Hasta un año podría tardar el pago de las indemnizaciones a las 6.630 personas que demandaron en 2008 al Fisco por las inundaciones que las afectaron en julio del 2006, producto de las lluvias que hicieron crecer el cauce del estero Nonguén y del río Andalién de Concepción.

Así se informó ayer, en una muy concurrida reunión efectuada en el gimnasio de la Universidad del Bío Bío (UBB), oportunidad en que los abogados patrocinantes de la causa, Adolfo Ortega y Marco Figueroa, le explicaron a los vecinos del proceso que se viene en adelante.

El pasado 17 de mayo, la Corte Suprema falló en favor de los demandantes, ordenando la cancelación por parte del Fisco de un millón de pesos por concepto de indemnización para cada uno de ellos, monto que podría reajustarse por los intereses.

El abogado Ortega señaló que el tiempo que se tardará en concretar el trámite se explica porque, primero, la causa debe bajar desde la Suprema a la Corte de Apelaciones de Concepción y, posteriormente, al Primer Juzgado Civil penquista.

"Para ese efecto, se va a solicitar el cumplimiento del fallo, en el cual intervienen tres ministerios, el de Justicia, que se encarga de ver la parte legal; el de Obras Públicas, que tiene que provisionar los fondos, y el Hacienda, que es el que finalmente tiene que pagar. Es una tramitación administrativa, que pudiera parecer un poco lenta por la cantidad de organismos que intervienen y que no son cualquier organismo, son tres ministerios de la República", expresó el profesional.

Una vez concretado el proceso, cada demandante recibirá poco más de $800 mil, luego del pago del 20% para la asesoría legal, tras casi una década de trabajo.

SIN ILUSIÓN

Todos los asientos del gimnasio de la UBB se ocuparon durante la reunión informativa, más una importante cantidad de personas que escucharon de pie a Adolfo Ortega, mientras explicaba los detalles de la sentencia.

Finalizado el encuentro, una gran cantidad de vecinos se acercaron al abogado para consultas. Uno de los demandantes, Jaime Bastías, reconoció que él y mucha gente había perdido la ilusión de llegar a una conclusión favorable para ellos.

"Con un millón de pesos solucionas en parte el daño que se causó. En mi caso fue caótico, en la noche, mientras se dormía, levantarse y encontrarse con todos los pies llenos de agua y perder prácticamente todos los enseres de la casa fue chocante, hay gente que tuvo que estar con sicólogo, porque perdió todo", mencionó Bastías, quien vivía en calle Independencia de Villa Nonguén.

Claudio Olavarría, otro vecino afectado, coincidió en que no había muchas esperanzas en la causa, por la desconfianza que existe respecto a las instituciones del Estado. Dijo que en su caso vivía con su familia en el pasaje Chiloé, justo al lado del estero Nonguén, en donde "entraron dos metros de agua a la casa, todo se perdió, electrodomésticos, autos. Con mi cuñado tuvimos que vivir una semana y media en un segundo piso para cuidar lo que quedaba, porque nuestras familias tuvieron que salir de ahí", contó.

Para María Faúndez, después de todo lo que les ha tocado vivir y el tiempo que ha transcurrido desde que se presentó la demanda, esperar un poco más por el dinero no es tan importante.

Vecino del sector Los Lirios es César Alonso, quien opinó que desde el punto de vista moral, se quedan tranquilos con la sentencia de la Corte Suprema, ya que se refleja que hubo un error de parte del Estado al descuidar la mantención de los sistemas de evacuación de aguas lluvias. "Eso se recuperó, se mejoró, pero lo que se reclama acá es que muchas personas perdimos enseres domésticos, sufrimos la impotencia de no poder hacer nada, además del temor que, cada vez que llueve, se vuelva a inundar. Esto es simbólico, va más allá de la plata", indicó.

ADVERTENCIA

En la instancia anterior a la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones de Concepción también falló en beneficio de los demandantes, pero en esa ocasión se ordenó el pago de $500 mil para cada uno, lo que se consideró insuficiente, razón por la cual se decidió insistir en el máximo tribunal nacional.

El abogado Adolfo Ortega, más allá de destacar el monto obtenido, considera la sentencia de la Corte Suprema como una advertencia para las autoridades.

"Los vecinos acá ya le ganaron al Estado, el cual tiene que hacerse responsable de terminar las obras del Plan Maestro de Evacuación de Aguas Lluvias, porque se informa que se hacen las obras, pero la gente, como dicen en el campo, sigue espirituada por este problema, sigue asustada, y la sentencia es el aliciente para que se cumpla", afirmó.