El 10 de noviembre el Colegio de Profesores rechazó el contenido de una carta enviada desde el Ministerio de Educación, sobre deuda histórica. En la misiva el Ejecutivo insiste en la necesidad de "despejar el número exacto de docentes que se encuentran en la situación descrita por la mesa técnica".

Los dirigentes, tanto a nivel nacional como regional, consideran una burla la respuesta entregada, considerando que dicha mesa ha tenido meses para analizar la situación. Además, según el gremio el gobierno tendría acceso a la información necesaria, generando que esta "necesidad de despejar el número" sea sólo una medida que retrase o lapide cualquier posibilidad de llegar a algún acuerdo.

Según explicó la secretaria regional del Colegio de Profesores, Patricia García, este tema histórico, que se arrastra desde 1981 con el traspaso de la educación estatal a la municipal, habría generado una deuda estimada de $90 millones por cada docente. "Y me quedo corta", planteó. "Sin embargo, esta deuda (histórica) ya no tiene esa posibilidad, y tiene una salida política", agregó.

Y, sobre los registros, "no estamos hablando aquí antes de la escritura, estamos en un periodo tecnológico y de información, y es trabajo de ellos (recopilar la información)", insistió.

DATOS

Según Patricia García, los datos que manejan en el gremio es que inicialmente en la deuda histórica había unos 90 mil docentes jubilados involucrados. En la actualidad a nivel nacional serían unos 53 mil, y en la Región, una cifra cercana a los 15 mil.

No obstante, según la dirigenta, mueren unos 550 profesores jubilados al año, lo que hace más dramática la situación. Y eso, considerando sólo a los colegiados actualmente, que en total son unos 60 mil, según explicó.

ALZA EN LAS PENSIONES

García manifestó que después de tantos años están conscientes que es difícil obtener toda la reparación, como la considera el gremio. Sin embargo, desde el magisterio, sostuvo, existen propuestas, las que se han planteado en diferentes instancias, hasta ahora sin ser tomadas en cuenta.

Dejando claro que como "Región del Biobío hemos dado una lucha persistente por largos años en torno a esta deuda, proponemos aumentar las pensiones con un bono vitalicio, del momento en que te jubilas hasta que mueres", manifestó la secretaria regional.

Respecto a los montos, y si bien García es enfática en que se deben guardar las proporciones, consideran que como mínimo podrían recibir uno "similar al que le dieron a los presos políticos (...), unos $150 ó $160 mil. Entonces podríamos habernos sentado a negociar, porque lo que más quieren los profesores es el incremento a sus miserables pensiones".

Desde el gobierno se mencionó algo relacionado al sistema de pensiones, como una manera de dar a entender que es algo que está considerado. Además, y en ese contexto, " es en el marco de la reforma al sistema de pensiones donde se contempla el domicilio de este tema y sus soluciones".

"El tema previsional es para todo Chile por la estafa que representan las AFP, pero eso no soluciona el tema histórico que viene desde 1981. Y es por eso que rechazamos la Comisión Bravo, que ojalá haga su trabajo, pero cuyas soluciones tampoco son de nuestro agrado", dijo Patricia García.

Asimismo, explicó que hay docentes que reciben menos de $200 mil por su pensión. "El caso es dramático, y a nosotros tampoco nos toman como debieran, porque por ser profesionales tenemos un castigo en la Ficha de Protección Social, por ejemplo", sostuvo.

BONO

La dirigenta regional explicó que otra de las soluciones puede ser "hacer caso a la Comisión Montes, que trabajó con nosotros en el periodo anterior de Bachelet, el cual decía que teníamos que tener un bono de $1 millón a $10 millones cada uno, pero todo eso es conversable", insistió.

El problema, según los dirigentes, es que no hay voluntad real de llegar a alguna solución. Es más, el pasado martes, cuando rechazaron el contenido de la carta antes mencionada, manifestaron que la falta de resultados traerá consecuencias políticas, y se verían en las elecciones.

Además, les molestó que la misiva estuviese firmada por Jaime Veas, director del CPEIP y encargado de la Política Nacional Docente, y no por la ministra de la cartera, Adriana Delpiano.