"Acá ninguna plata devolverá la vida de nuestra familia, pero sí estos valores que van a pagar el daño que hicieron tanto tiempo, daño físico, moral y síquico, en algo amainan, uno queda con la satisfacción que se hizo justica", sostuvo ayer Hugo Fuentealba Gallardo, pareja de Eliana Lema, fallecida la madrugada del 27 de febrero de 2010 tras el tsunami que afectó a Dichato, en la comuna de Tomé.
La mujer es una de las 20 víctimas fatales por las cuales el Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago acogió una demanda que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $1.840 millones, decisión tomada en abril del año pasado y que fue ratificada ayer por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Se trata de parte de los familias que también acudieron a la justicia penal, con el fin de determinar la responsabilidad de las autoridades en la fallida alerta de tsunami del 27/F y que esta vez recurrieron a la justicia civil
En un fallo unánime, la duodécima sala del tribunal de alzada santiaguino, confirmó la sentencia de primera instancia condenando al fisco a pagar entre $7.500.000 y $30.000.000 a los 74 familiares de los fallecidos y a quienes resultaron con lesiones en la isla Juan Fernández, San Antonio, Constitución, Talcahuano y Tomé.
Esto, debido a que consideró que hubo falta de servicio por parte de la Oficina Nacional de Emergencia, Onemi, y del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, Shoa.
La decisión también se basa en el daño sicólogico y material que generó el fallecimiento de las víctimas a sus familias.
COMPENSACIONES
En el caso específico de las víctimas fatales de la zona, la demanda fue presentada por familiares de las hermanas Eliana y Nancy Lema Morales, que se encontraban en Dichato en el momento del tsunami, al igual que Jaime Ocares Arias.
En el caso de Nancy Lema, la Corte estableció que se indemnizara a 14 familiares por $270 millones, así como se estableció el pago de $225 millones para 11 parientes de Eliana Lema.
Para los cuatro integrantes de la familia de Jaime Ocares se estableció un monto de $120 millones.
Los otros dos fallecidos de la zona, específicamente en Talcahuano, son Reinaldo Muñoz Garrido, a cuyos cuatro familiares se les asignó $120 millones, y Eduardo Suárez Figueroa, a cuyos tres parientes se les entregarán $90 millones.
Una situación distinta es la de Roxana Henríquez, quien regresó a un local comercial que tenía en Dichato después de que se levantara la alerta de tsunami y fue sorprendida al interior cuando la alcanzó una ola de gran magnitud. La mujer no sólo quedó lesionada de gravedad, sino que además sufrió la pérdida de un embarazo de un poco más de 12 semanas. Para ella se asignó una indemnización de $10 millones.
Las indemnizaciones por los casos locales suman en total $835 millones, casi la mitad del monto asignado por la justicia a todos los demandantes.
RESPONSABILIDADES
La decisión del tribunal de alzada, en cuanto a ratificar la condena al fisco, generó satisfacción entre los familiares de las víctimas, que aseguran que la instancia penal no logró las condenas correspondientes por motivos políticos.
"Dentro de todo lo malo que hemos pasado, yo encuentro que hemos triunfado. Vamos caminando bien gracias a nuestros abogados, porque en principio mucha gente se preocupó por demandar al gobierno, pero yo tuve confianza hasta el final. En lo penal perdimos porque hubo mano negra, se metió la política", aseguró Hugo Fuentealba, pareja de la fallecida Eliana Lema.
Añadió que "nos hubiese gustado que hubiera condenados, porque para mí todo esto es culpa del Shoa, porque ellos son el ente técnico que maneja todo esto y por ende hace cometer errores a la Onemi". "Si uno escucha a sus autoridades decir que no hay peligro de tsunami, uno qué va a hacer", añadió Fuentealba, quien reiteró que son "recuerdos terribles".
