"Tengo que hacer un mea culpa en relación a esta solicitud de plebiscitar la pena de muerte. Efectivamente, hace unos días me llamaron para pedirme la opinión, como diputado electo, respecto de si apoyaba que se legislara sobre esta materia. Dije que me abría a conversar, pero nunca afirmé que iba apoyar una ley que va en contra de la vida", dice Sergio Bobadilla, diputado electo de la UDI por el distrito 20.

Lo anterior, Bobadilla lo afirma ante la polémica que se generó porque grupo de parlamentarios de la UDI -del que supuestamente él participó-, a través de una carta al Presidente electo Sebastián Piñera iban a solicitar el retorno de la pena de muerte. Todo, a raíz del brutal asesinato de una pequeña llamada Sophie, en el sur de Chile.

"A mí se me contactó para apoyar esta carta. Sin embargo, no puedo ser inconsistente o incoherente y jamás podría estar en contra de la vida. Es lo mismo que sucede con el aborto, bajo ninguna causal lo apoyo", destaca Sergio Bobadilla.

El mismo parlamentario electo asegura que, en todo caso, la misiva que iba a llegar a manos del Mandatario electo no fue enviada.

"Tengo entendido que eso no se hizo. Pero, en mi caso, quiero insistir en que jamás podría avalar la muerte de una persona", destaca Bobadilla.

Pese a lo anterior, el congresista electo de Chile Vamos asegura ser partidario de darle mayor rigurosidad a la pena de presidio perpetuo.

"Eso sería lo más correcto. No podemos dejar que pasen situaciones como las de la pequeña Sophie, en que hay un acto inhumano de por medio, que las consecuencias penales no sean las que merece la gravedad del caso", destaca Bobadilla.

Agrega que "lo que se debe asegurar es que para este tipo de delitos quede resuelto en el mismo juicio, que el presidio perpetuo va a ser efectivo y sin derecho a ningún beneficio que permita acortarlo cuando se cumpla una determinada cantidad de años".

Respecto de porqué no había aclarado antes su postura en este tema, Bobadilla dice que estuvo unos días fuera del radio urbano.

La mayoría de los dirigentes regionales de los partidos políticos concuerdan en que los dichos del presidente regional de Renovación Nacional (RN), Claudio Eguiluz, relativos a que los dineros que recibió de SQM fueron utilizados en campañas políticas, sólo representan una justificación para su condena por delito tributario.

En noviembre pasado, el líder regional de la colectividad fue condenado a 800 días de pena remitida y a la suspensión de ejercer cargos públicos mientras dure la condena por la emisión de boletas ideológicamente falsas.

De acuerdo a la sentencia del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Eguiluz recibió $465 millones de SQM, y según lo que declaró el dirigente, estos fueron distribuidos en su mayoría en candidaturas regionales y también nacionales, tanto para el Parlamento como en comicios municipales, entre 2008 y 2013.

Ayer, Eguiluz afirmó en El Sur que "todas las platas que recibí de SQM fueron para financiar campañas políticas, tanto municipales como parlamentarias". Agregó que "todos lo hacían. ¿Cómo se iba a financiar la política, si no había otra forma? Aquí la empresa no me solicitó nada a cambio. De SQM todos recibieron plata, partiendo con la Nueva Mayoría. Todos contaron con esos aportes".

La declaración de Eguiluz fue gatillada por la molestia tras oficializarse que la fiscalía solicitó el sobreseimiento de 58 personas involucradas en el mismo caso SQM.

chile vamos dividido

No hay una sola lectura en los partidos de Chile Vamos, colectividad que integra Renovación Nacional, respecto de los dichos de Eguiluz. Mientras la UDI lo respalda, Evópoli muestra una posición más crítica. En tanto, el PRI regional se aisla de la polémica.

Francesca Parodi, presidenta regional de Evópoli, destaca que "había un espacio para hacer este tipo de prácticas. Pero, este es un problema interno de RN. Era una práctica extendida, pero que constituye un hecho delictual desde el momento en que se hacen boletas ideológicamente falsas, pero que con la nueva normativa se erradicó de la política". Agrega que "sin embargo, eso no se justifica moralmente".

Cristián Fuentes, presidente regional del PRI sostiene que lo que sucede con Eguiluz es un problema interno de RN y que su colectividad recién el año pasado se legalizó en la región.

"Por eso, nosotros, por lo menos aquí en el Biobío, siempre hemos estado sujetos a la nueva ley de financiamiento en política y desconocemos lo que sucedió antes del año pasado respecto del financiamiento", menciona el líder regional del PRI.

Finalmente, Claudia Hurtado, secretaria regional de la UDI, señala que "esta no fue una práctica de la UDI, pero lo que dice Claudio Eguiluz no es una justificación a su condena, sino que es una explicación de lo que él dice que sucedía antes".

Hurtado también hace referencia a la vigencia de la ley de financiamiento de partidos como la regulación de una situación que no debe repetirse bajo ninguna circunstancia: "Por esa razón se normó una situación que dejaba espacio a dudas".

no se justifica

"Se legisló para resolver este problema y terminar con las dudas en la política. No porque supuestamente todos lo hicieron para financiar, se puede justificar una acción que moralmente es cuestionable. En el PS nunca se hizo así", dice Mauricio Gutiérrez, presidente regional del PS.

Añade que "el PS, más allá de los casos de sus inversiones en empresas, tiene estándares de uso de recursos del propio partido. Es efectivo que hasta antes de la ley de financiamiento de la política cabía la opción de que se financiara a través de las empresas. Pero, eso no significa que sea moralmente aceptable".

La ley de financiamiento de la política entró en vigencia en abril de 2016 y prohibió el aporte de empresas, dejando espacio solo para la cooperación estatal y de personas naturales en el gasto de las campañas electorales.

Bernardo Daroch, líder regional del PPD, también reconoce que antes de la fecha de entrada en vigencia de la nueva ley se suponía el aporte de empresas a la política, sin embargo, asegura que esa práctica en su colectividad nunca fue una herramienta para captar recursos.

"Me parece que el acto en sí, de recibir dineros para financiar campañas, cualquiera sea el monto, es condenable. En todo caso, ese tipo de condenas, como la que recibió Eguiluz, debió haber sido para los 58 que aparecieron involucrados en esto", destaca Daroch.

Añade que "no se debió permitir que las empresas metieran su plata para intentar conducir la política. Creo que Eguiluz hace uso de lo que tiene a mano para defenderse y justificar su condena, que, en todo caso, no fue igual para todos los involucrados en el caso SQM".

Para el presidente regional de la DC, Nicolás Hauri, los dichos de Eguiluz también son para justificar su situación judicial.

"Lo que plantea Eguiluz es fruto de su situación penal, que derivó en su condena, lo cual plantearlo en términos extensivos a todos los demás partidos es una justificación a su condena, más que otra cosa. Hoy no tenemos antecedentes para decir que lo que él señala es extensivo a todos los partidos", expone Hauri.

Apoyar a los jóvenes infractores que delinquen por primera vez es el objetivo del programa "24 horas contigo" que el municipio de Talcahuano implementa en los 260 casos que se registran anualmente en la comuna.

Acompañados por miembros del equipo de intervención psicosocial del municipio, y con el apoyo de Carabineros, los menores que delinquen por primera vez reciben orientación respecto de los procesos que les toca seguir una vez que son detenidos por la policía.

El éxito del programa permitió que profesionales de los municipios de Los Ángeles, Chiguayante, Coihueco y San Pedro de la Paz se acercaran hasta la comuna puerto para conocer cómo se desarrolla la estrategia y así replicarla en sus comunas.

Pamela Reyes, encargada del programa, dijo que "la forma en que Talcahuano aborda el convenio 24 Horas, pues es un convenio firmado con Carabineros es única a nivel nacional. La forma que nosotros tenemos de intervenir en la unidad policial y en los controles de detención apunta a que es en la crisis cuando la familia comprende que hay situaciones de las que debe hacerse cargo".

Desde el municipio sampredino, el encargado de Seguridad Ciudadana, Andrés León, reconoció que en su comuna es preocupante la cantidad de menores infractores de Ley. Manifestó que "nuestro objetivo es fortalecer a los distintos subsistemas encargados de la prevención de estas conductas, como Educación, Salud, los programas colaborativos del Sename, la Seguridad Pública, la Oficina de Protección de los Derechos, operen de manera más sistémica. Por eso hemos buscado experiencias como la de Talcahuano. También estamos trabajando con el convenio con Carabineros. Ahora estamos abocados a redoblar las tareas de coordinación y resolución de los nudos críticos".