Como una "toma ilegítima" calificó la empresa Claro Vicuña Valenzuela la paralización de faenas de la remodelación de la cárcel El Manzano llevada a cabo por trabajadores que aducen pagos adeudados.

La firma dio a conocer su posición tras más de una semana de acciones por parte de un grupo de obreros del proyecto. Según se informó la detención de los trabajos y la imposibilidad de acceder a ellos es una medida ilegal, la cual es rechazada por la constructora.

"La empresa siempre ha tenido disposición al diálogo, el cual no ha prosperado por medidas de fuerza de parte de quienes han optado por una toma ilegal, injustificada e ilegítima", insiste la empresa, por medio de un comunicado dado a conocer ayer.

NUEVA ETAPA

En el mismo documento, Claro Vicuña Valenzuela señaló que la versión de los trabajadores, respecto a que fueron cesados de las faenas mediante despidos injustificados, no es real, ya que esas personas estaban contratadas para laborar en la obra gruesa de la reposición de la cárcel, la que en gran parte terminó con la fase cuarta de la iniciativa.

"Al darse inicio a la quinta etapa de la remodelación, se requiere de otros perfiles profesionales, como especialistas eléctricos, en estructuras metálicas, terminaciones y cubiertas. Tampoco se adeuda actualmente pagos de sueldos a esos ex trabajadores", se reitera por parte de los representantes de la empresa.

Claro Vicuña Valenzuela insistió que ha realizado todos los esfuerzos posibles, incluso más allá de lo que la ley le exige, para dar término a este conflicto, "pero un grupo menor de ex trabajadores no ha aceptado deponer su actitud de toma ilegal, planteando exigencias económicas que no corresponden y que han sido impugnadas ante la Inspección del Trabajo", se indicó.

Finalmente, los representantes de la firma, con más de 60 años de actividad en nuestra zona, esperan lograr regresar a la brevedad a las faenas en la cárcel El Manzano y que se le permita el acceso a los 550 trabajadores que operan en las obras, con el adecuado resguardo de seguridad y orden correspondiente.

Por medio del programa "+ Árboles para Chile" la Corporación Nacional Forestal (Conaf) ha entregado durante este año más de 15 mil árboles en establecimientos educacionales y barrios de la Provincia de Arauco.

La labor pretende fomentar los espacios verdes en sectores urbanos del territorio. En este contexto se concretó la firma de un convenio de cooperación entre la oficina provincial de Conaf y la Municipalidad de Curanilahue,

El acuerdo busca promover acciones conjuntas a fin de incrementar el arbolado urbano en el sector Chillancito, a través de la creación de un programa comunitario.

El Jefe provincial (I) de la corporación en Arauco, Mauricio Pedraza, dijo que "los árboles urbanos contribuyen positivamente al bienestar de las personas, proveyendo bienes y servicios, como por ejemplo, mitigar los efectos del cambio climático. Y esto ha sido valorado por quienes integran la Junta de Vecinos 'Buena esperanza', del sector Chillancito", dijo.

La plantación de estas especies en el sector mencionado comenzará la próxima semana, con la colaboración de la Tercera Compañía de Bomberos, la cual pertenece al mismo sector, se informó.

El programa "+ Árboles para Chile" pretende que el establecimiento de áreas verdes perdure en el tiempo y sus beneficios no sólo sean a corto plazo, sino que se pueda lograr la sustentabilidad necesaria para que los beneficios para los vecinos sean permanentes.

Desde el año 2014 a la fecha, en la Región del Biobío, se han entregado un total de 900 mil árboles, ya sea a barrios, parques urbanos y establecimientos educacionales, entre otros.

Un trabajo continuo e intersectorial se está realizando en torno a la prevención del delito de trata de personas, que desde 2011 hasta la fecha sólo ha registrado un caso en la Región del Biobío.

Este delito ha sido prevenido en el país por medio del trabajo impulsado por la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas (MITP) y ayer se realizó una jornada de difusión en Concepción, los distintos servicios que integran la entidad

Participaron, entre otros, la Policía de Investigaciones y algunos servicios públicos, entre ellos la Dirección del Trabajo, el Servio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Sernameg, y el Servicio Nacional de Menores, Sename, para informar respecto a los derechos de los migrantes y los mecanismos de denuncia.

MESA INTERSECTORIAL

Desde 2011, en el marco de esta Mesa, sólo se registró un caso de trata de personas en la Región del Biobío y a nivel nacional se contabilizaron 206. Biobío y Atacama son las regiones con el menor índice de víctimas de acuerdo al Protocolo Intersectorial.

En 2008 mediante el Decreto N°2821 se creó la Mesa que cumple la función de una comisión asesora de carácter permanente con composición interministerial e intersectorial. Los objetivos son coordinar acciones, planes y programas en materia de prevención, represión y sanción de la trata de personas.

Hoy, la Mesa, como instancia de prevención liderada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, implementa un Plan de Acción Nacional que comprende cuatro ejes: prevención y sensibilización; control y persecución del delito; protección y asistencia a víctimas; y coordinación y cooperación interinstitucional. La componen un total de 21 entidades del tipo públicas, organizaciones de la sociedad civil y otras internacionales.

Por ejemplo, la Dirección del Trabajo busca asegurar que los trabajadores inmigrantes tengan condiciones laborales de seguridad y previsión social. Paulo Otárola, director regional del trabajo aclaró que "este flagelo no es muy fuerte a nivel país, menos aún en la Región del Biobío por las fronteras naturales que tenemos. Hay casos que se han desarrollado en la Región pero que no son casos de trata de personas en materia laboral".

Otárola agregó que debido a que las cifras son bajas el trabajo se enfoca "en materia preventiva y multisectorial a través de intervenciones que se realizan junto con la PDI, Gobernación y Extranjería".

PLAN DE ACCIÓN

La atención brindada por el Protocolo Intersectorial, que opera por medio de la MITP, no está sujeto a la denuncia y/o investigación del delito. Entre 2011 y 2016 han ingresado a nivel nacional 206 víctimas por trata. En el mismo periodo en el país se han formalizado 29 investigaciones por trata, situación que revela que el trabajo de la Mesa Intersectorial no siempre se debe a formalizaciones del delito y adquiere un carácter preventivo.

El viernes pasado la Mesa Intersectorial publicó la versión digital de la "Guía de actuación para fiscalizaciones intersectoriales en materia de trata de personas", en el marco del Plan de acción nacional contra dicho delito.