Mientras el Gobierno volvió a ratificar que esta semana ingresará el proyecto que reforma la educación superior, los estudiantes aglutinados en la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) se declararon en "estado de alerta" por su contenido.

La ministra Delpiano reiteró ayer que, conforme al compromiso del Gobierno -que vence hoy- el proyecto "esta semana tiene que ingresar (al Congreso), ya la próxima semana se da cuenta en Sala de que ingresó al Parlamento y se mandará a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que es por donde se va a iniciar el debate".

La discusión, agregó la secretaria de Estado, se iniciará la próxima semana, ya que esta es distrital.

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central y vocero de la Confech, Gabriel Iturra, expresó que "estamos en estado de alerta respecto del ingreso del proyecto de ley, que se va a dilucidar dentro de las próximas horas. Una vez que tengamos claridad, van a ser las próximas decisiones que tomemos".

El dirigente agregó que una asamblea especial de la Confech, este sábado, definirá la postura definitiva del estudiantado.

El dirigente estudiantil adelantó que "todos los borradores que nos han presentado los hemos rechazado de forma y fondo. Y si no se incorporan las demandas que hemos planteado, evidentemente va a haber un rechazo del movimiento estudiantil", puntualizó.

sanción al lucro

Uno de los principales puntos que enfrenta a estudiantes y el Mineduc es la clarificación respecto de sancionar el lucro con cárcel, además de prohibirlo en los institutos profesionales y centros de formación técnica. "Nos parece impresentable un proyecto de ley que no ataque efectivamente el lucro", agregó Iturra.

La ministra Delpiano había señalado que el lucro sería considerado como una falta y no como delito con cárcel, como piden los estudiantes. Pero esta argumentó que en el Gobierno "estamos considerando, de alguna manera, el lucro en forma mucho más dura".

El proyecto es uno de los más emblemáticos de La Moneda y apunta a fijar las reglas para el beneficio de la gratuidad y la forma en que se ampliará la cobertura a más estudiantes, reformar el sistema de acreditación de las instituciones y crear una Subsecretaría de Educación.

visiones de rectores

Un grupo de rectores del G-8 (universidades privadas adscritas al sistema único de admisión) mostraron su disconformidad al asistir ayer al Mineduc para tratar este tema.

El rector de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés, dijo que "hemos sido testigos en las últimas semanas a través de los medios cómo esta especie de gremio, que se llama Consejo de Rectores, ha estado discutiendo entre los estatales y los no estatales por una especie de botín, que son los recursos públicos".

El presidente del Consejo de Rectores (Cruch) y rector de la U. de Valparaíso, Aldo Valle, manifestó que el proyecto no cambiará profundamente el sistema.

"No se aprecian con claridad los ejes transformadores. ¿Seguirá habiendo financiamiento estatal para el mercado de la educación superior? La reforma, hasta ahora, promete una mayor regulación pero no una transformación del sistema de educación superior del país", explicó.

Con firma quincenal y arraigo nacional quedó el ex ministro Laurence Golborne, quien fue formalizado ayer por presuntos delitos tributarios relacionados con el financiamiento irregular de campañas políticas, en el marco del caso Penta.

Esto luego de que el juez del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Juan Carlos Valdés, desestimara la petición de la fiscalía y del Servicio de Impuestos Internos (SII) que habían solicitado arresto domiciliario total. El tribunal consideró que Golborne colaboró con la investigación, al acceder a declarar ante la fiscalía, a pesar de que el Ministerio Público había señalado que su testimonio no podría ser reconocido porque omitió antecedentes clave, como mencionar a otras 10 empresas que habrían contribuido para financiar su campaña.

El ex candidato presidencial de la UDI fue formalizado por la emisión de facturas ideológicamente falsas por servicios que no habrían sido prestados a varias empresas -entre ellas Penta, BCI y Ripley- por un total de $378 millones entre los años 2012 y 2014, según los datos recopilados por el Ministerio Público.

De ese total, $218 millones fueron recibidos a través de la empresa Vox Comunicaciones y $160 millones por facturas emitidas por VSA y Siglo Outsourcing.

Según los antecedentes recopilados por los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, esos dineros fueron utilizados para financiar las campañas senatorial y presidencial de Golborne.

"Juicio político"

Tras ser formalizado, el ex secretario de Estado acusó que en su caso ha existido un "un juicio político donde se está acusando de manera distinta a diferentes actores", a la vez que rechazó haber cometido delitos tributarios.

"No me voy a escudar en lo que otros hicieron o en la situación que otros estén viviendo, yo asumo mi responsabilidad y estoy dispuesto a someterme a los tribunales para llegar a determinar que desde el punto de vista tributario, no he cometido delito alguno", dijo al salir de la audiencia.

"Están claros los hechos que reconozco, sin embargo, desde el punto de vista tributario, la acusación que formula la Fiscalía, creo que no es correcta, no he cometido delitos tributarios", dijo.

El ex ministro argumentó que "en la ley electoral no existía ningún mecanismo de financiamiento para las pre campañas políticas".

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva ayer en la investigación sobre las irregularidades cometidas en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la empresa Gestión Ambiental y Territorial (Gate), proceso que comenzó hace ya 13 años y que fue investigado por la ministra Gloria Ana Chevesich.

En un fallo unánime, la segunda sala del máximo tribunal acogió el recurso de casación contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, de agosto de 2014, que había condenado a 11 empleados de empresas consultoras que operaron con el MOP.

Por otro lado, la sala integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Haroldo Brito, Andrea Muñoz y Manuel Valderrama confirmó la sentencia dictada en primera instancia por Chevesich, que condenó a otras 13 personas, entre ellos el ex ministro del MOP durante el Gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos, Carlos Cruz, quien fue condenado a tres años y un día de presidio como autor del delito de fraude al Fisco continuado.

Otro de los condenados fue el ex jefe de finanzas de la Dirección de Concesiones del MOP, quien recibió cinco años de presidio como autor del delito de fraude al Fisco continuado y Óscar Araos Guzmán, que fue sentenciado a 541 días de presidio por el mismo delito.

El senador de la UDI Víctor Pérez, querellante del caso, valoró el trabajo de Chevesich.