Similitud de casos y acciones que lleven a determinar responsables en los hechos de violencia rural que están ocurriendo en el Biobío, La Araucanía y Los Ríos, son algunos de los aspectos que el fiscal nacional, Jorge Abbott, destacó del trabajo que está realizando la mesa interregional de la Fiscalía que está abordando estos delitos en estas zonas.

En su visita a la Región, donde participó de la cuenta pública de la Fiscalía Local de Concepción, la máxima autoridad del órgano persecutor se dio el tiempo de abordar el trabajo que realizan desde hace casi seis meses las tres fiscalías regionales. Aseguró que la mesa está teniendo resultados significativos.

"Se han coordinado, se han traspasado información y nos encontramos con que hay delitos que se cometen por personas o forma de operar similares en las tres regiones. Ha sido de gran utilidad la mesa de trabajo, y creo que está dando algunos resultados", declaró Jorge Abbott.

Sobre las investigaciones que podrían develar a los cabecillas de las organizaciones que estarían detrás de los atentados en las tres zonas, la autoridad nacional del órgano fiscalizador precisó que "es difícil establecer plazos concretos para obtener resultados. Pero hoy, con la unidad de análisis criminal que están en La Araucanía y el Biobío, como con la mesa de trabajo entre las tres regiones, pensamos que podemos avanzar significativamente en determinar líneas de trabajo para establecer responsables de estos hechos, que tienen un denominador común".

Abbott además habló de Emilio Berkhoff, quien fue condenado por porte ilegal de arma y después de la sentencia se declaró en rebeldía. Está prófugo hace un año. Recordemos que éste es una personas que ha sido llevada a juicio por delitos relativos a la temática mapuche.

"Cualquier fracaso del sistema es lamentable, y que una persona se mantenga tanto tiempo prófugo, también", expuso el fiscal nacional.

Por último, insistió en que no hay necesidad de tener un fiscal exclusivo para que vea las causas de las tres regiones, como lo solicitó en su momento el ministro del Interior, Jorge Burgos.

NO ES COMPLEJO

"Nadie está por sobre la ley". Estas fueron las palabras que el fiscal nacional, Jorge Abbott, emitió para referirse a la indagatoria que hará el Ministerio Público tanto en la investigación del Sename por la muertes de menores al interior de centros dependientes de este, como en la investigación en Gendarmería por el presunto fraude al fisco en las abultadas pensiones.

Abbott, en la jornada de ayer, aunque dijo desconocer a qué personas se les citará a declarar, fue enfático en decir que si los fiscales a cargo de la causa consideran necesario citar a una autoridad, se hará para cumplir con el mandato que estos tienen para llevar adelante las investigaciones.

"Nadie está por sobre la ley en este país. En investigaciones recientes han prestado declaración las más altas autoridades del país. No hay razón alguna para que algún fiscal se pueda inhibir para citar a declarar a nadie en la calidad que corresponda", expuso el fiscal nacional.

De esta forma aseguró que si se debe llamar a autoridades o ex autoridades de administraciones anteriores lo harán, como podría darse hipotéticamente en el caso del Sename, ya que se investigan muertes de hace 10 años atrás, se hará.

"Eso incluye a ministros, ex ministros, directores del Sename anteriores, funcionarios del Ministerio Público, fiscales o el fiscal nacional, si en algún minuto fuera necesario. Yo hace muchos años fui director de la Corporación de Asistencia Judicial y tuvimos proyectos con el Sename. Eso hace más de 20 años (...), y si tuviera hoy que declarar es obligación del fiscal citar, aún al fiscal nacional", declaró Abbott.

Asimismo, sostuvo que más allá de la relevancia pública que exista en los casos, no es complejo para la entidad indagar este tipos de hechos.

"Por su naturaleza no le debe ser complejo investigar a nadie (...), es propio de nuestra institución realizar investigaciones, sea quién sea la persona indagada (...). Es una situación bastante normal", recalcó el fiscal nacional.

Durante la jornada de ayer declaró ante la fiscal Tania Sironvalle el ex director de Gendarmería, Tulio Arce, por las irregularidades indagadas en la institución. La cita duró casi horas.

Durante la tarde de ayer una menor de 2 años fue sacada desde el centro de protección de lactantes y preescolares Arrullo, ubicado a los pies del cerro La Virgen, en Concepción.

El delito se habría configurado con el retiro irregular de la menor por parte de su propia madre, quien tenía programada la visita a la lactante, que permanecía con una medida de protección al resguardo de ese centro.

La información fue confirmada por la directora regional del Servicio Nacional de Menores (Sename), Rina Oñate, quien explicó que "alrededor de las tres de la tarde fue sustraída una menor por parte de su madre. Estos hechos se tienen que investigar, y nosotros hemos dado cuenta al Ministerio Público, que darán las órdenes de investigar y se concrete la búsqueda".

La directora agregó que también se ha informado al Tribunal de Familia sobre el hecho, institución que había derivado a la menor a la residencia, y que además había autorizado las visitas de la madre.

"Hoy (ayer) le correspondía la visita a la madre, y por eso hago hincapié en que había sido derivada a través del Tribunal de Familia. Lo mismo que también las visitas fueron autorizadas por el mismo tribunal", añadió Oñate.

En relación a las responsabilidades que competen al organismo en los hechos, la directora se limitó a explicar que "todo eso es parte de la investigación, y nosotros estamos poniendo todos los antecedentes a disposición para que eso se investigue".

INVESTIGACIÓN EN CURSO

Oñate explicó además que ya se ha instruido un sumario, para también tener claridad acerca de las medidas administrativas que pudieron haberse adoptado.

"Queremos tener claridad al respecto, para poder dar los resultados a la opinión pública y para que haya tranquilidad. Sabemos que es complejo, pero hemos accionado inmediatamente a los Tribunales de Familia y también de Garantía. Hemos estado reunidos con Carabineros e Investigaciones de Chile", afirmó la jefa regional del Servicio.

Desde el Ministerio Público confirmaron que la fiscal de turno fue informada del hecho, y que de acuerdo a esa situación reiteró que el Tribunal de Familia ya había solicitado a Carabineros la búsqueda de la menor.

La madre de la lactante arriesgaría una condena que podría ir desde los 541 días a los 3 años y un día. Eso, según el Artículo 355 Código Penal, que indica que "el que hallándose encargado de la persona de un menor no lo presentare, reclamándolo sus padres, guardadores o la autoridad, a petición de sus demás parientes o de oficio, ni diere explicaciones satisfactorias acerca de su desaparición, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio".