La Reforma Laboral recientemente aprobada nada dice respecto de mecanismos de incentivo para la inclusión laboral de las Personas Mayores y, por lo tanto, sigue siendo un tema pendiente que como sociedad debemos resolver.

Ya lo puso en la agenda la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) en su propuesta para aumentar la productividad, apuntando a la necesidad de incorporar a las personas mayores, mujeres y jóvenes al mercado laboral.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, puso una luz de alerta informando que la cantidad de Adultos Mayores cesantes hacia fines de 2015 llegaba a 30.280 personas, es decir, un 2,6% de su fuerza de trabajo.

No podemos seguir mirando la vejez como sinónimo de enfermedad. Las personas mayores acumulan una experiencia laboral que no tiene ningún otro grupo de trabajadores. Son disciplinados, responsables y comprometidos. Y lo más importante, muchos tienen ganas de trabajar. Las expectativas de vida en nuestro país han sufrido un cambio significativo, bordeando hoy los 80 años de edad.

En cinco años más el 17% de los chilenos seremos adultos mayores. Por lo mismo, es fundamental que frente a este nuevo escenario, las empresas, públicas y privadas, se atrevan a ofrecer opciones laborales a quienes, pasadas las seis décadas, quieran trabajar.

Pero también se requieren cambios normativos. Debemos generar políticas de empleo para las Personas Mayores que deseen continuar trabajando, incorporando mecanismos como jornadas parciales, teletrabajo, contratos por cumplimiento de objetivos sin horarios, entre otras, que permitan que este segmento se desarrolle de manera adecuada. Sólo de esa forma podremos contener la enorme presión social que se avecina.

El cuarto poder, es decir, la prensa, basta que comunique un hecho (que en sí no es noticia) como noticia, que se encuentra en el tono social, como sucede con el tema de la delincuencia, para que toda la comunidad clame por más cárcel para los delincuentes. Como si los delitos dependieran del tiempo privado de libertad de los privados de ella.

El problema es que así no se reducen los delitos. Y lo cierto es que si dos mil reos recuperan su libertad, esto nunca reducirá los delitos. Y lógico es pensar que mientras más separo a un reo de la sociedad, más desadaptado va a salir, ya que la prolongación del contacto criminógeno no va a favorecer, precisamente, su rehabilitación.

Todas las estadísticas apuntan al funcionamiento del sistema perseguidor, sentenciador y sancionador, punitivo, pero ¿cuándo hablaremos de reducción de delitos? Acaso, ¿alguna vez, desde comienzos del siglo veinte, se han reducido los delitos en Chile?

¿No es acaso pueril pensar que los delitos se van a reducir porque hay más reos en la cárcel? O no conocemos el efecto globo, por el cual si sacamos algunos delincuentes de las calles, su espacio vacío va a ser ocupado, muy pronto, por otros tantos?

Conoce la comunidad que cada reo preso le significa al Estado seiscientos mil pesos mensuales? Y si queremos que todos se queden presos, ¿de donde sacará dinero el Estado para mantenerlos? De donde surgirán fondos para construir más cárceles, para contratar más gendarmes, más carabineros, más fiscales?

Y es preciso hacer una pregunta aún más incisiva: ¿no es acaso una verdad que ninguna de estas medidas ha disminuido ni disminuirá la delincuencia jamás?

Algunos incluso han postulado que a los delincuentes hay que eliminarlos. Pero esta visión es riesgosamente cercana a una sociedad totalitaria, en la cual los derechos son abolidos y el que es acusado, incluso sin debido proceso debe ser eliminado. No es difícil pensar que así volveríamos a la época del terror en la cual la vida deja de tener valor porque cualquiera de nosotros puede llegar al cadalso. Pero no es necesario llegar a pensar en el fin del mundo para afrontar el tema de la delincuencia. El caso es que no con más condenas, privaciones de libertad o perseguidores se van a reducir los delitos.

Es hora de pensar, verdaderamente, esta materia como tema país, formulando políticas públicas que procuren reducir la delincuencia. Eso significa prevención, insertando programas desde la época pre escolar (no solamente clases de inglés o matemáticas), especialmente en sectores más vulnerables, trabajando con menores en riesgo, disponiendo fondos para instituciones y recintos profesionales en el tratamiento de los menores con conductas disociantes, incrementando el empleo formal y con sueldos atractivos para evitar desviaciones hacia campos productivos, porque desgraciadamente la televisión, el cine y la internet nos ha enseñado que tenemos derecho a tener todas las cosas y que el que no las tiene es gil (como señala un tango) y construyendo recintos penitenciarios que permitan rehabilitación, y seguimiento posterior en pro de la reinserción.

O hacemos lo que, como sociedad, debemos hacer, o persistiremos con herramientas y conclusiones grandilocuentes, pero inútiles.