Durante una reunión de coordinación del Sistema Penal, que fue encabezada por el seremi de Justicia, Jorge Cáceres, se presentaron cifras de casos policiales entre enero y marzo de este año a nivel país y Biobío.

La región registra un total de 43 mil casos policiales, lo que equivale a un 10% del total de casos nacionales, indicando que la mayoría de los casos corresponden a incivilidades, hurtos y violencia intrafamiliar (VIF) que en suma equivalen al 46,9% del total de casos policiales de la Región.

Además, se destacó que durante el primer trimestre de 2017 (período enero - marzo), la región presenta una disminución interanual de un 3,0%.

Un completo informe, detallado provincia por provincia, presentó la mañana de ayer la Seremi de Educación, en conjunto con el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (Cpeip), de los diálogos docentes desarrollados en la Región del Biobío y que buscan conocer cuáles son las demandas particulares del gremio docente.

Estas demandas se enfocaron principalmente en la necesidad de formación continua en áreas como evaluación y didáctica, según explicó el seremi de Educación Sergio Camus: "Hay particularidades según cada provincia, como la formación en necesidades educativas y un foco en el área técnico profesional, pero si detectamos de manera transversal que la principal preocupación está en aspectos de evaluación y didáctica, sobre todo en la forma de entregar los conocimientos. Como los estudiantes de hoy son distintos y el desafío no es obtener información, sino que el proceso y discriminación de toda la información que se recibe".

Stefhani Bastías, secretaria técnica de los Comités de Desarrollo Docente en la Región, detalló que en el estudio realizado en las provincias de Concepción y Biobío abarcó la opinión de más de doscientos docentes de todas las áreas, desde educación parvularia hasta enseñanza media: "Trabajamos este estudio en cuatro momentos, donde posteriormente hicimos un diálogo regional con la presencia de las cuatro provincias, enfocándonos en las necesidades que cada grupo planteó".

Las conclusiones del informe fueron entregadas a las facultades de educación de las casas de estudios de la Región, así como también al Colegio de Profesores, que mostró ciertas críticas con la realización del estudio. "Siempre es importante de que participe en forma oficial el Colegio en instancias como estas. Creo que este diagnóstico debería contar con nuestra voz crítica. Podemos coincidir pero también se debe conocer la visión nuestra. El ministerio aún no da respuestas a nuestras inquietudes en materias como desmunicipalización o carrera docente", apuntó Boris Figueroa, presidente regional del gremio.

Jaime Constenla, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (Ucsc), afirmó que "el trabajo es muy importante para la formación y pos formación de docentes. En la primera dimensión nos coloca atentos a lo que profesores en ejercicio ya están manifestando sobre sus necesidades y anticipemos las que puedan tener los profesores que hoy formamos. En la segunda dimensión nos permite estar atentos y direccionar nuestras ofertas para que sean coherentes con las necesidades de los docentes, expresadas en este trabajo".

Cuando el Gobierno de la Presidenta Bachelet planteó en 2015 la figura de una máxima autoridad regional elegida popularmente, se pensó que el proyecto correría sin tropiezos en su tramitación en el Congreso. Sin embargo, a poco más de un año de que se aprobara la reforma constitucional que creó la figura del Gobernador Regional, sus atribuciones y el plazo en que se realizará la elección siguen en la discusión parlamentaria, y aun sin consenso. Ni siquiera en la Nueva Mayoría.

Jacqueline van Rysselberghe (UDI) y Felipe Harboe (PPD), senadores de la Región del Biobío, manifestaron su preocupación por la tramitación del proyecto de regionalización y de transferencia de competencias que está en el Senado. Ambos concuerdan que en la iniciativa que regula las facultades de los gobernadores regionales y delegados presidenciales, hay un problema de delimitación de poder y escasos recursos locales para administrar, por parte de los primeros.

El texto del Ejecutivo se encuentra hoy en el Senado, donde fue rechazado por la comisión de Constitución y espera su llegada a sala, en que también se proyecta que no será aprobado. Luego, debe pasar a una comisión mixta (senadores y diputados), espacio en que se prevé que el Gobierno ingrese un proyecto de acuerdo, que le podría aportar consenso.

"Son dos roles distintos. La competencia del gobernador regional no puede ser el delegado presidencial, sino que el gobierno central", dice Felipe Harboe.

Añade que "por ejemplo, en el caso del proyecto de Tercer Dique, el gobernador regional podría tomar la decisión de concretarlo, pero como no hay plata, quien tomaría la decisión es el Ministerio respectivo. Aquí debe haber transferencia de poder real y de recursos, porque sin poder y recursos no habrá cómo solucionar los problemas que surgen a nivel regional".

De manera paralela se tramita la ley orgánica que regulará la elección de los gobernadores regionales. En este caso, tampoco hay acuerdo entre los parlamentarios respecto de realizar el proceso electoral en noviembre de este año. Así, lo que se baraja con mayor opción es darle vigencia a partir del 2020.

con y sin votos

En una posición similar a la de Harboe, respecto de la crítica a la iniciativa de atribuciones, la senadora Jacqueline van Rysselberghe explica que "el proyecto actual es un desastre. Las regiones necesitamos una máxima autoridad regional con poderes y recursos, no necesariamente con votos. Si hay alguien que tiene poderes y recursos y está radicado en la Región, la misma zona le va a exigir que resuelva los problemas en regiones y no en Santiago".

La presidenta nacional de la UDI añade que "entonces habrá dos autoridades que van a competir, y con eso se está diluyendo el poder, lo que es un retroceso para las regiones. Vas a tener una autoridad con poderes y sin votos y otra autoridad con votos pero sin ningún poder de decisión".

En tanto, el senador Alejandro ha manifestado que está a favor de que la elección de gobernadores regionales se concrete este año. Pero, también ha dicho que sus atribuciones deben incrementarse. "Con la ley orgánica se sientan las bases de lo que serán las atribuciones y competencias de las autoridades regionales, ya que para que haya un traspaso real de poder a las regiones, lo primero es que las autoridades tengan el poder en la toma de decisiones", dice Navarro en relación a la ley que regularía esta nueva elección.