Cuando estamos a días de conocer los resultados de la PSU, quienes llevamos años trabajando en la atención educativa a estudiantes en situación de discapacidad reflexionamos sobre las oportunidades que ellos tienen de acceder, permanecer y egresar de la educación superior y, a partir de ello, mejorar su calidad de vida.
El primer impulso formal a los procesos de integración escolar surgió a partir del decreto 490/90 que estableció las normas técnicas y administrativas para integrar alumnos con discapacidad a establecimientos comunes, que luego fue derogado por el decreto 1/98, que reglamentó el capítulo de Educación de la ley 19.284, de integración social de personas con discapacidad y, hoy nos enfrentamos a la implementación del decreto 83/2015 que establece Criterios y Orientaciones de Adecuación Curricular para Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales de Educación Parvularia y Educación Básica.
Hago esta presentación para reflejar cómo el sistema escolar ha realizado esfuerzos por atender la diversidad de estudiantes, incluidos aquellos que presentan una discapacidad. Para ellos el acceso a la educación superior debiera ser el camino natural al proceso de integración e inclusión educativa.
Sin embargo, la visualización de estos estudiantes en las instituciones de educación superior sigue siendo escasa. Entonces, los cuestionamientos son ¿qué pasa con la articulación en el sistema educativo?, ¿por qué los estudiantes en situación de discapacidad que han sido beneficiarios de programas de integración escolar en el colegio y en el liceo continúan en tan poca proporción en la educación superior?, ¿dónde va la inmensa mayoría de estos estudiantes una vez que egresan de cuarto medio?, ¿cuáles son sus opciones para continuar avanzando en su proceso formativo y acceder, en igualdad de oportunidades académicas, más tarde al mundo laboral?
Darse cuenta de que estos esfuerzos de inclusión se ven coartados resulta frustrante para los profesores que trabajan por ofrecer alternativas educacionales a alumnos que presentan necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. También para los padres y apoderados que año tras año apoyan a sus hijos en el desarrollo de sus habilidades conceptuales, sociales y prácticas. Y, asimismo, para los jóvenes que han debido muchas veces soportar el estigma de la discapacidad y reinventarse a partir de ello.
Esos esfuerzos se ven coartados, a veces, por falta de información, pero muchas otras porque las instituciones de educación superior no se hacen cargo de abrir espacios y ofertar también para ellos carreras, que se sustenten en una gestión y prácticas de tipo inclusivas a fin de responder, también en este nivel, al derecho constitucional de educación.
Existen ejemplos notables en casas de estudios superiores que, comprendiendo el rol social que tienen, han generado los mecanismos que permiten asegurar el ingreso, la permanencia y el egreso de personas en situación de discapacidad, pero no son suficientes.
Más allá de eso, nos falta conversar, motivar y hacerles sentir también a estos jóvenes que la educación superior es para ellos, que tal como se esforzaron y sortearon tantas dificultades en su trayectoria educativa previa, también podrán hacerlo ahora.
El trabajo tenemos que hacerlo en conjunto, ellos con su esfuerzo y perseverancia, haciéndose protagonistas de su formación y quienes tenemos responsabilidades en el ámbito de la educación, en cualquiera de sus niveles, siendo siempre un motor que les impulse a no decaer ante las dificultades pero, al mismo tiempo, generando verdaderas propuestas educativas, de calidad, que permitan el logro de aprendizajes y desempeños esperados para un profesional, independiente de su condición.
