A fines de 2015, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) cursó más de 200 infracciones por pesca sin certificación a nivel nacional, cifra que duplicó lo registrado en 2014. Pero, las incautaciones son una parte mínima de la magnitud de este flagelo, ya que no alcanzan a ser el 2% del volumen estimado de pesca ilegal.
Por ello y en lo que constituye un avance en el combate de este problema, global, es que este lunes entró en vigor el acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y que establece "Medidas del Estado Rector del Puerto" para desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Chile está adscrito a este acuerdo desde 2012 y tuvo un rol importante durante su proceso de diseño, compartiendo también experiencia en algunas normas que incluye el acuerdo y que nuestro país ya tenía incorporadas en su legislación desde hace más de una década.
El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Raúl Súnico, destacó el trabajo afirmando que "es un orgullo decir que nuestro país participó activamente en las consultas técnicas de negociación en FAO, que resultaron en el texto de Acuerdo, aprobado por la Conferencia de la FAO a finales del año 2009. Nuestro país lo ratificó en 2012, y desde entonces esperamos su puesta en vigor, lo que solo podía ocurrir una vez que se cumplieran la adhesión de 25 miembros. Hoy el Acuerdo cuenta con 30 miembros, lo que demuestra la relevancia y urgencia que la comunidad internacional le otorga al combate de la pesca ilegal. Ahora hay que avanzar en que más países suscriban a él."
El nuevo tratado requiere que las partes designen puertos específicos para los buques extranjeros, lo que facilitará los controles. Estos barcos deben solicitar permiso con antelación para entrar en los puertos y proporcionar información a las autoridades locales -incluyendo la relativa al pescado que llevan a bordo-, y permitir la inspección de su libro de registro, licencias, artes de pesca y la carga real, entre otros aspectos. Este procedimiento Chile lo aplica desde 2004.
"Nuestro país fue pionero en este tipo de controles, a través de la adopción en el año 2004 de una norma para el uso de puertos nacionales por naves pesqueras extranjeras", puntualizó el subsecretario Súnico.
Cabe destacar que Chile cuenta con una política para prevenir, desalentar y eliminar la pesca Ilegal en el ámbito internacional, la que fue aprobada mediante el Decreto 141 de 2015 y es el resultado del trabajo de distintos órganos públicos liderados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La Subsecretaría trabajó activamente en su diseño, cuya finalidad es establecer los lineamientos fundamentales para enfrentar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Preocupa a la pesca
artesanal
Quien no está muy convencido de la efectividad de estos acuerdos y de sus consecuencias para el país es Hugo Arancibia Zambrano, presidente de la Ferepa Biobío y de la nacional Confepach.
"Estamos preocupados por la entrada en vigencia de esta nueva norma internacional, en este caso, supuestamente, para el control de la pesca ilegal. Esto lo decimos a propósito de muchos acuerdos internacionales que se han firmado y que no han favorecido ni protegido al sector pesquero chileno. Claro ejemplo es lo que ocurre con la ORP (Organización Regional de Pesca) organismo internacional que regula las capturas de algunos peces a través de la asignación de cuotas de pesca y esto lo podemos notar, ya que a contar de entrada en vigor de este instrumento, el sector pesquero nacional comenzó a perder derechos sobre ciertas pesquerías muy importante para el país, como es el caso del jurel. Hoy situaciones como estas siguen y seguirán pasando producto de tener un gobierno que no valora mucho al sector pesquero chileno".
Arancibia agrega que si bien con este nuevo acuerdo, sin duda se pretende prevenir las consecuencias de la pesca ilegal, "cuestión que cremos de la mayor relevancia, nos preocupa sobremanera la firma. Primero, porque se abrirán los puertos chilenos para la llegada de flota internacional a ocupar puertos de propiedad del Estado de Chile, y que éstos puedan también producir descargas para la venta generando una competencia desleal con las embarcaciones nacionales. Luego no está claro el modelo de fiscalización que dichas embarcaciones tendrán, toda vez que el país no cuenta con instrumentos adecuados para su fiscalización, lo que significaría "un remedio peor que la enfermedad". Creemos que el Estado a través de la Subpesca y del Ministerio de Economía, deben preocuparse de la pesca ilegal que se está produciendo en Chile antes de ir firmando convenios que en nada benefician al Estado, sino que generan grandes pérdidas pesqueras y económicas al país".
El dirigente sostiene que con la modificación del decreto supremo123, que de alguna manera impedía la utilización de nuestros puertos protegiendo al sector pesquero chileno, se pone en serio riesgo la estabilidad laboral pesquera y claramente el patrimonio del país. En este sentido, llamó a toda la comunidad pesquera nacional "a exigir una entrega adecuada de información para conocer claramente los alcances de esta medida, que permita preveer una situación contraria a este efecto".
Un paso adelante
Para el presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) Luis Felipe Moncada, en cambio, la entrada en vigencia de este acuerdo es un paso adelante para que los países se hagan responsables de las descargas producidas en sus puertos respecto de las cuales deberán cumplir protocolos que desincentivarán la pesca ilegal. "La Asociación de Industriales Pesqueros celebra por tanto su aplicación".
"El principal daño que causa la pesca ilegal y que como gremio nos mantiene alertas es el agotamiento de los recursos. Esta práctica atenta directamente contra la sustentabilidad de las especies", concluye Moncada.
