A partir del 1 de agosto las más de 1.400 agencias de viaje y tour operadores registrados en Sernatur podrán optar a recibir la Distinción de Turismo Sustentable también conocida como "Sello S". Así lo anunció la Subsecretaría de Turismo en conjunto con el Servicio Nacional de Turismo, quienes destacaron que este sello ya no sólo será para servicios de alojamiento turístico.

Los tour operadores y agencias que deseen postular podrán hacerlo si cumplen con los requisitos básicos y con al menos 40 criterios de evaluación establecidos en los ámbitos de la sustentabilidad universalmente conocidos como son el económico, sociocultural y medioambiental.

Con esta noticia, la oferta nacional sustentable podrá incrementarse al permitir que más áreas de servicio puedan acreditar que cumplen con los criterios universales definidos por el Consejo Global de Turismo Sustentable.

La directora regional de Sernatur Biobío, Paola Núñez, especificó que "la elección de ampliar el Sello S a los tour operadores y agencia de viajes, amplía el marco de acción de nuestra industria en la Región del Biobío. Ellos tienen un rol fundamental dentro de la cadena de comercialización y es necesario para nosotros acercar esta tendencia mundial a todos los sectores de nuestra industria".

Se trata de un proyecto que partió en el año 2012, durante el gobierno de Sebastián Piñera, pasando a ser parte de la cartera legislativa del Ministerio de Vivienda. Es la Ley de Aportes al Espacio Público para los proyectos inmobiliarios.

Sin embargo, esta idea pasó a tener importancia en el Ministerio de Transportes por los estudios de impacto vial, pues esta norma lo que pretende es que los inmobiliarios aporten al desarrollo de las comunas donde se impulsen obras, pero según el gerente de Vivienda y Urbanismo de la Cámara Chilena de la Construcción, Pablo Álvarez, el nuevo gobierno estima que no es suficiente la contribución en dinero, sino que también la ayuda en trabajos de mitigación vial en el entorno de la construcción.

El ejecutivo estuvo en Concepción para exponer sobre esta materia que preocupa al gremio y El Sur tuvo la oportunidad de conversar con él sobre el tema.

Para Álvarez se trata de un proyecto que tiene dos aportes, algo que criticó la Cámara de Diputados, porque más que "mitigación tiene mucha cara de impuesto, porque se está exigiendo un aporte en dinero, que puede ser el 44% del avalúo fiscal del terreno, más todas las obras que se deriven del estudio del informe que mitigación vial, las cuales tienen que ser gestionadas y ejecutadas por la inmobiliaria".

IMPACTO NO MENOR

Por lo tanto, estima que se trata de un doble cargo o tributo que no estaba afecto al sector inmobiliario en forma particular. Es un gravamen nuevo que se suma a la reforma tributaria, que por primera vez en la historia la vivienda tiene IVA. "No es menor el impacto que en dos o tres años va a tener el sector inmobiliario y cuando nos referimos a éste es el costo de la vivienda para las personas, porque si el área puede lo va a traspasar a precio. Por ende, este doble tributo que se está instituyendo, lo van a tener que pagar las personas. Entonces, estamos castigando a un sector para aportar más allá de lo que consideramos proporcional", espetó.

Aclaró que los proyectos que ya están urbanizados no se ven afectos al proyecto, porque ya aportan en vialidad, equipamientos y áreas verdes. Esto apunta, remarcó, hacia los proyectos en altura o de densificación. Explicó que como muchas veces este tipo de iniciativas no pueden ceder terrenos ni urbanizar más allá, por ejemplo, de la vereda, porque ya están emplazados en pleno centro urbano, se les va a cobrar un 44% del avalúa fiscal del terreno para un fondo que va a manejar el municipio para un plan de inversiones en infraestructura y espacio público.

Pero a esto se suma un informe de mitigación vial y todas las obras que de eso deriven. Cada proyecto en altura deberá instalar semáforos, ensanchamiento de calles, bandejones centrales, desvíos, pasos de cebras o paraderos para locomoción colectiva. "Todo eso implicará un costo burocrático gigantesco, porque aumentarán los plazos de tramitación, los cuales pueden ser indeterminados, lo que atrasará las obras. Además, sobrecargará a los servicios públicos, porque todos los proyectos tendrán que hacer. Hoy el estudio de impacto vial solo lo hacen los grandes proyectos, que no son más allá del 5%, pero ahora lo deberán hacer todos", remarcó.

Respecto a si esto es una actitud del Estado para que sean las empresas las que se hagan cargo de este tipo de obras, Álvarez afirmó que no es su intención ser peyorativo, pero sí se está cargando un nuevo impuesto al sector inmobiliario y sobre todo para la vivienda más demandada hoy, que es la de altura.

TODO AL ALZA

Con todo esto, sin duda que están aumentando los costos a las personas, porque ya están creciendo los precios de los inmuebles, a lo que se suma un alza de los terrenos, el IVA y ahora quien compre un departamento tendrá que pagar un impuesto adicional. "Acá no hay una varita mágica en que solo pagan los empresarios y las personas no. El inmobiliario es un intermediario para el comprador de una propiedad. El que desee vivir en determinado lugar va a tener que pagar más caro", apuntó.

Como la vivienda es un bien de primera necesidad, como la salud y la educación, considera que nunca debió tener IVA porque encarece innecesariamente. Eso sí, cree que la reforma a la reforma simplificó y le dio más gradualidad a este costo, porque se eximen del impuesto todas las unidades de los proyectos que durante este año se solicite la recepción, cuestión que con la ley original del año 2014 era para los edificios que se lograban recepcionaban este año.

Lo único que se hizo fue desfasar el costo, pero a partir del 2017 esto va a llegar. "En el fondo fue un veranito de San Juan para las personas y por eso ha habido un aumento de la demanda por viviendas, pero creemos que esto va a bajar violentamente por este nuevo importe", hizo ver.

Solo faltaba que se constituyera la Comisión Mixta en el Congreso que revisará tres artículos que fueron rechazados en la Sala de la Cámara de Diputados. Estos tres puntos si se corrigen pueden agilizar el trámite de los proyectos inmobiliarios en el futuro.

Concluida la labor de esta instancia pasará a promulgarse y publicarse seguramente en septiembre próximo. La ley no regiría antes de dos años más.