La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, busca el apoyo de los otros partidos de su coalición de Gobierno después de que el martes la abandonara la formación política más grande del país, en momentos en que enfrenta un juicio político que podría provocar su caída.

Según informaron medios locales, la mandataria planea usar las vacantes que dejarán los miembros del Pmdb en el Ejecutivo para reforzar el apoyo de las seis agrupaciones que permanecen en la coalición junto con su Partido de los Trabajadores (PT).

Los líderes del Partido Movimiento Democrático Brasileño (Pmdb) anunciaron el martes que sus miembros renunciarán a sus seis puestos en el gabinete y unos 600 empleos en el Gobierno federal, pero ayer parecía que al menos tres ministros permanecerían en el gabinete.

Según el diario O Estado de S. Paulo, el ministro de Salud, Marcelo Castro, y el de Ciencia y Tecnología, Celso Pansera, buscaban un acuerdo para permanecer, en tanto que la ministra de Agricultura, Katia Abreu, podría desvincularse del Pmdb para seguir en el gabinete.

Rousseff necesita al menos 172 de los 513 votos en la Cámara de Diputados para detener el juicio político por supuesta violación de leyes fiscales. Se prevé una votación a mediados de abril, y sin los 69 votos del Pmdb, las probabilidades de sobrevivencia de la gobernante parecen disminuidas.

La popularidad de Rousseff ha caído en picada en medio de la recesión más grave en varias décadas y un escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras que se acerca al círculo gobernante. Ayer, un nuevo sondeo reveló que solo un 10% de la población apoya a la presidenta, un ínfimo aumento con respecto a su popularidad el año pasado. La encuesta, elaborada por la agencia Ibope, también mostró que la desaprobación de la mandataria llega a un 69%.

"no habrá golpe"

En un acto en el que anunció nuevas metas para un programa de construcción de viviendas populares, Rousseff volvió a calificar ayer a calificar como un "golpe" el "impeachment" promovido en su contra por la oposición y aseguró que la quieren "derrocar" para "golpear los derechos conquistados por la población".

La máxima autoridad del país fue respaldada por activistas de movimientos sociales al grito de "no habrá golpe", que se repite en cada manifestación en favor de la mandataria y ayer se escuchó en los salones del Palacio presidencial de Planalto.

"Tenemos que estar atentos, porque quien no tiene razones para sacar a un Gobierno con base en la Constitución, quiere sacarlo para golpear los derechos conquistados por la población", aseguró.

Rousseff incluso planteó que si eso ocurre con una Presidenta elegida democráticamente, "qué no harán contra el pueblo" aquellos que, en su opinión, "no aceptaron nunca" los programas sociales que han beneficiado a millones de brasileños en los últimos años.

La oposición promueve un juicio político contra Rousseff bajo la acusación de que incurrió en un "delito de responsabilidad", que la Constitución prevé como causa de destitución de un Jefe de Estado, al avalar unas maniobras contables para supuestamente maquillar los resultados del Gobierno en los dos últimos años.

Rousseff reiteró que eso "no es un delito de responsabilidad" y que las cuentas que pueden ser juzgadas son solo las de 2014, ya que las de 2015 aún no han sido siquiera recibidas por el Congreso, que las debe aprobar o rechazar cada año.