Fin de año no es sólo sinónimo de fiestas o regalos de Navidad. También es la época en que las concesionarias de las principales rutas del país definen los valores que aplicarán durante el año siguiente, lo que la mayor parte del tiempo significa un alza en las tarifas que deben pagar los automovilistas y camioneros para poder transitar por las rutas.
Y este año no fue la excepción, porque las empresas anunciaron alzas que van desde los $20 hasta los $800 para vehículos menores y buses y camiones de dos ejes.
De acuerdo a la Ley, las concesionarias tienen la facultad para poder ajustar las tarifas cada semestre, cláusula que es parte de los contratos que suscriben las empresas con el Estado, explicó el seremi de Obras Públicas, René Carvajal Zúñiga.
En cuanto al caso del peaje de Agua Amarilla, en la Ruta del Itata, que conecta a Concepción con Chillán, el seremi dijo que los autos y camionetas ahora deberán cancelar 4 mil 60 pesos para levantar la barrera de Agua Amarilla, 20 pesos más que la tarifa de este año, lo que lo mantiene como uno de los peajes más caros de todo el país.
"Está establecido en los contratos cómo se aplican las tarifas, por consiguiente está establecido por Ley, y ese reajuste se hace todos los semestres. Esta vez el aumento va a ser de $20 para los vehículos menores durante todo el próximo semestre, mientras que la tarifa de hora punta, que será sobre los $6 mil, no se aplica desde hace más de 10 años porque existe un convenio entre la concesionaria y el Ministerio".
REVISARÁN
Pese a que Globalvía anunció que no aplicarán la tarifa punta durante el próximo año, el senador Alejandro Navarro Brain (País) anunció que pedirá una revisión de los contratos de las empresas que mantienen las concesionarias con el Estado y que las faculta para realizar modificaciones al cobro de los peajes.
"Revisaremos los contratos y las ganancias de las concesionarias, ya que no es posible que algunas cobren excesivas tarifas por tramos cortos o que su nivel de ganancias sea desmesurado en comparación a lo invertido en la construcción de la carretera", dijo.
Navarro agregó que "para ello hemos solicitado la información a Obras Públicas y Concesiones, y daremos el debate durante este año en el Parlamento, pues si bien las empresas tienen todo el derecho a obtener ganancias por la construcción y mantención de carreteras, sus utilidades no pueden ser brutales como en algunos casos, donde han llegado a recuperar hasta 14 veces el monto de inversión".
El diputado Iván Norambuena Farías (UDI), integrante de la comisión de Transportes de la Cámara Baja, manifestó que "si existiera la posibilidad de reestudiar los contratos a mí me parece bien, en la medida en que eso beneficie a la comunidad. Pero hacer una parafernalia hoy, cuando los contratos ya están firmados, no se beneficia a la comunidad que utiliza los peajes".
El diputado recordó que las modificaciones a contrato se deben realizar con acuerdo de todas las partes, "pero todos sabemos cuál fue el origen de la empresa concesionaria que está detrás del peaje más caro de Chile, entonces yo no sé si ellos van a estar dispuestos a realizar una revisión".
Pese a ello, Norambuena dijo que si el tema llega a trámite legislativo, harán todos los esfuerzos por encontrar un mecanismo que permita regular de mejor manera los precios que se fijan para los peajes del país.
El seremi Carvajal reconoció que existe preocupación por revisar los contratos y fijar tarifas razonables, pero también indicó que "esta ruta (la del Itata) fue una de las primeras concesionadas y se desarrolló como un proyecto en donde no existía camino, por lo que significó una inversión muy alta para expropiar terrenos y repararlos para construir la carretera; por cierto, entonces tiene un alto costo".