Claro Vicuña confirma opción de tribunales por butacas del estadio
En medio de toda la polémica por el sobreprecio pagado por las butacas del estadio penquista Ester Roa Rebolledo, está Claro Vicuña Valenzuela (CVV). La empresa constructora recibió 30.580 millones de pesos para terminar la infraestructura y tendrá que devolver un monto a determinar por los asientos del recinto deportivo, pues según un informe emitido por Contraloría ellos instalaron una estructura monoblock en vez de abatible, como habían propuesto, que son más baratas que la ofertada.
Hasta el momento, Claro Vicuña se había mantenido al margen de la polémica. Pero, ayer, a través de un comunicado, optaron por referirse al tema. Y, en resumen, dejaron claras dos cosas. Primero, que la empresa "cumplió con todo lo contratado, que era construir un estadio con estándar internacional, que fue recepcionado a tiempo y con la conformidad del comité técnico, reconociéndose la calidad de sus instalaciones".
Y segundo, "que acudirá a la Contraloría General de la República, para ser escuchada en un proceso en el que no ha sido parte, y donde defenderemos nuestro recto actuar".
Probable escenario
El abogado Francisco Santibáñez, asesor jurídico a cargo del estadio municipal, había anticipado a inicios de la semana que este conflicto se podría resolver en tribunales. Esto, considerando que se le solicitará al contratista la devolución de dineros a través de un descuento en las boletas de garantía.
Desde Claro Vicuña dijeron al respecto que "confiados en un buen proceder, y en que no existe perjuicio fiscal, Claro Vicuña Valenzuela, también evalúa recurrir a los tribunales de justicia, como órganos independientes y autónomos, para que ellos se pronuncien y descarten falsas acusaciones".
Detallaron que ellos cumplieron con todo lo contratado, que era "construir un estadio con estándar internacional, que fue recepcionado a tiempo y con la conformidad del comité técnico, reconociéndose la calidad de sus instalaciones. En esa tarea CVV no realizó ningún acto contrario a las normas del contrato y que no existen irregularidades de ningún tipo, ya que el precio pagado corresponde a todo lo que se pidió, a lo que se ejecutó y a lo que fue recepcionado sin objeciones por las autoridades. Se contrató un estadio para la Copa América y se entregó el mejor estadio del país".
Por el momento, el municipio de Concepción y la dirección de Arquitectura de Obras Públicas ultima el cálculo de cuánto costó cada una de las 30 mil butacas instaladas en el Ester Roa.
Contraloría había dado plazo hasta hoy para aquello, pero ya el lunes se vislumbró que no podrían cumplir con la fecha y que se solicitaría un plazo adicional para entregar los antecedentes al organismo fiscalizador.
Aunque aún no está la cifra precisa del descuento, según los concejales Alejandra Smith y Joaquín Eguiluz, debería bordear los 1.200 millones de pesos.
Polémica
El año pasado, tras la realización de la Copa América, los ediles Smith y Eguiluz denunciaron diferencias en el contrato del estadio respecto a lo que finalmente se entregó. Específicamente, aseguraron que se pagó de más por las butacas, pues se instalaron unas más baratas que las comprometidas inicialmente.
Los antecedentes los pusieron a disposición de Contraloría y de la Fiscalía. En el caso del primer organismo, emitió un informe en el que les dio la razón a los concejales, conminando al municipio a solicitar a Claro Vicuña la devolución del diferencial de los fondos. El segundo está indagando los hechos.
Pero, a juicio del municipio todo está en regla. El asesor jurídico Francisco Santibáñez informó el lunes que si bien en un inicio el contratista propuso butacas abatibles, el requerimiento fue de monoblock, que fueron las que se instalaron finalmente. No obstante, la forma en que esto se documentó no satisfizo completamente el criterio de Contraloría.
El origen de la diferencia de criterios radica en el tipo de contrato suscrito con la constructora, denominado de ejecución de obras por sistema de pago contra recepción, el que está normado a través del decreto 108 del MOP y que rige desde abril de 2009.