Después de que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) diera la recomendación favorable a la ampliación del relleno sanitario de Copiulemu, lo que le permitirá operar residuos industriales de mayor peligrosidad, el diputado Marcelo Chávez y el alcalde de Florida, Jorge Roa, llegaron a las oficinas del SEA para manifestar la molestia de la comunidad frente al despacho del informe.

En reunión con Nemesio Rivas, director regional del SEA, el parlamentario y también el jefe comunal argumentaron su rechazo ante la decisión del organismo.

CONDENA INJUSTA

El diputado Chávez dijo que "estamos tremendamente preocupados, y por qué no decirlo, molestos por esta decisión inexplicable del Servicio de Evaluación Ambiental, que le da una recomendación favorable a la ampliación a residuos peligrosos al relleno sanitario de Copiulemu, en circunstancias que el actual, que recibe residuos domiciliarios, funciona en pésimas condiciones".

El parlamentario agregó que la decisión del SEA "condena a la gente de Florida a vivir en la mugre, con malos olores, es decir, con una calidad de vida pésima, algo que no lo entendemos", afirmó tras la reunión.

Por lo mismo, el alcalde de Florida adelantó que el próximo lunes, día en que se votará la ampliación, presentará varios antecedentes a fin de que la comisión reconsidere la decisión. "Esto significaría hipotecar la comuna por mucho tiempo, ya que además de los daños que está causando actualmente el vertedero -como son los olores y el aumento de aves que no son habituales en el sector- está la disconformidad que tiene la comunidad al respecto", aseguró.

Finalmente, el responsable del SEA explicó que "de acuerdo a lo que está publicado en el expediente, que ya es público, el informe que consolida la evaluación recomienda calificar favorablemente este proyecto que está sometido a evaluación, que es el depósito de seguridad en su cuarta etapa".

Una demanda de reparación por daño ambiental, presentada por vecinos y un concejal de Chillán en contra de la Sociedad Hera Ecobio S.A. y su propietaria Biodiversa S.A., fue acogida por el Tercer Tribunal Ambiental con asiento en Valdivia.

La acción judicial admitida tiene que ver con que ambas sociedades, como responsables de un centro de disposición final de residuos que existe en esa comuna, deberán responder por una denuncia que acusa la presencia de desechos tóxicos, específicamente arsénico derivado de fundiciones mineras, que ha sido recepcionado para su disposición final sin ningún tipo de control en el Centro Integral de Tratamiento Ambiental Fundo Las Cruces, de propiedad de las entidades demandadas.

ACLARAR PELIGROS

Los demandantes piden a la autoridad ambiental la declaración de término de la vida útil del proyecto Centro Integral de Tratamiento Ambiental Fundo Las Cruces, además de la reparación integral del medio ambiente afectado.

En la presentación se indicó que existirían antecedentes administrativos que acreditarían que la demandada ha recibido desde el año 2010 una cantidad indeterminada de arsénico derivado de fundiciones mineras.

Se agregó que se desconoce si se ha recibido otro tipo de sustancias peligrosas, y si en dicho acopio se ha cumplido con alguna medida de control del riesgo tóxico que implican estos desechos, lo que se buscará acreditar en el curso del proceso.

A diferencia de lo que ocurrió en Santiago, en Concepción la marcha organizada por los estudiantes sí estuvo autorizada. No obstante, eso no impidió que, al igual que en otros lugares y en otras ocasiones, la movilización concluyera con enfrentamiento con carabineros y desmanes.

La manifestación fue convocada por los estudiantes secundarios, quienes se reunieron junto a grupos de universitarios desde el mediodía.

La columna, que convocó a cerca de 3 mil personas, recorrió las principales calles de la ciudad, incluso la Avenida O´'Higgins, donde mantuvieron interrumpido el tránsito por algunos minutos.

La marcha, autorizada por la Gobernación de Concepción, avanzó hacia la Plaza Perú, registrándose algunos enfrentamientos en San Martín con la Diagonal, donde incluso algunos estudiantes denunciaron ser mordidos por perros policiales.

La evaluación que hizo la autoridad provincial, Andrea Muñoz, fue que "durante el transcurso de la marcha se respetó el recorrido sin disturbios. Lamentablemente, y como en otras ocasiones, la Plaza Perú fue objeto por unos pocos manifestantes, de desórdenes públicos y daño a la propiedad privada. Hechos que como gobierno rechazamos tajantemente y la gobernación evaluará ejercer las medidas legales que corresponda".

Enfrentamientos

Los efectivos resguardaron la Plaza Perú, dispersando a los jóvenes de las cercanías de la Universidad de Concepción. Eso sí, se produjeron algunos disturbios a la altura del Arco de Medicina del campus penquista, donde encapuchados lanzaron piedras a los carros policiales.

Recordar que el objetivo de la marcha fue manifestar el descontento frente a la última cuenta pública realizada por Michelle Bachelet, el pasado 21 de mayo y donde según indicaron se le dio muy poco espacio a las demandas estudiantiles.

Producto de esta marcha, la Universidad de Concepción suspendió sus actividades.

Con unos cuarenta minutos de retraso y con una veintena de vecinos manifestándose tranquilamente en contra de la instalación de una termoeléctrica, el ministro del Interior, Jorge Burgos, arribó a la comuna de Bulnes con el objetivo de inaugurar la tercera comisaría del lugar, que lleva el nombre del suboficial Marcial Gutiérrez.

Lo acompañó el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, quien no emitió declaraciones en su paso por la Provincia de Ñuble, ni siquiera como parte de la ceremonia de inauguración, aunque sí estuvo al lado del ministro en todo momento.

En su discurso, Burgos hizo hincapié en su respaldo a la institución. "Quisiera aprovechar esta oportunidad para, a nombre del gobierno de la Presidenta Bachelet, reiterar una vez más el respaldo más absoluto del gobierno a Carabineros de Chile", expuso.

Lo anterior, en el marco de las críticas que han recibido sobre el actuar de la policía en la marcha del 21 de mayo en Valparaíso y que terminó con un funcionario municipal muerto. Oportunidad en que Villalobos señaló que "las organizaciones con denuncias infundadas, todo eso limita el accionar de Carabineros, coartan su accionar".

SEGURIDAD

Al ser consultado sobre ese tema, el ministro del Interior recalcó que "Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, están para dar eficacia al derecho, otorgar seguridad, dos cuestiones centrales en el funcionamiento de todo Estado. El respaldo es absoluto, así que lo digo y lo reitero, por si alguien tiene alguna duda, que se le despeje".

Ayer se realizó una marcha en Santiago que no contaba con autorización y que culminó con algunos enfrentamientos. Incluso, previo a la movilización, los estudiantes afirmaron que si algo ocurría sería culpa del secretario de Estado.

Sobre eso, el representante de La Moneda mencionó que "ellos insistieron en hacerla en un lugar donde no había autorización y hubo que actuar conforme a derecho. Cuando el intendente Orrego les avisó con tiempo que podían hacer una marcha alternativa, pero no en el lugar que habían solicitado, no hubo respuesta. No se les dijo solamente que no, se les entregó una alternativa y uno busca voluntad de parte de los organizadores. No era un buen lugar por determinadas circunstancias".

Por la posibilidad de que exista una normativa que califique como un delito el uso de capucha o andar con el rostro cubierto, Burgos comentó que "he escuchado las noticias, me gusta pronunciarme cuando hay un texto. Puede ser interesante. En todo caso, el andar embozado, que es un sinónimo de encapuchado, forma parte -por ejemplo- de la posibilidad de que las policías hagan el control de identidad, no desde la agenda corta, me refiero al que existe desde el año 2000. En consecuencia, no es un entidad ajena a nuestro derecho, habría que analizarlo. Es más, el usar disfraz es una circunstancia agravante en la responsabilidad penal, por lo menos cuando yo estudié, sé que sigue vigente".

DELITOS

Burgos se refirió también a las particularidades de los delitos en cada zona, en relación a la ayuda que implica la nueva comisaría. "Yo presumo que en este sector, que es agrícola, el delito de abigeato es un problema, respecto del cual también hay novedades en la agenda corta".

Agregó que "respecto de la violencia intrafamiliar, aquí no caben dos posibilidades, es un delito gravísimo que ya afortunadamente no hay duda de que es un delito. Antes, hace unos años (no muchos), se creía que era una cuestión más bien de carácter privado, eso es inaceptable. No hay nada más importante desde el punto de vista de la aplicación del derecho que asegurar la vida de las personas".

VISITAS

Además, el ministro inauguró una comisaría en San Carlos, que también beneficiará a las comunas de San Nicolás, Ñiquén y San Fabián.

Burgos enumeró las comunas de la Región del Biobío que ha visitado en su año y medio que lleva en el cargo, que bordean las siete, "lo que no es poco", aseveró.

También declaró su apoyo a la creación de la Región de Ñuble: "La Presidenta está muy comprometida, entiendo que el proyecto está en tramitación y que el plazo para entregar las indicaciones es el 3 de junio".