Durante la jornada de hoy la Fiscalía terminaría de entregar la prueba con la que buscaron acreditar la culpabilidad de I.N.M.P (18) en el ataque incendiario al cajero del Servipag, Pablo Ramírez. Inicialmente también estaba formalizado en este caso el hermano del acusado, pero falleció en la cárcel de Chillán mientras estaba en prisión preventiva.

Ahora sólo restarían los antecedentes que presenten los querellantes y posteriormente la defensa para que el juicio termine y los magistrados entreguen un veredicto.

Un poco mas de dos semanas es lo que se lleva desarrollando el caso en el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción. Durante este tiempo, en el que le ha correspondido entregar su prueba a la Fiscalía, la entidad persecutora presentó aproximadamente a 15 testigos, 3 peritos y 35 documentos, una cifra menor a la que se había presentado previamente: 60 testigos, 11 peritos y 40 documentos.

Desde la Fiscalía expusieron que esta reducción, que ya habían anunciado que podrían realizar, se debió principalmente a que consideraron que la prueba presentada hasta ahora ya había dado certeza del hecho, por lo que incorporar a los demás testigos sería caer en una repetición de los antecedentes.

Enrique Hernández, abogado que representa a Pablo Ramírez, sostuvo que "se han satisfecho todos los elementos que nosotros planteamos como constitutivos de los delitos que se le imputan al único acusado que está enfrentando el juicio. Creemos que con lo que se ha rendido, la defensa va a tener una dura tarea para desvirtuar la prueba que ya hemos acreditado en el proceso".

DEFENSA

Aunque existe la posibilidad de que la defensa del adolescente -quien era menor de edad al momento de ocurrir el delito- comience a presentar su prueba, el defensor jefe de Talcahuano, Gonzalo Benavente, expuso que mañana debería comenzar a entregar su prueba, que consiste en testimonial, de video y documental.

Con esos antecedentes buscarán desacreditar los antecedentes entregados por la Fiscalía.

Cabe recordar que la tesis de la defensa del "Nacho", como se le conoce al imputado, es que no se encontraba en el lugar al momento del ataque incendiario a Ramírez.

Sobre si llamarán a declarar nuevamente a la víctima del hecho, ocurrido el 29 de julio de 2015 al interior del Supermercado Mayorista 10, Benavente sostuvo que todo dependerá de cómo avance la prueba que presenten a los magistrados.

"Normalmente se decide cuando se entrega la prueba, y una vez que se levantan los puntos que quiere sostener", declaró el fiscal jefe de Talcahuano.

Se espera que el juicio, que estaba programado para 20 días, termine a fines de semana o más tardar a mediados de la próxima.

El joven imputado arriesga una sanción de 10 años de internación en régimen cerrado.

A la pena efectiva de 15 años y un día de presidio, como autor del delito de femicidio en contra de su ex conviviente, María Ortega Becerra, fue condenado ayer Cristián Acuña Acuña.

En fallo unánime el Tribunal Oral de Chillán condenó al hombre que le quitó la vida a la mujer el 5 de agosto de 2015. El hecho ocurrió en el sector rural de Quinquehua, comuna de Coihueco.

Pese a que el Tribunal de Chillán consideró dos atenuantes planteadas por la defensa (colaboración sustancial en la investigación e irreprochable conducta anterior), los graves efectos del femicidio en la familia y los antecedentes de ataques previos de los que existen testigos, no se aplicaron rebajas a la pena.

"La pena que esperábamos se ajusta a derecho, considerando que en el cálculo no se consideraron las atenuante y tampoco las agravantes. Esto tiene que ver en parte con que no hubo una denuncia previa donde se pudiera visibilizar la violencia que María Magdalena estaba viviendo y las amenazas que estaba viviendo por parte de este agresor", comentó la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Valentina Medel.

Con la formalización durante la jornada de ayer de la empresa Corpesca, como persona jurídica, en el cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, ahora se abre la posibilidad de que otra entidades con estas características puedan correr el mismo destino.

En la audiencia, el fiscal regional del Biobío, Julio Contardo, le comunicó al representante legal de la compañía, Arturo Natho, que la firma es indagada por su responsabilidad en los sobornos cometidos por el ex gerente de la pesquera, Francisco Mujica, con el desaforado senador, Jaime Orpis y la ex diputada Marta Isasi, ambos ya formalizados por cohecho.

Fue después de esta acción que el fiscal Contardo se refirió a si habría nuevas formalizaciones de este tipo, específicamente en contra de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) del Biobío.

Situación local

En esa línea, el persecutor mencionó que actualmente tienen una investigación abierta respecto de personas y de empresas debido a antecedentes relacionados con la causa, lo que se ha detectado a través de las diversas indagatorias que han realizado en el caso, lo que incluye a Asipes y otras entidades y personas de diferentes zonas del país.

"Han aparecido antecedentes (sobre la arista Asipes) que al menos dan cuenta que se requiere una indagación", expuso el fiscal regional del Biobío, sosteniendo que se trabaja recabando la información en esta arista, como las que hay en otras zonas para establecer o desestimar la existencia de un delito.

Asimismo, Contardo aseguró que por el momento no hay información concluyente para formalizar a otras personas o entidades.

Dentro de ese punto, el fiscal que asumió el caso en agosto tras la remoción del fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, confirmó que envió dos requerimientos para indagar alguna participación de la asociación pesquera del Biobío y de su presidente, Luis Felipe Moncada, con hechos constitutivos de delitos que se investigan en este caso.

Según ha trascendido, en las solicitudes se piden todos los datos sobre el suscriptor y/o usuario de la cuenta de correo electrónico de Gmail que usa Asipes. En la segunda solicitud se pide el congelamiento y conservación de contenido de cuenta de correo electrónico, como el contenido de los mails enviados y recibidos durante 2009 y 2016, así como la libreta de contacto.

Pese a la ratificación de estas diligencias, el fiscal Contardo no quiso ahondar sobre las mismas. Hay que recordar que previamente informó que todos los antecedentes que aparecen en la indagación deben ser investigados en profundidad.

CORPESCA

Respecto a la trascendencia que tiene la formalización de Corpesca como entidad jurídica, el persecutor comentó que es un paso más en la investigación, y que se desarrolló de acuerdo a los antecedentes, que eran suficientes para imputar el hecho.

"En este caso concreto, haciendo uso de una herramienta legal, de una norma que tiene una data bastante nueva en la legislación, como es la ley (20.393) de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se le ha imputado a la empresa Corpesca de haber incumplido con las normas pertinentes de dicha ley, y en concreto con los delitos de soborno, por el que está imputado Francisco Mujica, el representante legal y gerente general de Corpesca, y respecto de las conductas desarrolladas de los imputados Orpis e Isasi", explicó.

Cabe recordar que las sanciones que puede haber para la empresa por estos delitos van desde una multa hasta la disolución o cancelación de la personalidad jurídica. Además, puede haber prohibición de celebrar algunos actos con organismo del Estado o de perder algunos beneficios fiscales, entre otros.

Desde Corpesca, en tanto, aseguraron a través de una declaración pública que "la empresa reitera que ha aportado al Ministerio Público los antecedentes que demuestran que sí contaba con dichas medidas y, por ende, daba cumplimiento a lo dispuesto por la mencionada ley".