Al Tribunal Constitucional (TC) que declare nulos y sin efecto los acuerdos tomados ayer en el Parlamento de Cataluña para tramitar la ley que regula el referéndum independentista anunciado para el 1 de octubre.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció esta medida por vulnerarse las sentencia del TC de febrero de este año que establecía "con absoluta claridad" la prohibición de cualquier acción que favorezca la celebración del referéndum secesionista.

El Gobierno hizo pública su postura luego de que el Parlamento catalán aprobara tramitar la llamada ley de referéndum. Sáenz de Santa María también anunció que si la ley del referéndum se aprueba en la Cámara regional y "culmina este atropello de la democracia, por llamarlo de una manera fina" el Ejecutivo planteará un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma.

Además aseveró que los promotores del referéndum independentista catalán, al "querer imponer a toda costa" una decisión contraria a la Constitución, se acercan más a los "regímenes dictatoriales y autoritarios que a una democracia".

La vicepresidenta recordó a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, que ya está encausada por el TC por permitir que en la Cámara regional se tramitaran normas relacionadas con el proceso independentista, por lo que le advirtió directamente que votar esta norma tendrá "graves consecuencias".

"Hemos puesto en marcha todos los mecanismos constitucionales para parar esta barbaridad democrática", recalcó la vicepresidenta, quien insistió en que el Gobierno sabe lo que tiene que hacer. "Y lo haremos en cada momento", concluyó.

La petición del Gobierno para que se anulen los acuerdos adoptados por el Parlamento catalán será estudiada hoy por los miembros del TC.

Por otra parte, la Fiscalía Superior de Cataluña va a presentar una querella por desobediencia y prevaricación contra los miembros de la Mesa del Parlamento catalán por aprobar la admisión a trámite de esta ley.