A dos años de la entrada en vigencia de la Ley de Lobby, que regula la publicidad de ese tipo de gestiones, el presidente del Consejo para la Transparencia, José Luis Santa María, valoró su implementación, a la vez que hizo un llamado a perfeccionar la norma.

"La ley del Lobby representó un salto cualitativo en relación a la transparencia con la que deben operar las autoridades y estableció normas claras para la gestión de audiencias, viajes y donativos", rescató Santa María.

"Además, permitió transparentar situaciones que antes ocurrían fuera del escrutinio público y eso representa un aporte en materia de probidad. El hecho de que alcaldes, ministros, subsecretarios y otras autoridades difundan su agenda es, sin duda, un paso que también ayuda a recuperar la confianza de los ciudadanos en los organismos públicos y la clase política", agregó.

PERFECCIONAMIENTOS

Pese a esto, el presidente del consejo hizo hincapié en que "esta ley necesita ciertos grados de perfeccionamiento y como Consejo hemos recabado experiencias internacionales como la de Estados Unidos, donde el lobby está fuertemente regulado. En ese sentido, valoramos que ciertos alcaldes publiquen todas sus actividades y viajes -incluso dentro de la misma comuna-, pero es importante que sean exhaustivos en sus registros, pues no todas sus diligencias consideran una acción de lobby o de gestión de intereses".

El organismo informó las principales cifras registradas entre el 28 de noviembre de 2014, cuando entró en vigencia la ley, y el 30 de noviembre de 2016. Así, 665 organismos han declarado información relacionada a sus autoridades o personas que son sujeto de la normativa.

Y 18.623 sujetos sobre los que puede recaer el lobby han realizado sus declaraciones. De ese total, 11.115 (60%) no cuentan con un Registro de Agenda Pública, es decir, han dejado constancia de reuniones o audiencias, viajes y/o donativos oficiales y protocolares que reciben.

Mientras que el 40% restante (7.598) que sí cuenta con un Registro de Agenda Pública, han dado constancia de 122.161 audiencias, 130.488 viajes y 13.496 donativos.

El hijo de la Presidenta Bachelet y ex director sociocultural de La Moneda, Sebastián Dávalos, acudió ayer a las dependencias de la Fiscalía de Rancagua para reunirse con el equipo de fiscales que investiga el caso Caval, audiencia que él solicitó.

Antes de ingresar al edificio, el esposo de la socia de Caval, Natalia Compagnon, aseguró que se reuniría con el persecutor Sergio Moya, según recogió Emol. La comparecencia de Dávalos se produjo un día después de que la jefa de gabinete de la Mandataria, Ana Lya Uriarte, debiera declarar como testigo por el caso. Esto, después de que Compagnon la vinculara a la causa aludiendo al informe que habría elaborado la asesora presidencial para su empresa en 2012.

Las diligencias ocurren a tres semanas de la formalización por estafa que afrontará la nuera de la Presidenta y su ex socio en Caval, Mauricio Valero, arista que se originó tras una querella interpuesta por el empresario Gonzalo Vial Concha. Ambos serán imputados por ocho informes y estudios mineros y portuarios que Vial Concha compró a la firma en cuestión y que, según el querellante, habrían sido una copia textual de trabajos publicados en Internet por terceros ajenos a Caval.

Por esos documentos Vial habría pagado $1.200 millones por medio de cuatro facturas emitidas entre junio y agosto de 2012.

De acuerdo con la querella presentada por Vial, varios de ellos estaban protegidos por el derecho de propiedad intelectual y habrían sido copias de estudios de entidades como la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

Gobierno evita comentar

La ministra secretaria general de Gobierno, Paula Narváez, fue consultada ayer por la comparecencia de Dávalos ante los fiscales, pero la vocera del Ejecutivo declinó hacer comentarios al respecto.

"Ese es un proceso que se lleva en el ámbito de la justicia y, que como decimos siempre, tiene sede judicial. El Gobierno no puede comentar lo que es un proceso que está en su curso y que está abierto, no corresponde, no puede ni debe hacerlo", sostuvo Narváez.

"Por lo tanto, los trámites que hace la justicia y requiere la justicia se deben desarrollar con total respeto y responsabilidad. Lo importante aquí es que todas las personas que puedan facilitar información en los procesos, está bien y es normal que así suceda", añadió.