Catorce políticos de la región figuran con aportes reservados de pesqueras
Dentro de una serie de antecedentes solicitados por la Fiscalía en el marco del Caso Corpesca, el Servicio Electoral (Servel) entregó la información de aportes reservados hechos por empresas pesqueras a candidatos. Entre ellos figuran 14 personas de la región que tuvieron o que hoy tienen algún cargo de elección popular.
La indagatoria que encabeza el fiscal regional del Biobío, Julio Contardo, apunta a determinar si hubo financiamiento irregular de políticos, sobre todo pensando en que esta vinculación se habría producido previo a la tramitación de la ley de pesca.
El traspaso de los fondos se habrían realizado para los comicios electorales de 2009 y de 2013.
Los datos sobre estos recursos fueron publicados ayer por El Mercurio, donde aparecen 35 personas las que recibieron fondos de siete empresas pesqueras.
De las 14 personas de la región, dos eran candidatos a senador, 10 a diputado y dos a consejero regional (ver recuadro). En tanto, las empresas involucradas son Camanchaca S.A, Alimentos Marinos, Camanchaca Pesca Sur, Landes y Pesquera Itata S.A., que antes era Blumar.
Dineros
En total, los aportes a políticos de la zona suman más de 120 millones de pesos, poco más de un tercio de lo financiado a los 35 candidatos.
Quien recibió el monto más alto fue Jorge Ulloa, diputado UDI por el distrito 43, que abarca las comunas de Hualpén y Talcahuano. Son 20 millones de pesos, de los cuales 15 millones se le traspasaron en 2009. Los otros $5 millones los recibió durante su campaña en 2013.
Ulloa, quien es integrante de la comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, expresó que no estaba al tanto de estos dineros. "El objetivo de los fondos reservados es que uno no sepa quien los aporta", argumentó.
No obstante, reconoció que conoce a la mayoría de los integrantes de las empresas pesqueras: "Son de mi distrito y los conozco así como conozco a un sinnúmero de actores, como los trabajadores o los pescadores".
El legislador descartó que la difusión de esta información genere suspicacias respecto a la influencia que las empresas pesqueras puedan haber tenido en su votación de la ley de pesca, normativa publicada el 9 de febrero de 2013.
"Todos saben como pienso y desde antes, así que no creo que esto genere dudas", planteó.
Otro de los mencionados en el listado es Sergio Bobadilla, ex diputado por el distrito 45 (que incluye comunas costeras como tomé y Coronel) y actual integrante de la directiva regional de la UDI.
"Al igual que la Presidenta, me vengo enterando por la prensa que tengo aportes de pesqueras", respondió al ser consultado por los nueve millones de pesos que recibió en 2013 por parte de Camanchaca Pesca Sur y Pesquera Itata S.A.
Bobadilla remarcó que dio cumplimiento estricto de la ley y que por tanto nunca tuvo información de este traspaso de dinero. Pero, al igual que Ulloa, reconoció acercamiento con las empresas pesqueras. "Conversamos con muchas organizaciones como parte de nuestro ejercicio parlamentario. Los legisladores no son un ente aislado", dijo.
Como representante regional de la UDI descartó que la mayoría de quienes recibieron dineros de pesqueras sean de su partido. Eso, pese a que la mitad de los 14 mencionados en el listado del Servel son de su tienda política.
Jorge Ulloa sumó sobre aquello que "en el listado también aparecen personas de la DC, del PS o el PPD".
Investigación
En octubre del año pasado la Fiscalía formalizó a la empresa Corpesca como persona jurídica. No obstante, anteriormente se formalizó por cohecho el desaforado senador Jaime Orpis, quien reconoció haber recibido pagos de la empresa.
Dentro de los últimos hallazgos de la causa está la irrupción de Asipes, asociación de Industriales Pesqueros. Se investiga la relación de Luis Felipe Moncada, su ex presidente, con varias figuras políticas, como la senadora Jacqueline van Rysselberghe, con quien habrían sostenido una conversación a través de correos electrónicos vinculada a la tramitación de la ley de pesca.
El fiscal regional del Biobío, Julio Contardo, comunicó unos meses atrás que evaluaría la posibilidad de separar esta causa de la de Corpesca.