Con un par de vuelos retrasados se encontraron los usuarios de LAN en el aeródromo Carriel Sur ayer, y la noche del martes. Según los pasajeros, lo del martes se debió a una falta de tripulación, lo que afectó a unas 130 personas, entre ellas parte de la familia Matute Johns que estuvo en la zona para la inhumación del cuerpo de Jorge.

En tanto, en el vuelo de ayer de las 18.15 horas, una de las afectadas, la alcaldesa (UDI) de Pemuco, Jacqueline Guiñez, explicó que "la aerolínea nos dijo que el avión tuvo problemas de mantenimiento".

Guiñez destacó que la empresa ya había tenido problemas con vuelos el día anterior, sin embargo de igual manera, y posterior a ello, les vendieron boletos. "Nosotros compramos el pasaje en la noche, ellos desde ayer (anteayer) tenían problemas, pero siguieron vendiendo pasajes. Nos dijeron que incluso ayer (anteayer) habían tenido (dificultades) con la tripulación".

En el vuelo de las 18.15 horas, y según testigos, habría unas 40 personas que se vieron afectadas. En el caso de la jefa comunal de Pemuco, ella debía estar en un congreso de alcaldes en Viña del Mar.

Además de la molestia del retraso, los pasajeros explicaron que pagaron más de $140 mil por el vuelo de las 18.15, pero que los del vuelo a las 20.15, que costaba unos $30 mil, saldría a la hora, y en el cual finalmente debieron irse.

Otra de las pasajeras, Johanna Morales, de profesión banquetera, debía estar en Santiago antes de las 21 horas de ayer, sin embargo, por el retraso se le generó un conflicto con su trabajo.

"Tenía una reunión en EFE para cerrar unos negocios, mañana (hoy) tenemos evento y tenía que estar a las 20.30 allá. No llegaré y pagué unos $150 mil pesos". Morales ratificó que la información que manejaba sobre el problema en el vuelo era por mantenimiento.

Sobre las posibles compensaciones por la molestia, Johanna Morales manifestó su intención de hacer algo al respecto. "Les dije acá que al menos nos respeten el precio oferta a los que no quisimos comprar por el horario, y que al final ocuparemos el mismo avión".

Mañana se hará un seminario sobre la reforma educacional en el Instituto Profesional Virginio Gómez, llamado "Reforma y Educación Superior Técnico Profesional: ¿mayor equidad, calidad y acceso?". En la instancia participará el presidente de Vertebral, organismo que reúne a 20 IP y CFT acreditados, el rector de Inacap Gonzalo Vargas, así como los parlamentarios Felipe Harboe (PPD) y Jacqueline van Rysselberghe (UDI).

En ese contexto, el anfitrión y vicepresidente de Vertebral, rector del Instituto Profesional Virginio Gómez, Claudio Sáez, en entrevista con diario El Sur explicó su preocupación por la poca equidad en el proceso de gratuidad, y la falta absoluta de proyecto sobre reforma de educación superior. El también ingeniero civil industrial manifestó que quienes son líderes de instituciones que no ingresarán a la gratuidad en 2016 son la voz de los miles de jóvenes que no podrán optar a ella, aunque cumplan con los requisitos.

REFORMA INJUSTA

-Nosotros (Vertebral) creemos que la reforma y el gobierno han ignorado a cientos de miles de estudiantes que están en la educación técnico profesional, teniendo en cuenta que la matrícula de nuestro sector alcanza a 550 mil alumnos, de los cuales no alcanzan a haber 100 mil que estén en instituciones elegibles para optar a la gratuidad.

Si consideramos además que de esos 100 mil sólo un porcentaje recibirá gratuidad, el 50%, que es solamente el quinto decil, lo va a alcanzar un 12 ó 15%. Eso nos parece grave, porque la reforma termina siendo inequitativa y está postergando a muchos estudiantes.

El Instituto Virginio Gómez es una entidad legítima, llevamos 25 años acreditados, habiendo ganado muchos concursos y fondos públicos. Y que hoy nos digan "usted no puede" es muy injusto. Somos la voz de los niños que no pueden estudiar o que no pueden recibir gratuidad.

-Tenemos una matrícula de 10 mil alumnos. De esos, el 60% sí necesita gratuidad y no podrán optar a ella, y nos parece injusto.

-No hay ninguna posibilidad de ser elegible, porque Eyzaguirre, en abril del año pasado nos dijo que no hay un problema de ser o no ser elegible, (...) sino que los recursos son insuficientes.

-Nosotros por supuesto que acreditamos y estaríamos ok para poder optar a la gratuidad el próximo año, si es que nos permiten hacer aquello.

-Hemos tenido muchas conversaciones con el gobierno (...) y fuimos avanzando en las conversaciones. (...) Le entregamos la propuesta hace unas cinco semanas y no hemos tenido ninguna respuesta. Después vino el anuncio de la Presidenta de la gratuidad, y esa (situación) desvirtúa todo, porque soslaya el problema de fondo, que es el análisis de la educación superior, la reforma que hoy no está en camino. Está en camino una partecita, que es del financiamiento.

-Hemos sido escuchados, pero es como si no lo hubiésemos sido.

-Si prima el buen criterio, un elemento fundamental como lo es el principio de la justicia, dar a cada cual lo que le corresponde, naturalmente debemos todos estar incorporados. Independientemente de la naturaleza jurídica de la institución, pensando en el propósito de atender a la vulnerabilidad de sus estudiantes. Ese debe ser el propósito fundamental.

-Lo que le hemos planteado al Ministerio de Educación, y le planteamos a la ministra Delpiano, es que a la beca Nuevo Milenio, por ejemplo, se le aumente el valor. Y sería, pensábamos y solicitamos, que fuera de un millón de pesos, $800 mil, que sería un porcentaje muy alto, y que sería muy simple.

Nosotros siempre hemos postulado que el mejor mecanismo es el que actualmente existe a través del proceso de becas, y que tiene la gracia de estar funcionando muy bien, y hoy hay que hacer todo un sistema nuevo, y según tengo entendido, esto ha sido hecho con mucha rapidez y hay muchas cosas que no se han atado. Entonces es una buena solución el que mejoremos el tema de la gratuidad a través del otorgamiento de mayores becas.

-No tiene que ver con nosotros ni con la corporación. Tiene que ver con el gobierno, con la reforma y el cómo está planteada esta misma. La reforma está mal planteada porque es inequitativa, es regresiva. (...) Por lo tanto, creo que es una mirada equivocada (la del gobierno), porque se ha querido cambiar el subsidio a la demanda, que actualmente ocurre, por el subsidio a la oferta, o sea, no se subsidia al alumno, sino que a la institución, hay un cambio de paradigma hoy en el gobierno, y eso es lo que nos afecta.

Pienso que cuando se hizo esto no se tenía los antecedentes que siempre han estado. Porque imagino que quienes asesoraron no tenían el conocimiento adecuado para poder discriminar entre unos y otros.

-No. Es el mecanismo adecuado para legislar y para gobernar, porque uno tiene que pensar en el principio de la equidad. Y por lo demás, esa es la característica que tienen que tener todos lo gobiernos, preocuparse de los alumnos más vulnerables, y aquí desgraciadamente no se han preocupado por ellos, los han ignorado e invisibilizado.

-Hay 8 regiones en el país en las que no hay ningún alumno que pueda optar a la gratuidad (en IP y CFT). Entre ellas, la Primera, la Tercera, la Séptima, la Décima Primera, la Décima Segunda, la Décima Cuarta y la Décima Quinta región.

La región que más tiene alumnos elegibles es la Quinta, con un 37%, la Metropolitana con un 29%, la del Biobío tiene un 10%, pero de eso sólo la mitad puede optar a la gratuidad en los IP y CFT, o sea el 5%. De 6.500, 3.260 alumnos pueden optar a gratuidad, de un total de 61 mil. ¿Cómo no va a ser injusto? Es brutalmente inequitativo.