El Gobierno argentino expresó su voluntad de "arribar a una solución amistosa" con la familia de Jaime Guzmán, la UDI y la fundación que lleva el nombre del fallecido senador, con respecto a la solicitud que en 2012 realizaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para que esta se pronuncie sobre la negativa del país trasandino a extraditar a Galvarino Apablaza, acusado del crimen del legislador.

La información fue dada a conocer por el canciller (S) Edgardo Riveros, quien dijo que el Ejecutivo chileno "valora" este anuncio y además lo considera "un paso positivo para poder encontrar alguna solución al tema planteado".

"Es un diálogo amistoso con los peticionarios en lo que es el sistema de protección de derechos humanos", agregó el ministro de Relaciones Exteriores subrogante.

Riveros subrayó que "es una situación valorable y positiva de que, en el marco de la protección del sistema de derechos humanos, haya una posibiblidad de que los peticionarios puedan arribar a una solución".

El canciller (S) puntualizó que "el Gobierno argentino toma el resguardo de señalar que esta voluntad no implica un reconocimiento de los hechos".

Según explicó Riveros, este proceso es paralelo a la apelación que el Gobierno del país vecino presentó a la resolución de un tribunal argentino que permite a Chile poder impugnar el estatus de refugiado de Apablaza.

Sobre esto último, el secretario de Estado informó que Argentina presentó el escrito con los fundamentos de su apelación y que si bien La Moneda aún desconoce el contenido del texto, dijo que cuando se tome conocimiento "el equipo jurídico verá el curso a seguir, para lo cual tenemos un plazo de cinco días".

"Tenemos como elemento esencial el cumplir con nuestras obligaciones y facultades, de tal manera que ante la apelación insistiremos en lo que son nuestros fundamentos ante el tribunal", sostuvo Riveros.

En la UDI calificaron como una "buena señal"lo anunciado por la administración de Mauricio Macri, aseverando que esta "quiere un diálogo".

"Valoramos la respuesta que dio el Estado argentino. Creemos que es un buen antecedente el que Argentina haya dado una respuesta, pero sobre todo vamos al contenido de esta respuesta", manifestó el diputado gremialista Issa Kort.

El legislador opositor agregó que "Argentina hoy le pide formalmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente a la Comisión Interamericana de Derechos humanos, que cree una mesa de diálogo con el fin de crear una solución amistosa".

A juicio del diputado, "Argentina quiere un diálogo, busca sentarse a la mesa y evitar llegar al tribunal de la Corte", agregando que "en el momento en que Argentina reconoce que hay un problema, busca una solución, la cual es de carácter amistosa".

Kort dijo que el partido estudiará con sus abogados la respuesta de Argentina para luego presentar una contra respuesta a la Cidh. Asimismo, el parlamentario pidió al Gobierno trasandino transparentar su apelación por el estatus de refugiado de Apablaza.

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, confirmó ayer que la Contraloría General de la República aprobó el decreto que, en el marco de la ley de Inclusión, establece en qué pueden ocupar los recursos públicos los sostenedores de colegios subvencionados.

Esto a raíz de que el martes 1 de marzo entra en vigencia la ley de inclusión, que entre otros aspectos, prohibe el lucro en los colegios, lo que implica que los sostenedores de establecimientos subvencionados por el Estado ya no podrán retirar utilidades y solamente las podrán reinvertir en cosas que tengan fines educativos.

"Contraloría aprobó uno de los decretos muy importantes, sobre cuál es el uso educativo de los recursos públicos; se va a publicar entre hoy y el jueves, por tanto ya es y así va a ser", afirmó la secretaria de Estado.

La titular de Educación enfatizó que con esta resolución de la Contraloría, "los recursos que van a recibir los colegios de parte del Estado, sea el bono SEP y gratuidad, se podrán utilizar sólo en aspectos educativos como contratar a profesores, tomar talleres, equipar los colegios".

Delpiano manifestó que, a pesar de que el lucro aún va a estar vigente durante este año y hasta 2017, la aprobación de este decreto se traduce en que este año "no se puede echar esa plata al bolsillo nadie".

La ley de Inclusión establece que todos los colegios que reciban fondos públicos deberán reinventir sus utilidades con fines educativos, entre los que se cuentan la contratación de personal docente, arreglos y mantención en el inmueble e insumos para la gestión educativa, entre otros.

FRUTOS DE LA REFORMA

La Presidenta Michelle Bachelet volvió a encabezar una actividad del área educación junto a la ministra Delpiano.

Durante la inauguración de un jardín infantil y sala cuna en la comuna de Huechuraba, en Santiago, la Mandataria se refirió a la importancia de la entrada en vigencia de la ley de inclusión.

Bachelet sostuvo que 2016 es "un año muy importante para la educación, porque la reforma ya está mostrando sus frutos".

Asimismo destacó la importancia de la educación pre escolar y manifestó que "es a esta edad, entre los tres meses y los cuatro años como aquí, donde podemos sembrar las semillas que verdaderamente dan buenos frutos". Y enfatizó que "a lo largo del país, estamos poniendo toda la energía en garantizar calidad e inclusión desde la cuna hasta el nivel superior".