De los 54 municipios que existen en la Región del Biobío, un total de 39 suscribió nuevamente al compromiso con el Consejo para la Transparencia, en el que adhieren a los principios de un gobierno abierto e impulsando espacios donde se potencie la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Lo anterior, en el marco de la Ley de Acceso a la Información, que obliga a los municipios a entregar datos solicitados por la ciudadanía.

Comunas como Chiguayante, Alto Biobío, Cabrero, Coelemu, Concepción, Portezuelo, San Fabián, San Ignacio, Yumbel, Hualpén, Curanilahue, San Pedro de la Paz, entre otras, firmaron el compromiso.

Y si bien los alcaldes de las comunas que participaron del programa del Consejo para la Transparencia están conscientes de la relevancia de que procesos y documentos sean de conocimiento público y de fácil acceso, también reconocen que hay una seria dificultad para responder a la enorme cantidad de solicitudes que reciben diariamente.

CARENCIAS

Por lo mismo, los jefes comunales hicieron latente que el plazo de 15 días hábiles para poder responder una solicitud se torna insuficiente, especialmente porque muchas veces la información pedida es compleja de conseguir y requiere tiempo.

Lo anterior ha hecho que los municipios tengan que cambiar algunos equipos de funcionarios, destinar personal para que se dedique específicamente a tramitar las solicitudes de transparencia, además de disponer del apoyo de las diferentes direcciones para cumplir con la entrega de datos.

Todo esto, también, para evitar posibles sanciones al respecto y por que la normativa no establece cómo deberían reordenarse en cuanto a recursos y personal para cumplirla a cabalidad.

confirma alza

El consejero del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, comentó sobre este ítem que "en momentos en que la demanda por una mayor probidad y transparencia es creciente, los ciudadanos están llamados a ser activos fiscalizadores y una herramienta clave para ello es justamente el derecho de acceso a la información".

Según informó Drago, a nivel nacional el Portal de Transparencia ha recibido 228 mil 592 solicitudes desde el 2013 hasta la fecha. De esas, más de 120 mil se realizaron sólo el año pasado.

El desglose local determina que de todas las peticiones ingresadas, 17 mil 67 se realizaron a alguna entidad de la Región del Biobío.

Sobre estas cifras, Drago detalló que "si bien se ha visto una disminución en los incumplimientos por parte de las diversas entidades a las que fiscalizamos, no ha ocurrido lo mismo con las solicitudes. Si bien esperamos que éstas se estancaran, se han ido incrementando con el paso de los años".

En ese contexto resulta relevante el convenio suscrito por los municipios, pues se capacita a los funcionarios municipales para que puedan mejorar su desempeño en la entrega de información bajo el marco de la protección de los datos personales.

Además, la instancia sirve para debatir acerca de la crisis de confianza y la probidad que debe prevalecer en los municipios.

Las sesiones de los concejos municipales de Hualpén han estado lejos de la normalidad en la tabla de temas y la hora de incidentes se ha convertido en un espacio en que los ediles hualpeninos hacen sus descargos contra la gestión de Katherine Torres.

La jornada de ayer no fue la excepción y el concejal Miguel Aravena (DC) entregó información acerca de la designación de funcionarios de la Dirección de Administración Municipal (DAS) que serían irregulares.

"El oficio 43 y 44 de la Dirección de Control dice que es ilegal la asignación de funcionarios DAS, usted (la alcaldesa) debe contar con la aprobación del concejo", indicó el edil Aravena en la sesión. Explicó que, además, el estatuto de Atención Primaria permite la contratación de personal con un rango 15 o acorde a sus capacidades, mientras que cuatro personas contratadas en esta dirección lo han hecho con sueldos superiores a $1 millón, entre ellos, el hermano del administrador municipal suplente, Mario Gutiérrez, quien es de profesión kinesiólogo.

Aravena recalcó que "me parece grave que no se tome en cuenta a este concejo. Creo que en la asesoría jurídica de la DAS visan esto sabiendo que podría ser una falta grave y una ilegalidad. Vulnera la forma expresa de otorgar las asignaciones".

Por lo mismo, el concejal demócrata cristiano solicitó que se determinen las responsabilidades administrativas en este caso.

Mientras que el concejal Rubén Ulloa (UDI) comentó que "se están haciendo cosas a dedo, sin preguntar si están bien o mal. Hay que seguir tirando el carro para adelante".

Por su parte el edil Juan Cruz (PPD) puntualizó que "me preocupa que los dictámenes de Control no se estén tomando en cuenta. Significa que podemos caer en irregularidades".

REGULARIDAD

Desde la municipalidad indicaron que efectivamente Osvaldo Gutiérrez Pastorini llegó a trabajar el 3 de enero a la municipalidad y desde marzo que fue asignado como director del Cesfam de La Floresta. Reconocieron que el director de Control emitió un informe cuestionando el grado que se la asignó y que la Dirección Jurídica debe responder dicha información, así como objetó el de otras tres personas.

Además, aseveraron, se trata de un proceso abierto, descartando que existan irregularidades. Mencionaron que en caso de que tengan que corregirse los grados, esto se realizará de acuerdo a los procesos administrativos correspondientes.

Hasta la Contraloría llegó la concejala de Talcahuano Pamela Cortés (PPD), con el objetivo de pedir una nueva auditoría para la municipalidad de la comuna puerto. Esto, luego que en diciembre emanara un informe del organismo fiscalizador donde se detectaba una serie de irregularidades cometidas entre el 2015 y el 2016.

Según indicó la edil, "solicité que se realizara la misma investigación, pero en el periodo comprendido entre el 2013 y el 2014, porque si existieron irregularidades en un periodo posterior, nadie nos asegura que esto no se venía realizando desde mucho antes".

Además, Cortés comentó que pidió un informe a la Dirección de Finanzas de aquella época y el gasto realizado era superior al periodo que fue auditado por Contraloría.

VIAJES

Otro de los puntos que tiene el documento entregado por la concejala dice relación con una denuncia por la no devolución de los dineros de dos de sus pares por el concepto de viajes al extranjero, y que no presentaron justificación.

Se trata de cerca de $70 millones que deben ser devueltos a la Municipalidad de Talcahuano y que fueron gastados en las denominadas capacitaciones por los ediles Erick Vergara y Mireya Gallardo.

Cortés indicó que el alcalde Henry Campos no se ha referido al tema y que incluso se formuló un reglamento donde sólo él aprueba estos viajes. En ese contexto, la concejala Gallardo viajó en febrero pasado a Pucón por cuatro días y por un costo de $1 millón que pagó la municipalidad.