Una de las interrogantes para la audiencia del lunes 4 en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago es cómo harán para que los familiares de las 141 víctimas del tsunami de 2010 quepan en la sala 103. Allí el tribunal analizará la solicitud del fiscal José Luis Pérez Calaf, que reemplazó a Solange Huerta, de aplicar una suspensión condicional del procedimiento por cuasidelito con resultado múltiple de homicidio.

Esto implicará que Patricio Rosende, Carmen Fernández, Johaziel Jamett, Mariano Rojas, Andrés Enríquez y Mario Andina no serán procesados por la fallida alerta de tsunami si se comprometen a cancelar, en total, una indemnización de unos $240 millones.

En la suspendida sesión del 7 de marzo, se acordó reprogramar la fecha para escuchar a quienes perdieron a su cercanos el 28 de febrero, hace cinco años atrás. Entre los fallecidos hay 30 de la Región.

La audiencia iniciará a las 9 horas y se proyecta que se extienda a lo menos por dos días, considerando la gran cantidad de personas convocadas.

Dolor e injusticia

"Me gustaría transmitir que esperamos seis años por justicia y de pronto sale esta alternativa de suspender el juicio. Tengo una impotencia tan grande de que no habrá justicia, ni para mí ni para las otras personas que perdieron a sus familiares". Eso es lo que pide Norma Silva, una de las convocadas el lunes.

No sabe si podrá asistir a la audiencia. Además de tener un problema de salud, recordar el momento en el que perdió a su madre en la población Santa Clara de Talcahuano es algo que aún la altera.

"La audiencia pasada, la que se suspendió, la vi completa y me angustié, me puse a llorar. El caballero que habló me emocionó demasiado", explicó.

Sus expectativas respecto a lo que pase el lunes no son muy altas: "Antes, con la fiscal Huerta, tenía esperanzas, pero ahora con la salida alternativa propuesta por el nuevo fiscal Pérez siento como que se nos cerraron las puertas de la justicia".

PASO A PASO

Las expectativas respecto al resultado de la audiencia del lunes no son muy auspiciosas para el abogado Leonardo Mello. Según el jurista, que representa a 38 familiares de 7 fallecidos, que el tribunal haya citado a declarar a quienes estaban vinculados a las víctimas es un imperativo legal y de ello no se puede anticipar un resultado favorable.

Esto, ya que la decisión del tribunal, expuso, responderá a un sinnúmero de factores.

"Sólo recoge el sentimiento de un mínimo de dignidad, que es escuchar el relato de los afectados", agregó Mello.

En esa línea, el jurista afirmó que los planteamientos que se hagan en la extensa jornada del lunes serán desde el punto de vista humano. Eso, al menos, es lo que él espera.

Mencionó que si bien son 38 personas las que él representa, es posible que no todas asistan a la audiencia en Santiago. Lo anterior, considerando que a las complicaciones de horarios y costos que el viaje puede implicar se suma la carga emocional. "En algunos casos hay protección hacia las víctimas, desde el punto de vista sicológico", explicó.

Reiteran reproche

Tanto Norma Silva como el abogado Leonardo Mello expresaron nuevamente su molestia por cómo se ha llevado el proceso.

Inicialmente era la fiscal Solange Huerta quien llevó a cabo la investigación, la que derivó en la formalización, en mayo de 2014, de los seis ex funcionarios de gobierno y de los organismos de emergencia.

"Con ella trabajábamos coordinadamente y con reuniones periódicas y ella ya nos había manifestado que estaba la decisión de ir a un juicio", recordó Mello.

No obstante, con la salida de Huerta y el ingreso al caso del fiscal Pérez Calaf las cosas cambiaron y entonces, a través de la prensa, como él mismo mencionó, comenzaron a enterarse de los cambios, como la opción de suspensión condicional del proceso.

El abogado tiene pocas expectativas respecto a lo que pase el lunes. Por eso, anticipa que si el tribunal accede a esta salida recurrirán a la Corte de Apelaciones.

Más de 200 millones de registros de personas con antecedentes policiales y judiciales son los que estarán disponibles desde la próxima semana, cuando comience a operar de forma definitiva el Banco Unificado de Datos (BUD) que fue anunciado hace más de un año por el gobierno.

El sistema es una plataforma que centraliza la información proveniente de las bases de datos de los diversos organismos del sistema de justicia criminal: Fiscalía, Policías (Carabineros y Policía de Investigaciones), Poder Judicial, Gendarmería, Sename, Ministerio de Justicia, Servicio de Registro Civil y el Ministerio del Interior.

En la visita de ayer a San Pedro de la Paz, el subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, participó en la inauguración de una plaza que es parte del programa de Recuperación de Espacios Públicos. En esta instancia el personero de Estado comunicó que durante la próxima semana el Banco Unificado de Datos comenzará a funcionar de forma operativa.

"Eso está listo en términos técnicos, sólo faltaba la cesión de licencias al Ministerio Público, que es el administrador. Ese fue un trabajo jurídico importante pero que ya se firmó, por lo tanto, la próxima semana yo aseguro que va a estar inaugurado", expuso el subsecretario de Prevención del Delito.

La autoridad nacional comentó que cada entidad accederá al sistema. Fiscalía, por ejemplo, tendrá un número definido de licencias para acceder a la información en línea que esté en la plataforma.

En este punto, Antonio Frey informó que cada una de las instituciones tendrá un servidor que traducirá esta información a un lenguaje común, el que será incorporado al Banco Unificado de Datos.

"Eso es un punto, pero además estás instituciones tendrán licencias de uso. Carabineros, por ejemplo tendrá 92 licencias para los carabineros que están en todas la centrales de Cenco. Entonces, el efectivo policial que esté en la calle consulta ahí la información de alguien, y desde éste pueden informarle sobre una medida cautelar de arresto domiciliario que no se está cumpliendo, situación que permitirá arrestarlo", contó el subsecretario, que enfatizó que el sistema le permitirá a las instituciones tomar mejores decisiones.

Frey declaró que durante un plazo se realizará una marcha blanca para controlar los indicadores de gestión.

"Es para hacer un barrido y ver cómo nos estamos comportando y haciendo los instructivos que correspondan, porque muchas veces esa información no la teníamos a mano, y cuando teníamos un quebrantamiento de una persona menor de edad , muchas veces, por ejemplo, carabineros no sabía si debía llevarlo a un juzgado o a un centro del Sename. Entonces, esos son aspectos que hay que ir puliendo", declaró.

Con cerca de $700 mil pesos huyeron tres delincuentes que durante la noche del jueves, a eso de las 21 horas, asaltaron una caseta de pago del permiso de circulación en Concepción, específicamente en calle Ramón Carrasco del sector Lomas de San Sebastián.

De acuerdo a los primeros antecedentes, los sujetos, provistos de un arma, ingresaron al recinto, intimidaron al personal y luego huyeron a bordo de una camioneta.

Testigos indicaron a soyconcepcion.cl que los individuos tocaron la puerta de la caseta y luego realizaron un disparo al aire, lo que generó pánico entre quienes se encontraban en el recinto pagando su permiso.

El alcalde (s) de Concepción, Aldo Mardones, dijo que se solicitó la presencia de Carabineros en todos los puntos de pago de la comuna. Personal del Labocar de Carabineros iniciaron las diligencias para dar con los delincuentes.