Al menos cinco personas, además de los dos detenidos el miércoles, son las que ayer también fueron interrogadas por la ministra Carola Rivas, en el marco de la investigación por la desaparición y muerte de Jorge Matute Johns en 1999.

Durante la jornada de ayer la magistrada nuevamente volvió a realizar en completo hermetismo las diligencias para esclarecer el caso. Se esperaba que sólo volviera a interrogar a los detenidos el día anterior, Cristián Montes, ex guardia de La Cucaracha y su pareja, Cherie Ruiz, que llegaron cerca del mediodía al centro judicial para ser nuevamente interrogados.

Sin embargo, al transcurrir la mañana comenzaron a surgir nombres de nuevas personas, diferentes a estos dos, que se encontraban en la Corte de Apelaciones esperando ser interrogadas por la magistrada. Estas personas serían parte de las 18 que iban a ser requeridas para la investigación, según informó Carola Rivas el 15 de julio.

Entre los citados estaría el ex jefe de la Dirección de Inteligencia penquista (Dipolcar), Jorge Caamaño y otro miembro de Carabineros y una persona que sería testigo secreto en el inicio de la causa. Además, se habría encontrado en la Corte la médico del Servicio Médico Legal (SML), y quien fue una de las personas que realizó la reinterpretación del informe que entregó el perito español, Aurelio Luna, de la autopsia de "Coke".

Con el pasar de las horas se confirmó que además la ministra Rivas habló con Bruno Betanzo y su ex pareja, Carmen Sereño, quienes se retiraron de los tribunales a las 21.30 horas, sin hacer declaraciones a la prensa y evidentemente molestos por el interés mediático generado por este trámite.

Preocupación

Pablo Ruiz, padre de Cherie Ruiz, la mujer que se encuentra detenida en la sección femenina de El Manzano, se acercó a la Corte para conocer antecedentes sobre la investigación.

Al salir de tribunales declaró que "mi hija no tiene parte en nada de esto. Ella es una mujer de trabajo y se lo han estropeado con esto, porque la incomunicaron. Nos duele porque hay una familia detrás de esto".

Dijo que confiaba en que su hija no tiene relación con la desaparición y muerte de Matute Johns. Agregó que si la ministra llamó a Cherie Ruiz a declarar fue por algo, pero remarcó que no está vinculada a nada. "Ella estaba en La Cucaracha como invitada, era conocida de Carmen Sereño", aseveró.

LÍNEA INVESTIGATIVA

Para el mayor (r) de Carabineros, Andrés Ovalle, quien pasó ayer por tribunales mientras se realizaban los interrogatorios, las diligencias e interrogatorios que está realizando la ministra Rivas van en la dirección de las indagatorias que él realizó en su investigación entre 2000 y 2001.

"Forman parte de la evidencia empírica que rescatamos en su oportunidad y que forman parte de la hipótesis que elaboramos y que fue oficializada por el alto mando de la época, las que tenían relación con los guardias de seguridad, con el señor Betanzo y con la posible participación de policías a lo menos en la desaparición y ocultamiento del cuerpo de Jorge Matute", sostuvo el ex oficial policial.

Se debe recordar que la línea investigativa de Ovalle es que los hechos que llevaron a la muerte de Jorge Matute -que el definió como una golpiza de los guardias-ocurrieron inicialmente al interior de La Cucaracha y que luego su cuerpo fue sacado del recinto para ocultarlo en otro lugar.

Sobre la participación que pudo tener Cristián Montes en la desaparición de "Coke", y sobre la responsabilidad de las personas que trabajaron en La Cucaracha, el ex mayor de Carabineros no quiso profundizar. Recordó que la jueza Flora Sepúlveda, la primera en llevar el caso, les prohibió indagar a las personas que estaban vinculadas al recinto y proyectó que es probable que la ministra Rivas tenga antecedentes más claros y con mayor profundidad de los que en su momento tuvo él.

En esa misma línea habló Pedro Segura, abogado de Óscar Araos, uno de los procesados por obstrucción de la justicia en 2001. El jurista declaró que la indagatoria que está llevando actualmente la ministra Rivas es la que nunca quiso considerar el inspector de la PDI, Héctor Arenas.

"Esto es una señal de que los siete jóvenes implicados jamás lo estuvieron", declaró Segura.

Con respecto a las detenciones efectuadas no quiso emitir un comentario concluyente, ya que declaró que la ministra tiene cinco días para pronunciarse sobre estas, como lo permite el antiguo sistema de justicia.

"Estas (detenciones) podría tener simplemente una finalidad de obtener mayor información y nada más. No se sabe en qué calidad están detenidos, cuál es su responsabilidad penal por la cual podrían ser declarado reos en su caso. De manera que aventurar alguna cosa respecto a las detenciones, no corresponde", expresó.