Los 47 alumnos del taller de Terminaciones de Construcción del liceo Manuel Bulnes, de la ciudad homónima, crearon la primera vivienda social hecha con paneles SIP.

"El panel SIP es un panel que posee muchas ventajas, como por ejemplo, brindar una alta aislación térmica y acústica, además de un ahorro en la parte estructural de la vivienda. Los alumnos están muy motivados por aprender este trabajo y por su finalidad, que es mejorar la calidad de vida de uno de sus compañeros", contó Milton Rubilar, coordinador del taller de Terminaciones de Construcción.

Desde marzo de este año los estudiantes están trabajando en los paneles de armado de la vivienda social, usando un plano de la misma e incluso hicieron una maqueta que los motiva aún más. Sebastián Bustamente, uno de los alumnos, dijo que ha sido una muy grata experiencia.

Durante la mañana de ayer, el senador Alejandro Navarro junto a un grupo de vecinos del sector cerro La Pólvora presentó un recurso de protección que busca la demolición de tres antenas celulares emplazadas en este sector, por calificarla como zona saturada según la normativa vigente. Esto, además, fue ratificado en un informe de Contraloría.

"Si bien existieron conversaciones entre las empresas, las juntas de vecinos y la Municipalidad de Concepción, las partes no llegaron a acuerdo. Por lo que, transcurrido el año que otorga de plazo la ley, las antenas mencionadas pasaron a la absoluta ilegalidad", manifestó el senador, agregando que a la fecha las empresas no han demolido las torres.

Sin embargo, desde el municipio aclararon que actualmente el proceso se encuentra en una etapa de avance a la espera de comenzar los trabajos de retiro de las antenas. "Esta ha sido una situación bastante difícil, ya que algunos vecinos estaban de acuerdo y otros en desacuerdo con los cobros de compensación. Finalmente se determinó por medio de un decreto del director de obras municipales que si la empresa no realiza estas obras de desarme, el municipio puede iniciar los trabajos", manifestó Aldo Mardones, alcalde (s) de Concepción.

Además, detalló que el plazo se debe cumplir antes del fin de este mes para que el municipio pueda actuar en la zona y desinstalar las antenas. "Ya han transcurrido dos semanas y no se ha realizado ninguna obra. Si la empresa no cumple, nosotros estaremos obligados a iniciar el desarme de estas antenas", agregó Mardones.

Recordemos que luego de que se cumpliera el plazo que tenían las empresas para realizar el proceso obligatorio de informar las compensaciones que se realizarían, ordenó el retiro de cuatro antenas de celulares ubicadas en el lugar, siendo sólo una la que cumplió con el retiro.

La Gobernación Provincial de Concepción dio a conocer proyectos de mitigación de riesgo para disminuir la vulnerabilidad de las personas ante amenazas sociales, económicas y naturales, a través de una gestión integrada del territorio.

Dentro de estos ejes -que se enfocan en la atención de problemas de compleja resolución y donde no existe oferta pública para su vigilancia-, hay tres proyectos importantes: disminución de la violencia en el fútbol amateur, fortalecimiento del comercio ambulante en Concepción y mejoramiento en los modelos de trabajo para la distribución de agua en camiones aljibe.

Las propuestas

Para la disminución de la violencia en el fútbol amateur, se busca convocar tanto a hinchas como a jugadores para que realicen un juego limpio, para lo cual se creara una política de incentivos.

Además, se busca la generación de un sistema de control de gestión sobre el comportamiento en los eventos deportivos Este punto se trabajará en conjunto con el Instituto Nacional del Deporte (IND), la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (Anfa) y diversas municipalidades involucradas, como Concepción, Chiguayante y San Pedro de la Paz.

Respecto al mejoramiento del comercio ambulante en Concepción, específicamente en calle Caupolicán, se fortalecerá la formalización de las personas que hayan iniciado su negocio a través de la vía legal, y se les incorporará a las distintas agencias y redes públicas para que puedan mejorar sus condiciones laborales.

Además, se pretende incorporar a las personas que, por diversos motivos, no han formalizado su comercio. En este punto, colaborarán diversas reparticiones públicas, como el Servicio de Impuestos Internos (SII), Sernapesca y agencias de desarrollo económico (Sence, Sercotec, Fosis).

Para la distribución de agua en camiones aljibe, la gobernadora Andrea Muñoz indicó que se mejorará la eficiencia en el traslado y el control del servicio, para abaratar costos y que pueda llegar a las personas específicas.

Los servicios públicos involucrados en este ítem son la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), la Intendencia del Biobío y las municipalidades adscritas.

Estos proyectos suman en total una inversión aproximada de $70 millones de pesos, con fondos de la División de Gobierno Interior, y se prevé que su ejecución comience en el mes de noviembre.

De los diez integrantes del colegio escrutador, seis presentaron los documentos requeridos para no ser parte de las próximas elecciones municipales, situación inédita para esta Junta Electoral, que no había recibido cartas de excusas para este cargo en otros periodos.

Ese fue uno de los aspectos que llamó más la atención en este proceso, que concluyó el miércoles de la semana pasada.

Desde este servicio comunicaron que viajes, cambio de domicilio, enfermedades o embarazo siguen siendo las principales excusas recibidas por los funcionarios de la Primera Junta Electoral de Concepción, presentadas días después de la publicación de la nómina oficial de los vocales de mesa y miembros del colegio escrutador.

La justificación que se ha mantenido a lo largo del tiempo es la de estar a más de 300 km de distancia del domicilio electoral. Dicha situación debe ser acreditada ante la Junta Electoral mediante un certificado de residencia o algún comprobante de pago.

Excusas

El pasado miércoles, cuando venció el plazo para entregar las excusas y tras dar a conocer la nómina oficial de los vocales de mesa y miembros del colegio escrutador para las elecciones municipales, la Junta Electoral número 34 -que abarca la circunscripción de Concepción Centro, Andalién, Lomas Coloradas, San Pedro de la Paz y Santa Juana-, recibió alrededor de 625 personas, quienes entregaron los documentos que acreditaban su impedimento para cumplir con la labor cívica designada este domingo 23 de octubre.

Esta cifra corresponde al 14,6% de un total de 4.260 personas que tendrán como función recibir los votos emitidos por los electores y realizar su conteo al finalizar la elección.

Situación similar ocurrió con los miembros del colegio escrutador, encargado de reunir las actas de los escrutinios realizados en cada local de votación, donde de las diez personas designadas para cumplir con esta función, seis llegaron a las oficinas de la Junta Electoral para declinar esta designación. Esta situación es inédita para los funcionarios de dicho organismo, ya que en ninguna otra elección había ocurrido lo mismo.

Francisco Hernández, encargado de la Primera Junta Electoral, comentó que en esta elección se ha registrado un aumento del 2% en la deserción de los vocales de mesa, ya que en las elecciones de 2013 alrededor de 560 personas pidieron su remplazo.

Recambio

Este año, la Junta Electoral decidió generar una nómina de vocales de mesa, que no hubiese participado en otras instancias eleccionarias, con el objetivo de "dar la posibilidad a nuevos electores de vivir esta experiencia".

Pero, pese a haber designado gente nueva, existió un aumento considerable de deserciones. Hernández asocia este abandono a que existen muchos votantes que se han cambiado de domicilio o se han trasladado a otra ciudad, pero no han oficializado esta modificación ante el Servel.

Si bien hoy el derecho a sufragio no es obligatorio, sí lo es el rol de vocal de mesa o miembro del colegio escrutador, por lo que si una persona que fue designada y decide no participar de las elecciones sin haber concurrido a excusarse, se arriesga a una multa que va desde los $93 mil a los $368 mil pesos, según el artículo 138 de la Ley Nº18.700.