En tan sólo pocos minutos, cada una de las 33 personas, familiares de las víctimas del denominado caso tsunami, le relataron a la magistrada del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Carolina Guajardo, el dolor que fue perder a sus seres queridos y la impotencia que les provocó el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público y los seis imputados.
Este arreglo, que fue aceptado por los imputados, consiste en suspender el procedimiento por lo que no habría un juicio oral para buscar la responsabilidad penal por la muerte de 104 personas, ocurridas en diversos puntos del país a raíz de los fallida alerta de maremoto el 27 de febrero de 2010.
El acuerdo estipula el pago de una indemnización de $235 millones, los que serían repartidos entre los 141 querellantes. Además, deberán cancelar $10 millones para realizar un seminario y leer una especie de "manifiesto", que un principio era pedir perdón, situación que no admitieron, porque era reconocer culpabilidad.
Según esto, el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, debería pagar $75 millones; la ex jefa de la Onemi, Carmen Fernández $39 millones; Johaziel Jamett, ex jefe de alerta temprana Shoa, $5 millones; y $39 millones cada uno de los tres ex miembros de la Armada que se encontraban en el Shoa: Mario Andina, Mariano Rojas y Andrés Enríquez.
RELATOS DE LA VÍCTIMAS
Algunos lloraron en el estrado, otros se mantuvieron firmes para entregar sus argumentos, pero todos tenían el mismo fin: rechazar el acuerdo alcanzado entre el fiscal José Luis Pérez Calaf con los defensores de los imputados.
En la audiencia, que duró en total casi 7 horas, los familiares de las víctimas comenzaron a exponer pasado el mediodía de ayer sus posturas sobre el acuerdo que dejaría sin culpables la muerte de 104 personas tras el tsunami que azotó la zona central de Chile.
Entre las víctimas que pudieron emitir su opinión hubo un grupo de al menos seis que perdieron a sus familiares en las costas de la Región del Biobío.
Una de las que emitió su parecer fue Pablina Ortiz, quien perdió a su padre, León Ortiz, en Dichato. En la audiencia contó que su familia es de Chillán y que iba todos los veranos a la localidad de Tomé. Ortiz le manifestó a la jueza Guajardo que estos seis años han sido difíciles y dolorosos. Es por eso que rechazó el acuerdo, y argumentó que no es dinero lo que buscan. "Es una vergüenza lo que están solicitando (...). No aceptamos lo que nos están ofreciendo. Quiero creer en justicia, pero esta que nos ofrecen no la es", expresó Pablina Ortiz.
Otro de los familiares que ayer emitió su opinión fue Jaime Oviedo, esposo de Nancy Lema Morales, quien relató cómo falleció su mujer y los errores que hubo esa noche, pues se les avisó a las personas que estaban en los cerros que no había alerta de maremoto.
"Yo exijo un juicio oral como estaba contemplado desde un principio (...). No queremos plata, sino que culpables, al menos una palabra tan simple como perdón", enfatizó Oviedo.
Al igual que ellos, las decenas de personas que Así como estas dos personas le pedían a la magistrada que hubiera justicia y que tras seis años de investigación la muerte de sus seres queridos no quedara impune.
QUERELLANTES
Tras el término de la audiencia, los querellantes penquistas del caso quedaron conformes, ya que en primer término se escuchó a las víctimas, tal como lo establece la ley.
El abogado Enrique Hernández, quien representa a una víctima, sostuvo que el rechazo absoluto de todos los afectados que declararon va en consonancia con lo que los abogados han planteado, "que a esta altura del procedimiento, con la acusación ya formulada, definir esto por una medida que no es un juicio nos parece que es un despropósito".
En tanto, el abogado Leonardo Mello, quien representa a seis familias, expuso que si bien la discusión de fondo para que el Juzgado no acepte el acuerdo será técnica y jurídica, consideró que era importante que la magistrada escuchara los relatos.
"Deja en evidencia lo sorpresivo de la decisión, además de lo injustificado e infundado de esta. El Ministerio Público tenía la mayoría de los antecedentes el 1 de febrero del año 2012 y con los mismos antecedentes, pero cuatro años después nos ofrece esta alternativa".
La audiencia, para seguir escuchando el relato de otras personas, comenzará hoy a las 9 de la mañana, y se espera que los abogados querellantes también intervengan.
Una decisión del tribunal podría darse hoy, dependiendo de qué tan rápido vaya la audiencia, o puede darse en la jornada de mañana. De no ser favorable para las víctimas, recurrirán a la Corte de Apelaciones.
