Al menos seis funcionarios de los hospitales de la red del Servicio de Salud Talcahuano (S.S. Talcahuano) iniciarán una huelga de hambre debido a los descuentos que se realizarán en sus remuneraciones, tras el paro del sector público.

Durante la jornada de hoy, dos trabajadores del Hospital de Tomé y dos personas del Hospital Las Higueras comenzarían con la movilización. Así lo confirmó el presidente regional de la Fenats, Enrique Amaya.

"El día jueves se sumarían otros dos más del hospital de Penco-Lirquén (...). Es por la intransigencia del director del Servicio de Salud de Talcahuano y porque es el único ministerio al que se le están haciendo descuentos tras el paro es salud", contó el dirigente.

Eventualmente, a esta movilización -que comenzará con funcionarios del S.S. Talcahuano- se le podrían sumar trabajadores de otros servicios. Amaya sostuvo que todo dependerá de las negociaciones que se den en los servicios de salud Concepción, Arauco y Biobío.

"Si no hay una solución se sumarían más funcionarios o dirigentes de otros hospitales", declaró el presidente regional de la Fenats.

Sólo el Servicio de Salud utilizaría una forma distinta, ya que contó que se haría devolución de tiempo y sólo se descontarían algunas horas.

Cabe recordar que el sector público, incluido Salud, estuvo en paro durante 3 semanas.

Una trombosis (obstrucción) de un vaso importante que se ubica al interior de hígado fue lo que llevó a que Eduardo Pérez, papá que donó como paciente vivo el 40% de su órgano a su hijo, fuera trasladado a la Clínica Alemán de Santiago para realizar un procedimiento endovascular para destapar la vena.

El traslado de la persona que fue sometida hace más de un mes a una cirugía para sacarle parte del hígado, se determinó tras un control de rutina. A través de una ecografía se visualizó que uno de los vasos del hígado estaba obstruido.

Cabe recordar que anteriormente ya ha presentado inconvenientes de salud. A mediados de diciembre el hombre fue ingresado a la Clínica Sanatorio Alemán debido a que registró una fiebre alta.

Traslado

"Presentó una complicación de su cirugía y debido a que esa situación no podía ser resuelta en Concepción, fue trasladado a la Clínica Alemán de Santiago", contó el médico Milton Inostroza, quien fue el facultativo que realizó la cirugía en la que Pérez donó parte de su hígado a su hijo Ignacio, de 6 años de edad.

Sobre el estado de salud actual del hombre, el profesional de la salud sostuvo que "está estable y no en riesgo vital".

El profesional también aseguró que se está evaluado hora a hora para ver si el procedimiento desarrollado en Santiago fue exitoso.

Inostroza contó que esperan que este viernes se puede conocer con mayor certeza si su complicación fue superada. El médico aclaró que "la idea es que Eduardo vuelva a tener la salud que tenía antes de entregar parte de su hígado a su hijo".

El médico tratante de Eduardo expuso que situaciones como esta podrían seguir ocurriendo, ya que el procedimiento al que fue sometido el 3 de diciembre en el recinto asistencial era de complejidad y de riesgo.

En cuanto a Ignacio, éste se encontraría en un buen estado de salud tras recibir el 40% del hígado de su padre.

Tal como lo solicitó en agosto el abogado Mauricio Araneda, la Corte de Apelaciones de Concepción decidió reabrir el caso Laja-San Rosendo, donde se investiga la muerte de 19 personas, la mayoría de ellas trabajadores de la planta Cmpc de Laja, hecho ocurrido el 18 de septiembre de 1973.

Los alegatos por esta solicitud se realizaron el jueves de la semana pasada y ayer el tribunal de alzada penquista se pronunció.

Araneda recordó que el 12 de agosto de 2016 el ministro en visita Carlos Aldana, a cargo de las causas vinculadas a Derechos Humanos, decidió cerrar el expediente por estimar que no había más diligencias por realizar. No obstante, el abogado solicitó la reapertura de la causa, pues estimó que había pericias por hacer, sobre todo aquellas relacionadas con la participación de los ejecutivos de Cmpc en los hechos.

Según Araneda -y tal como lo expuso en el escrito enviado a la Corte-, lo que resta por realizar son diligencias de careo entre los funcionarios de Carabineros procesados con los funcionarios o empleados de la papelera, como Alejandro Lionel Aguilera Covarrubias, Carlos Ferrer Gómez, Rodolfo Román Román, Domingo Bucarey Torres y Luis Humberto Garrido Avilés, entre otros.

El caso

Entre el 13 y el 16 de septiembre Carabineros de Laja detuvo a las 19 personas. De ellas, 14 trabajaban en la planta Cmpc y, según las declaraciones entregadas durante la investigación, el resto eran estudiantes y profesores. Todos quedaron recluidos en un calabozo de la tenencia de Laja.

El 17 de septiembre, el teniente Fernández, oficial a cargo de los detenidos, informó haber recibido una orden del mayor Solari de "eliminar a los detenidos". El oficial dio la orden de preparar la ejecución y sus subordinados reunieron y repartieron las armas.

Según las declaraciones de testigos, la CMPC aportó vehículos y bebidas alcohólicas para quienes llevaron a cabo la ejecución. También se dijo que fueron los ejecutivos quienes entregaron nombres de trabajadores, vinculados al gobierno de Salvador Allende.

En la madrugada del 18 de septiembre un microbús con los 19 detenidos tomaron el camino a Los Ángeles por la ribera sur del Río Laja, cruzaron el Puente Perales y, guiados por el agricultor Peter Wilkens, llegaron a un claro del bosque de pinos a unos 300 metros del camino, dentro del Fundo San Juan, donde fusilaron a las 19 personas.

Hay 11 ex carabineros procesados, quienes están en libertad condicional. Entre las pericias que ya ha realizado el ministro Aldana está la reconstitución de escena.