 70 comunas de cinco regiones del país.

Hay más de 300 comités como los de Santa Olga formados en zonas de interfaz, donde la vegetación está cerca de las áreas urbanas. Las agrupaciones cuentan con independencia para diseñar planes de trabajo y ejecutarlos, según el diagnóstico de riesgos que hagan.

Según expresó Estrella Muñoz Durán, otra de las integrantes del comité que acudió a la FiiS, "nos hace bien salir y compartir con otras personas lo que nos ocurrió".

Relató que junto a su esposo habían remodelado su casa y quedaron endeudados por un crédito solicitado para hacer ese trabajo. "Todos los días viajaba desde Constitución -donde se quedó tras el incendio- a mi casa. Ya lloré todo lo que tenía que llorar junto con mi familia, pero ya no", aseguró.

Patricia Chávez Chávez, otra visitante de la Región del Maule, contó que el trabajo comunitario con los vecinos afectados fue una suerte de terapia durante los primeros meses posteriores al incendio. "Colaboré con Mónica un poco para salir del (estado en) blanco en que estaba, para olvidarme. Eso me ayudó mucho", dijo.

Agrega que pese a la "distracción", hubo momentos en que iba a su terreno, recorría lo poco y nada que quedaba de su vivienda y sin darse cuenta hablaba sola, se preguntaba qué es lo que haría para recuperar lo perdido. "Lloraba, me limpiaba la cara y me iba a trabajar de nuevo", indicó.

Mónica Sepúlveda tiene la esperanza que contar las experiencias vividas servirá a otras personas e insiste que con ese fin crearon el comité, al cual bautizaron de manera informal como "Las prendidas", un toque de humor para aligerar el drama afrontado, apuntó.

Respecto a las tareas de reconstrucción, la dirigenta recordó que hay una mesa de trabajo con las autoridades estatales y el municipio para que Santa Olga renazca mejor que antes, sin los problemas del pasado, como falta de agua, alcantarillado o alumbrado público.

-Prefiero no dar fechas respecto a la reconstrucción de Santa Olga, pero ya hay más de 30 casas levantadas en sus terrenos. Son viviendas del Serviu y del Desafío Levantemos Chile, explicó Sepúlveda.