El Gobierno afirmó que va a cumplir el encargo hecho por la Corte Suprema de pedir a la Organización de Estados Americanos (OEA) que visite al líder opositor venezolano Leopoldo López y del ex alcalde Daniel Ceballos, aseguró ayer desde Manila el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz.

"Es una decisión autónoma que compete al Poder Judicial. No representa una decisión del Ejecutivo, sino del Poder Judicial", puntualizó en declaraciones a la prensa el canciller Muñoz, quien participa junto a la Presidenta Michelle Bachelet en la XXIII Cumbre de Líderes del Foro APEC.

"No le corresponde al Gobierno comentar los fallos del Poder Judicial", recalcó el jefe de la diplomacia. Cuando hay una decisión del Poder Judicial, agregó Muñoz, "la Cancillería lo que hace es ejecutar o traspasar esa decisión, y eso es lo que hará Chile (...), trasladar esto a la OEA".

La postura de Muñoz fue reforzada por el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, quien reiteró que el Ejecutivo va a acatar el fallo.

La decisión del máximo tribunal busca que la comisión de representantes de la OEA "constate el estado de salud y de privación de libertad de ambos protegidos, recoja sus impresiones y evacúe un informe a la Asamblea General de la OEA respecto del cumplimiento de los tratados internacionales sobre la materia".

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El senador Alejandro Navarro (MAS) y el diputado Hugo Gutiérrez (PC) calificaron el fallo de la Suprema como "irresponsable" y que "va a avergonzar a Chile", desligándose de las voces que apoyaron la resolución. Navarro fue más allá y aseguró existe un "intervencionismo grotesco" y "una campaña" de la Democracia Cristiana en la antesala a las elecciones legislativas en ese país.

En un comunicado, los parlamentarios afirmaron que la corte "actúa con soberbia y de manera parcial, pronunciando una sentencia con claro y concreto contenido político ideológico" y reclamaron que la resolución se fundamenta en "información de internet y medios de comunicación, siendo incapaz de investigar y levantar pruebas empíricas que lo sustenten". Para los dirigentes de la Nueva Mayoría, este fallo "expone al sistema judicial chileno, puesto ahora cualquier país latinoamericano podrá demandar a Chile por la vulneración de derechos contra comuneros mapuche".

En tanto, el ex ministro de Justicia del Gobierno de Sebastián Piñera, Teodoro Ribera, dijo a La Segunda que el fallo de la Suprema "introduce criterios que irrumpen violentamente en lo que era la comprensión discrecional de la atribución presidencial en materia internacional". Para el abogado, condicionar a la Presidenta para que adopte una posición concreta"puede tener impacto muy significativo en otros ámbitos, como pedirle al Gobierno tomar decisiones exclusivamente políticas".