En duda puso la familia del Sargento Germán Cid, la culpabilidad del ciudadano boliviano Juan Carlos Quispe Chacolla, en el asesinato de este último y al cabo primero Víctor Godoy en enero pasado en el kilómetro 85 de la ruta que une Tacora con Visviri, en la Región de Arica y Parinacota.

Este planteamiento lo sustentan en que el fiscal de la causa, Mario Carrera, les informó extraoficialmente que la línea investigativa que se ha planteado es que los autores de la muerte de los carabineros, oriundos de Hualpén (Cid) y Los Ángeles (Godoy), había sido perpetrado por ciudadanos peruanos.

"Que el ciudadano haya confesado (en su país) no significa para el fiscal un dato relevante para la detención o iniciar juicio. Entiendo que esta tarde (ayer) se iba a hacer un recorrido, como tipo una reconstitución de escena para ver si el ciudadano entrega antecedentes relevantes que al fiscal la hagan creer que esté involucrado en el caso", contó Alejandro Cid, hermano del sargento asesinado.

El ciudadano boliviano fue entregado en la frontera por vecinos de Charaña, localidad del país altiplánico, ya que había asesinado a una persona de ese sector y que habría confesado tener participación en la muerte de los dos carabineros.

Alejandro Cid expuso que este hecho vuelve a poner el caso de su hermano en la opinión pública, ya que durante estos 10 meses no se le ha tomado la real relevancia por parte del Gobierno.

A casi cuatro años del megaincendio que afectó a las comunas de Quillón, Ránquil y Florida, aún pueden verse pequeños vestigios del desastre que provocaron las llamas que se mantuvieron por más de una semana activas en la zona. Más de 25 mil hectáreas consumidas, 112 casas quemadas y dos personas fallecidas fue el panorama desolador que dejó el siniestro. Por esta razón, y para evitar que este tipo de catástrofe se repita, ayer se firmó un convenio público-privado.

La iniciativa acordada entre la Corporación de la Madera (Corma) y las comunas del Valle del Itata (Coelemu, Cobquecura, Ninhue, Portezuelo, Quillón, Ránquil, Quirihue, San Nicolás y Trehuaco) busca generar por 5 años un modelo participativo con las comunidades vecinas a los predios silvoagrícolas y de esta forma prevenir los incendios forestales como el de 2012.

"Este convenio es más amplio que el tema de los incendios (…). Éste recoge la inquietud que surgió a comienzo de año en los municipios, y que tiene relación en que el sector forestal estaba teniendo un cierto grado de problema en su relación con la comunidad, principalmente con el uso de los caminos y con la falta de agua en la Región", contó el presidente de Corma Biobío, Jorge Serón.

En esta línea, expuso que se buscará que las empresas forestales destinen recursos para arreglar caminos públicos. Actualmente, esta acción no puede ser realizada por privados, ya que la ley se los impide.

Sin embargo, como contó el alcalde de Ránquil y vicepresidente de la Asociación del Valle del Itata, Carlos Garrido, la alianza que habrá entre Corma, Vialidad y el Ministerio de Obras Públicas tendrá como finalidad de "solicitar un pronunciamiento en Contraloría que permita a las empresas intervenir en los caminos que son de responsabilidad de Vialidad".

El convenio también le permitiría a la comunidad acceder a cursos de agua naturales que estén dentro de los predios de las empresas forestales, si existe la voluntad de generar micro embalses u otros. "Estamos diciendo que somos parte de la comunidad y por eso queremos crecer junto a ellos", expresó Serón.

Garrido declaró que a este trabajo también se le sumará la labor preventiva y de conciencia que se le debe enseñar a la comunidad para evitar los incendios forestales.

"Podemos hacer los mayores esfuerzos o alianzas, pero si no logramos que la ciudadanía internalice la responsabilidad que tiene y tome todas las medidas de autocuidado, va a ser inútil lo que podamos hacer", declaró la autoridad de Ránquil.

El vicepresidente de la Asociación del Valle del Itata expresó que la recuperación de la zona afectada por las llamas supera el 30%, esto según el programa de restauración que planeó el Gobierno Regional para un plazo de 5 años.

FUE UN INFIERNO

Impotencia era uno de los principales sentimientos que embargó a muchos de las personas que durante el 2012 participaron en el control del megaincendio, ya que a pesar de los esfuerzos y recursos que se dispusieron, veían como estos eran sobrepasados por las llamas que arrasaban con todo a su paso.

Héctor Rodríguez, actualmente jefe de una Brigada Helitransportada de Forestal Arauco, fue una de las cientos de personas que trabajó en el control de las llamas.

"Hay impotencia porque todo el mundo pedía ayuda y no era mucho lo que se podía hacer. (...). A mí me tocó pasar por una escuela en donde las personas con baldes, mangueras, incluso vasos, tiraban agua", recordó Rodríguez, afirmando que las condiciones climáticas durante esos días eran adversas para el trabajo de los brigadistas.

Claudio Fernández, piloto de helicópteros que también participó en el control del incendio, declaró que durante esos días era como estar en la "caldera del diablo. Era un infierno", ya que estaban las condiciones que nadie quiere tener en este tipo de hechos.

"Nosotros los pilotos hablamos de la regla de los treinta. Hubo 30 grados de temperatura, 30 kilómetros de viento y bajo el 30% de humedad (…). Cuando se desatan estos grandes incendios, llega un momento en que se siguen inyectando medios aéreos, terrestres, pero tú ves que es tanta la magnitud del incendio que no hay cómo controlarlo".

Ambas personas aseguraron que tras el control de éste se pudo evidenciar el desastre que provocó el incendio; casas y animales totalmente quemados, y personas desesperadas pidiendo ayuda. "Yo comencé a volar en incendios forestales del año 90, y la magnitud de este incendio creo que no la he visto nunca", contó Fernández.

No obstante, a 4 años de uno de los incendios más complejo en Chile, expresó que la vegetación de a poco ha vuelto a ser similar a la que había antes de este megasiniestro.