Una nueva confesión sobre el pantano de corrupción en que parece haberse sumergido Brasil agravó ayer la ya delicada situación del Presidente, Michel Temer, y alcanzó, además, a sus antecesores Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva.

Esta vez, las revelaciones partieron de los directivos del grupo JBS, quienes, en un acuerdo de cooperación judicial, confesaron que pagan sobornos a Temer desde 2010 y que, desde 2005, distribuyeron entre Lula y Rousseff la suma de US$ 80 millones, siempre por los "favores" realizados desde sus posiciones de poder.

En el caso de Temer, esas sospechas atizan el fuego de una crisis que comenzó este miércoles, justamente con las primeras filtraciones sobre la declaración de JBS, una de las mayores empresas de carne del mundo, que llevó a toda la oposición y hasta a sectores del oficialismo a exigir la renuncia del Mandatario.

Temer reaccionó con energía frente a esas sospechas y afirmó que no renunciará y que comprobará su inocencia ante la justicia en un mensaje a la nación transmitido este jueves, que es, hasta ahora, su única aparición pública desde que estalló el escándalo.

Los testimonios difundidos por la Corte Suprema salpican también a cuatro ministros del actual Gobierno, a decenas de parlamentarios y a dos gobernadores, y se conocen en momentos en que la base política de Temer se resquebraja en medio de dudas sobre su honestidad.

El Supremo también informó que la investigación que abrió contra el Presidente se sustenta en su presunta participación en los delitos de obstrucción judicial y corrupción pasiva, y tiene como base las declaraciones de los directivos de JBS.

"mesada"

de 100 mil reales

Sobre Temer, uno de los dueños de la empresa, Joesley Batista, afirmó que le paga sobornos desde 2010 y que, entre ese año y 2011, llegó a entregarle una "mesada" de 100 mil reales (hoy unos US$ 29.500) por diversos "favores" en el Ministerio de Agricultura.

Batista también declaró que acordó, a fines del año pasado, con el diputado Rodrigo Rocha, suspendido de su escaño por el Supremo y muy cercano a Temer, que pagaría al ya entonces Mandatario una comisión del 5% sobre la facturación de una empresa eléctrica de JBS que necesitaba una licencia para operar.

Todo ello se suma a una grabación de una conversación de Batista con Temer, en la que el empresario comenta que busca "favores" para JBS en ministerios, que recibe información por adelantado sobre investigaciones o que soborna a un ex diputado preso por corrupción y cercano al gobernante para que no colabore con la justicia.

En esa grabación, que calificó de "clandestina", el gobernante asiente o simplemente escucha en silencio, lo que da base a firmes sospechas sobre una posible omisión frente a hechos ilegales.

Temer no ha comentado las nuevas acusaciones, pero en unas declaraciones que ofreció al diario O Globo insistió en que saldrá de "de esta crisis más rápido de lo que se piensa", algo que no convence a varios de los partidos de la coalición de Gobierno, que aún analizan un posible desembarque.

Tras casi siete años, Suiza cerró ayer el caso por supuesta violación contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ante la imposibilidad de hacer avanzar la investigación preliminar contra el periodista, refugiado en la embajada de Ecuador en Londres desde junio de 2012. Su defensa destacó la "victoria", y Ecuador, que concedió hace cinco años asilo a Assange, pidió al Reino Unido que le facilite con prontitud un salvoconducto, aunque la policía de Londres advirtió que si abandona la embajada lo detendrá. Al cerrar el caso, la Fiscalía sueca consideró que no se podrá ejecutar la extradición a este país, por lo que no sería una medida proporcional mantener la orden de arresto europea dictada en 2010. La fiscal Marianne Ny admitió que se agotaron todas las vías una vez que Assange fue interrogado en noviembre en la embajada por el fiscal ecuatoriano Wilson Toainga, con cuestionario redactado por Estocolmo y en presencia de dos funcionarios suecos. "Es una victoria importante, pero la guerra acaba de empezar", dijo Assange desde uno de los balcones de la legación diplomática.

El Gobierno de Venezuela manifestó ayer su "repudio" a las sanciones "extraterritoriales" del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y señaló que estas acciones "violan" las leyes internacionales.

"Venezuela repudia sanciones unilaterales y extraterritoriales del Departamento del Tesoro de EE.UU. contra Magistrados del Máximo Tribunal", escribió la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, en su cuenta de Twitter. Asimismo señaló que "es inaudito e inadmisible que EE.UU. imponga sanciones a un Poder Público soberano e independiente violando leyes internacionales y venezolanas", y agregó que el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "ratifica su respaldo a los Magistrados víctimas del poder imperial estadounidense".

En otro mensaje, la ministra de Exteriores señaló que "la autoría y dirección de EE.UU. en la desestabilización de Venezuela, su Estado de Derecho y contra la paz han quedado en evidencia otra vez" con esta medida.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso sanciones económicas al presidente TSJ de Venezuela, Maikel Moreno, y a 7 magistrados de la Sala Constitucional de la corte por "usurpar la autoridad" de la Asamblea Nacional.

"El pueblo venezolano está sufriendo por el colapso económico provocado por la mala gestión y la corrupción de su Gobierno. Los miembros del Tribunal Supremo de Justicia han exacerbado la situación al interferir con la autoridad del Legislativo", indicó en un comunicado el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. "Por medio de estas sanciones, los Estados Unidos apoyan al pueblo venezolano en sus esfuerzos para proteger y promover un Gobierno democrático en el país", añadió Mnuchin, bajo cuyo control se encuentra la Oficina de Control de Control de Activos Extranjeros, que impone las sanciones.