El video que confirmó la agresión que sufrieron dos imputados del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Chillán en marzo de este año, dejó en evidencia la existencia de casos de apremios ilegítimos que en el último tiempo se producirían por parte de funcionarios de Gendarmería en contra de internos del sistema carcelario de la Región.

Entre el año 2013 y lo que se lleva de 2016, la Defensoría Penal Pública del Biobío ha ingresado a las respectivas cortes de Apelaciones de Concepción y Chillán un total de 30 recursos de amparo por apremios ilegítimos de gendarmes. Este año es cuando se muestra un aumento significativo de estos hechos, debido a que en los primeros cinco meses ya van siete acciones de este tipo, es decir, una menos que las realizadas durante todo 2013 y 2015, y las mismas efectuadas en 2014.

"Desde que implementamos el programa de defensa penitenciara en la Región hemos tenido una serie de recursos de amparo que se han presentado precisamente contra funcionarios de Gendarmería por un actuar ilegal y arbitrario", explicó el defensor regional, Osvaldo Pizarro.

Sobre este último hecho, sostuvo que este tipo de situaciones se originan más veces de lo que esperan,y que no en todos los casos cuentan con el material audiovisual que les permita respaldar sus alegaciones en los tribunales. Sin embargó, dijo que, "en términos generales, en el 90% de los casos que hemos recurrido de amparo hemos tenido un resultado positivo".

SUMARIO EN CURSO

A raíz de la golpiza denunciada, Gendarmería inició un sumario administrativo para determinar responsabilidades y posibles sanciones.

Desde la dirección regional de la institución informaron, a través de un comunicado, que esta acción se encuentra en su etapa final, y que los funcionarios involucrados fueron temporalmente apartados de sus funciones en el recinto de Chillán, para garantizar la transparencia del proceso que se lleva.

El alcaide del recinto, comandante Pedro Sanhueza, también precisó que las imágenes captadas y que fueron filtradas públicamente hace unos días corresponden al circuito cerrado de televisión que posee Gendarmería, y que este material fue puesto a disposición del Ministerio Público, junto con todos los antecedentes del caso.

"Se trata de una reacción desmedida que contraviene el uso racional de la fuerza y la normativa vigente en materia de procedimientos penitenciarios y protección de los derechos humanos. Es un caso aislado, alejado de la línea profesional que caracteriza a nuestro servicio y sin duda enloda la imagen institucional", añadió el oficial.

Por último, Gendarmería confirmó que entre 2015 y lo que va de 2016, ya han efectuado 13 sumarios administrativos por apremios ilegítimos. Este año van cinco.

RECURSO DE AMPARO

Dentro de los próximos días la Defensoría Penal Pública pedirá cuentas respecto de si Gendarmería adoptó las medidas que la Corte de Apelaciones ordenó para garantizar la seguridad y el buen trato de las personas que fueron agredidas.

Esta solicitud se hará porque se cumplió el plazo de 30 días que impuso el Tribunal de Alzada de Chillán para concretar lo resuelto por los magistrados.

El Defensor Regional precisó, además, que todos estos hechos están siendo investigados también por el Ministerio Público, para determinar alguna responsabilidad penal sobre el hecho.

Cabe recordar que debido a la gravedad del ataque a los imputados, el Instituto de Derechos Humanos ingresó al Juzgado de Garantía de Chillán una querella por el delito tortura.

"Cuando a una persona se le priva de libertad, sólo se le priva de ese derecho. No del trato digno, de la seguridad individual, de las libertades que dentro de un recinto penitenciario tiene. Por lo tanto, cuando un agente del Estado, como es un gendarme, abusa de su cargo y utiliza fuerza irracional e innecesaria como lo establece la ley, cometiendo un acto cruel, inhumano y degradante, debe ser, eventualmente, sancionado por el delito de tortura, y que es lo que el Instituto de Derecho Humano planteó en una querella", expuso Pizarro.

El 18 de junio comienza a regir en la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Chillán la Ley 20.886 sobre Tramitación Electrónica en la jurisdicción de Chillán. Es por eso que los miembros de la Comisión de Coordinación de Justicia Penal conocieron detalles y alcances de esta normativa, que en diciembre también comenzará a operar en los tribunales que pertenecen a la Corte de Apelaciones de Concepción.

La reunión, que se desarrolló en dependencias de la Fiscalía regional, fue encabezada por el Seremi de Justicia, Jorge Cáceres y contó con la presencia del fiscal regional, Julio Contardo; la magistrada de Chillán, Claudia Madsen; el magistrado de Concepción Carlos Aguayo; el defensor regional (s) Juan Ignacio Lafontaine; entre otros.

Tras la exposición efectuada por la supervisora de la Unidad Administrativa de los Juzgados Civiles de Chillán, abogada Bárbara Manosalva, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Jorge Cáceres, sostuvo que "analizamos también la baja en la delincuencia en la región y avanzamos en la organización de capacitaciones intersectoriales, siendo una jornada muy fructífera, trabajando con claros lineamientos en contra de la delincuencia que nos ha dado la Presidenta de la república Michelle Bachelet".

En tanto en Chillán se agotaron los 150 cupos disponibles para el seminario organizado por la Corte de Apelaciones de Chillán en conjunto con la Universidad de Concepción, sobre la ley 20.866.

La actividad académica, que se desarrollará en el auditorio central de la casa de estudios, sede en Chillán, comenzará a las 15 horas del próximo viernes 20 de mayo y será transmitida íntegramente por el canal del Poder Judicial

Una querella en contra de la persona que detenida como la responsable de la agresión en contra de un menor de un año, es la que presentó ayer en el Juzgado de Garantía de Coronel el Servicio Nacional de Menores (Sename).

La acción tiene por objetivo buscar las sanciones mas alta para la persona que mantiene al lactante con fractura de cráneo y en estado grave en el Hospital Regional de Concepción.

"El Sename condena de manera categórica la brutal vulneración de derechos que significa esta gravísima agresión, esta es una de las peores formas de maltrato que un adulto le puede entregar a una niño (...). estos hechos de la mayor gravedad e inaceptables", sentenció Rina Oñate Cid, directora regional Sename.

A raíz de este hecho el Sename realizó un llamado a los adultos a denunciar el maltrato que pueda estar sufriendo un niño, niña o adolescentes,. Se puede realizar al teléfono gratuito y de forma anónima 800 730 800.

Por cuatro días internados en la Reserva Nacional Ralco un equipo de académicos y estudiantes de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción.

La acción tiene como objetivo llevar a cabo la segunda parte de un estudio, solicitado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), que permitirá conocer el estado de regeneración de los bosques de araucarias en el lugar.

El director regional de Conaf, Jorge Morales, explicó que este estudio denominado "Evaluación del efecto de perturbaciones antrópicas en la regeneración de bosques cordilleranos de araucaria en la Región del Biobío", viene a responder varias interrogantes respecto a este tipo de bosques.

"Tenemos vacíos de conocimiento al respecto. Es decir, necesitamos saber cuál es el verdadero impacto que tiene, por ejemplo, el ramoneo de animales domésticos en la regeneración de estos árboles, sobre todo dentro de la Reserva Nacional. Esta área silvestre es una zona bastante particular, porque acoge a treinta y cinco familias que suben a las veranadas con su ganado al interior de la Reserva, y usa sectores de araucarias para el pastoreo", precisó Morales.

El estudio comenzó en 2015 con el análisis y levantamiento de información sobre los bosques del lugar, concentrándose en el valle del río Quillaicahue. A principios de este año se establecieron parcelas de muestreo para realizar el estudio que debería comenzar a realizar sus conclusiones en octubre.