Es uno de los proyectos clave del actual gobierno y a la vez muy cuestionado por varios sectores. La reforma laboral pasó el miércoles por la Sala de la Cámara de Diputados, la cual aprobó en general la iniciativa, siendo cuatro los artículos que pasaron a comisión mixta: huelga pacífica, negociación interempresa, negociación semirreglada y derecho a la información que se le entrega a los sindicatos en el marco de una negociación.

Con esto, la normativa quedó muy cerca de que salga del Parlamento y sea promulgada como ley por el Ejecutivo, pasos que preocupan a varios sectores productivos del país y, claro, a la Región. Durante la semana estuvo en Concepción el abogado jefe de la Gerencia de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción (Cchc), Gonzalo Bustos, quien expuso a los socios del gremio los alcances de la "Reforma a la Reforma Tributaria" respecto al IVA y los cambios normativos en materia laboral.

Sobre este segundo punto se centró, principalmente, la conversación que el profesional sostuvo con este medio una vez concluida la charla con los asistentes.

EL TC

De entrada afirmó que han dicho hasta el cansancio que se trata de un muy mal proyecto, que es desequilibrado, que le entrega un poder enorme a los sindicatos e incluso que tendría algunas inconstitucionalidades que, en su minuto, tendrá que resolver el Tribunal Constitucional (TC), sobre todo en materia de extensión obligatoria de beneficios. "Cuando al dueño de la empresa le dicen que no puede extenderle beneficios a los trabajadores, porque esos fueron logrados por el sindicato, se está afectando por una parte el derecho de propiedad del empresario, porque él es el dueño de la plata y podrá disponer a quién le entrega los beneficios. Y, por otra parte, se afecta la libertad individual de los propios trabajadores, al decirles que si no están afiliados al sindicato no se les extenderán los beneficios, salvo que el sindicato esté de acuerdo y no me imagino que un sindicato vaya estar a favor sin una negociación previa con el empleador", explicó.

Por eso, añadió, a su juicio hay una afectación clara tanto de los derechos de los trabajadores, como del propietario de una firma, quien es finalmente el dueño de los recursos y "por qué habría que pedirle permiso a alguien para disponer de ellos". "En general es una muy mala iniciativa, que se da en un muy mal momento, en que económicamente el país no está bien y no está preparado para una reforma como esta", remarcó.

Agregó que el nuevo precepto aumentará los costos de contratación, lo que traerá un grado mayor de cesantía, porque las empresas "no sé hasta que punto sabrán adaptarse rápidamente a estos cambios". Además, recalcó que las más afectadas serán las pymes, sobre todo porque será muy riesgosa la negociación con los sindicatos interempresas, que tienden a los promedios. Por ende, planteó que en los próximos años se tendrá claro si las pequeñas y medianas empresas podrán hacer frente a ese nuevo escenario.

Bustos hizo ver que tampoco se tiene certeza si el proceso de adecuación a estas disposiciones será fácil. Hay daño y desequilibrios importantes, subrayó.

FORZADO

El abogado aseguró que todo tiende a una sindicalización forzosa, porque si una persona deseara negociar en forma individual una mejora de sus condiciones, es probable que el empleador caiga en una práctica antisindical, sobre todo si está en un proceso de negociación colectiva. Por lo mismo, Bustos dejó en claro que la afiliación obligada no está consagrada en la Constitución y tampoco en los convenios internacionales.

Precisó que a pesar de que ya es tarde para subsanar estos errores, debido a que están extinguidas las negociaciones en el Congreso y el gobierno, sí ya se han hecho las reservas de inconstitucionalidad sobre estas materias, sobre todo en extensión de beneficios. Por ende, "creemos, aunque no podemos asegurarlo, que esto terminará en el TC. Ahora, si este organismo acepta o no el reclamo, las relaciones laborales serán complejas igual, pero este punto lo agrava más aún. Si no se acepta esta tesis por parte del TC y se declara como constitucional que no se puedan extender los beneficios, solo agrava más a lo que llamamos una mala reforma".

Bustos reconoció que una cosa es fortalecer a los sindicatos, en que nadie podría estar en desacuerdo, pero otra es llegar a los niveles de desequilibrio que existirán con esta reforma.

Ante ese panorama ¿se prevé una baja en contrataciones, en especial en el sector construcción? El profesional dijo que se podría dar, pero falta una parte importante de la discusión, que dice relación con qué pasará con la negociación interempresa (punto que pasó a Comisión Mixta).

"Si vamos a negociar con los sindicatos interempresas, si van a negociar las grandes, las chicas, todas, es bien relevante considerarlo para poder medir los efectos en el sector", apuntó.

Así como salió del Senado, bastaría que 8 trabajadores, y en el caso de las pymes que representen al 50% de sus colaboradores, se dará que cualquier firma que tenga ese o más número, eventualmente terminará negociando. La construcción está compuesta por pequeñas especialidades y si cada una de ellas va a convenir colectivamente va a ralentizar el proceso, lo va a entrampar, lo encarecerá. Además, no solo tratará de lograr acuerdos una empresa grande, sino que cada una que tenga 8 o más trabajadores se verán expuestas a que llegue un sindicato interempresas y los obligue a negociar.

NADA DE FÁCIL

Hay una norma, apuntó el abogado de la Cchc, que se agregó en el Senado, en que un empleador puede, en caso de que uno de los subcontratistas declare la huelga, reemplazarlo, "pero ya estamos en un terreno en que si un subcontratista que instala ventanas y me declara la huelga ¿es tan fácil reemplazarlo de una día para otro? cierto, está la posibilidad, pero no es sencillo. La construcción es de especialidades, hay pocos, no es llegar y cambiar".

A priori, Gonzalo Bustos planteó que el panorama que se viene no será nada de fácil y habrá que acostumbrase a él, a trabajar bajo estas nuevas reglas y el tiempo irá ayudando a ver cómo se acomodará el país. La reforma debería entrar en régimen durante este año.

Ahora, si bien todas la leyes son modificables, el profesional aclaró que a la reforma tributaria sí se le pudieron hacer cambios, porque había que hacerla aplicable, porque "hay que recordar que era una pésima ley y lo que se hizo fue simplificarla para no poner en riesgo la meta de recaudación".

Pero su temor es que colocar enmiendas a la reforma laboral no es tan fácil, porque tiene que ver con un ámbito más social. "Me costaría pensar que vayamos a tener grandes motivos para cambiarla una vez que esté aprobada, porque los senadores y parlamentarios se mueven por los votos y presentar un proyecto de ley para variar esto o que un gobierno nuevo llegue y diga que la echará para atrás quita votos. Creo que esta ley durará mucho tiempo. Se pueden afinar cosas, pero en lo grueso no veo que esto pueda reformarse con la fuerza y el ímpetu con que se hizo para reformar la tributaria, que además se hizo en tan poco tiempo", cerró.