Por el delito reiterado de tráfico ilícito de migrantes se formalizó en la jornada de ayer a dos ciudadanos ecuatorianos, en el Juzgado de Garantía de Cañete. Esta es la primera detención que se logra, en una de las cinco denuncias que el Ministerio Público investiga actualmente en la Región por este delito.

Las indagatorias en este caso se iniciaron en febrero de 2016, cuando una de las víctimas, que en ese momento tenía 17 años, le comentó a ciudadanos chilenos que había sido traída desde Ecuador y que estaba siendo explotada laboralmente. Son estas últimas personas las que ingresaron la denuncia en la Brigada del Crimen (Bicrim) de Cañete.

El fiscal especial para temas de trata de personas, Carlos Palma, expuso que este es el primer caso de esta índole en el que logran detener a presuntos responsables y formalizar investigación. Además de esta causa, que fue la primera en indagarse, el Ministerio Público analiza otras cuatro.

"Hay dos denuncias por temas laborales y otras dos por explotación sexual, las que están siendo objeto de investigación", contó el persecutor penal. Mencionó también que son referentes a personas de otras nacionalidades.

falsas promesas

Palma expuso que con los antecedentes recabados en la causa por la Brigada Investigadora de Trata de Personas Metropolitana (Bitrap) y otras unidades de la Policía de Investigaciones (PDI) -que son los que realizaron el arresto-, se pudo establecer que los dos ecuatorianos (un hombre de 24 años y una mujer de 21 años) viajaban cada cierto tiempo a su país de origen para captar gente allá. Principalmente se trataba de personas con una condición socioeconómica baja, las que eran traídas a Chile con promesas de ingresos mensuales que les permitirían transferir dinero a sus familiares.

El fiscal especial para este tipo de casos contó que los detenidos presentaban documentación a las autoridades chilenas que no se ajustaba con la realidad.

"Decían que venían con fines turísticos y vacacionales para ingresar a Chile, y desde Ecuador obtenían permisos notariales de sus padres (de los menores). Una vez ingresados al país, los traían a la comuna (Cañete) y trabajaban en condiciones que están siendo investigada, pero que según los denunciantes, se trataba de condiciones de hacinamiento, desprotección y maltrato", expuso Palma.

El fiscal aclaró que el delito recae en que se entregó información falsa a la autoridad migratoria. Opera como agravante que se trata de menores de edad a los que expusieron, a quienes los hacían trabajar desde tempranas horas de la mañana hasta altas horas de la noche, sin alimentación y sin la remuneración que estaba prometida, aseveró.

En este último punto, contó que estos menores nunca enviaron dinero a sus familias. Sólo la persona de 19 años dijo haber recibido algún tipo de remuneración.

Tras la formalización las dos personas quedaron en prisión preventiva y se determinó un plazo de investigación de dos meses. El fiscal Palma sostuvo que por el delito reiterado, éstos arriesgan una pena que puede ir 5 a 10 años de cárcel.

DEFENSA

El defensor local jefe de la Defensoría Penal de Cañete, Javier Pereira, cuestionó la prisión preventiva, debido a que los antecedentes que proporcionó la Fiscalía no daban cuenta de una red de tráfico de migrantes.

"Se trata de personas humildes y trabajadoras, con escasa educación, provenientes de un pueblo originario (Otavalo) de Ecuador, que desconocían que pedirles a sus connacionales que viniesen como lo hacen ellos, era un delito", expuso Pereira.

De esta forma, descartó que estos extranjeros usufructuaran y se aprovecharan del trabajo que realizaban las personas que habían traído al país.

Asimismo, aclaró que sus representados cuentan con nacionalidad chilena, ya que disponen de cédula de identidad del país y que cumplieron con todos los reglamentos para obtener para mantenerse definitivamente en Chile.