Inicialmente se había fijado la partida del proceso ciudadano con miras a una reforma constitucional para marzo. De acuerdo al avance actual esto no será posible, aunque para el abogado DC Patricio Zapata, presidente del Consejo Ciudadano de Observadores, aún no se puede hablar de un retraso en el cronograma.

"La idea era realizar los diálogos ciudadanos durante 2016. Esa era la meta", recuerda. Aunque aún sin fecha clara para el inicio del proceso, Zapata estima que el 18 de abril debería partir la primera etapa, que incluye reuniones a nivel comunal.

El Consejo está compuesto por 15 personas, representantes de diversos sectores de la sociedad, lo que abarca desde futbolistas hasta abogados constitucionalistas. Su objetivo es garantizar la transparencia de los diálogos ciudadanos, instancia donde todos quienes lo deseen podrán opinar respecto a cómo debería ser la nueva constitución para el país.

Sobre el proceso en la Región, el seremi de Gobierno, Enrique Inostroza, manifiesta que "lo anunciado por la Presidenta Michelle Bachelet el 17 de octubre del 2015 indica los meses de marzo y abril para efecto de iniciar los diálogos ciudadanos. La definición específica de los plazos está siendo coordinada desde la Segpres con el Consejo de Observadores".

Observaciones

Este fin de semana, adelanta Zapata, esperan entregar al Ejecutivo la propuesta respecto a cómo deben desarrollarse los diálogos ciudadanos, etapa final del proceso y que está proyectada para junio o julio, por lo menos.

Son dos las observaciones planteadas a la propuesta diseñada por el gobierno. La primera tiene que ver con la metodología para el desarrollo del diálogo. Y, para asegurar que sea un proceso imparcial, el Consejo estima que no debe existir la obligación de llegar a un acuerdo.

"Hay que quitar el protagonismo de los facilitadores (quienes moderarán los diálogos ciudadanos) dirigido a forzar acuerdos, pues la metodología estaba cargada a esto. Pero, para que el diálogo sea más fluido hay que permitir que se expresen los desacuerdos, ya que esto también tiene valor", manifiesta el abogado constitucionalista.

Según Zapata, en la medida que esto se respete la ciudadanía percibirá el proceso como real y no sesgado. Esta dificultad se había advertido con anterioridad, vinculada a la participación de autoridades durante las etapas previas.

Esto se dio luego del encuentro que la Presidenta sostuvo con los intendentes durante la primera semana de marzo, donde llamó a las autoridades locales a ejercer su rol dentro del proceso.

Por eso también se optó por no incluir a los alcaldes en la organización de los diálogos, para que no se le diera un uso electoral, considerando las elecciones municipales de octubre.

El segundo punto crucial para el Consejo es el temario. "Creemos que hay que cambiar algunas palabras. Que sea simple en el lenguaje, así que hay que sacar términos abstractos. La idea es que cualquier persona pueda entender los conceptos", plantea.

Etapa actual

El jueves de la próxima semana, el 24, el Consejo debe tener seleccionados a los 216 facilitadores, que liderarán los procesos en el país. De ellos 54 corresponderán al nivel central para apoyar procesos específicos fuera de la programación provincial, y 162 conformarán equipos de tres facilitadores en cada una de las 54 provincias del país. Esto implica que en el Biobío habrá 12 personas liderando el proceso.

Zapata recuerda que a través de Alta Dirección Pública postularon 8.691 personas y que hasta que se cierre el proceso de selección un grupo del Consejo recorrerá las regiones para entrevistar a los interesados. El abogado estima que durante la primera semana de abril se realice la capacitación de los seleccionados.

Expectativas

El líder del Consejo de Observadores sabe que es un momento complejo, considerando la falta de confianza en las autoridades y en la política que exhibe la ciudadanía. Por ello, cree que si entre 50 mil y 80 mil personas asisten a los cabildos, el proceso puede considerarse exitoso.

Desde el gobierno, Enrique Inostroza destaca la importancia de esta etapa en la definición de una nueva Constitución, que involucra participación ciudadana mediante un método denominado convergencia deliberativa.

"Permitirá no solamente que las conclusiones de los diálogos locales, comunales y provinciales sean el insumo para este fin, sino también se puedan recoger aportes individuales sobre la temática de la nueva Constitución", afirma.

Será el próximo parlamento el encargado de llevar adelante el proceso, el que entre otros, deberá definir bajo qué metodología se hará el cambio.

El fallo de la Corte Suprema que ratificó que las parejas que firmaron el Acuerdo de Unión Civil (AUC) no pueden inscribir como cargas familiares a sus convivientes dejó al descubierto el vacío legal y la indefensión en la que quedaron los que optaron por un vínculo legal a través de esta ley, situación que a criterio de parlamentarios de la Región debe subsanarse.

El espíritu de la norma, que comenzó a regir en octubre de 2015, buscaba que las parejas que no optaban por el matrimonio tuvieran iguales derechos en beneficios. Esta fue la solicitud que realizó Andrés Durán al incorporar a su pareja, Lizardo Gutiérrez, como carga familiar en la Caja de Compensación de Los Andes, lo que fue rechazado por la institución y luego por la justicia.

"Claramente vamos a tener que legislar si hay una interpretación jurídica que ya ha generado jurisprudencia de que definitivamente estas personas no van a poder ser cargas familiares para el sistema de beneficios que entregue el Estado. Si la ley genera vacíos en la práctica, debemos hacernos cargo", comentó el diputado PPD, Cristián Campos.

El diputado PS, Manuel Monsalve, expresó que la ley buscaba proteger el patrimonio común, y en el caso de que uno de los dos aportara los recursos, la otra era una carga familiar. En esa línea, el parlamentario expresó que "si la ley no alcanza, y por lo tanto no clarifica este punto que se ha planteado como fallo, evidentemente necesita una modificación (…). Coincido plenamente que este es un vacío de interpretación".

El gremialista Enrique van Rysselberghe, quien votó en contra del AUC, sostuvo que la situación que viven las dos personas que se acogieron a la ley fue producto de una "desprolijidad de los promotores del proyecto, ya que prometieron una serie de beneficios que hoy claramente, tras este fallo, evidentemente no se están cumpliendo".

Desde el gobierno

Ante las críticas que hubo respecto a que la ley se aprobó de forma apresurada, el seremi de Justicia, Jorge Cáceres, expresó que no es efectivo y que la norma tuvo una discusión ardua y completa.

"Cuando surge una nueva ley, como es en este caso, presenta ciertas relaciones o interrelaciones con otras normas, las que después es necesario adecuar. Es algo normal lo que está pasando", aseguró el seremi.

La autoridad de justicia expresó que se está trabajando para ajustar los puntos conflictivos, lo que se estaría abordando a través de una ley corta.

"Se deben hacer las adecuaciones necesarias legales para que puedan ser incluidos plenamente como cualquier otro ciudadano en una serie de derechos que son importantes", expuso Cáceres, quien dijo que esto se está trabajando en conjunto con el Movilh.

Además, aclaró que a la cartera regional no han llegado otras denuncias, como las que hizo la pareja de Durán y Gutiérrez.

El Senado acordó que hasta el lunes 18 de abril se podrán presentar indicaciones al recientemente aprobado proyecto de ley que crea la XVI Región de Ñuble y las provincias de Diguillín, Punilla e Itata.

La iniciativa, que se encuentra en primer trámite constitucional, incluye dentro de su discusión normas relacionadas con las atribuciones en las regiones.

El senador Felipe Harboe (PPD) calificó esta tramitación como histórica, considerando que la comunidad ñublensina lleva 30 con esta demanda. Su par de la UDI, Víctor Pérez, planteó que se trata de un proyecto que ha tenido el respaldo ciudadano y se ha ido construyendo al través del esfuerzo de todos.