Paralización en jardines Junji afectará a más de 18 mil niños
Hoy se iniciaría el paro de tres días decidido ayer por los funcionarios de la Junji (Junta Nacional de Jardines Infantiles) agrupados en el gremio Ajunji. La medida fue adoptada según los dirigentes, por un incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno. La institución respondería con turnos éticos y atención normal en otros establecimientos. Sin embargo, hasta anoche se mantenían conversaciones entre las partes, y no se descartaba algún acercamiento.
En estos tres días se analizará la situación dentro del gremio, se decidirá si seguirán en paro, y se harán marchas como una programada para hoy, a las 11.30, que partirá y terminará en Tribunales de Justicia, en Concepción.
JUNJI QUIERE DIÁLOGO
Desde la institución regional, la directora regional de la institución, Andrea Saldaña, lamentó que "se vea suspendida la atención de los jardines infantiles administrados directamente por la Junji, porque transgrede el derecho a la educación y cuidado de los niños, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad, y que son el centro de nuestro quehacer institucional".
Saldaña sostuvo que la actual administración tiene las puertas abiertas para el diálogo, por lo que "llamamos a la asociación a mantener esta vía y no perjudicar a las familias que nos confían el cuidado diario de sus hijos".
En la Región del Biobío existen 42 jardines infantiles administrados directamente por la Junji. Siete de ellos atenderán normalmente. La institución informó que se trata del jardín infantil "Niños en Acción", del sector Laguna Redonda de Concepción; Jardín Infantil "Ayelén de Nonguén", de Concepción; Jardín Infantil "Módulo Villa Cap", de Concepción; "Mi Mundo de Dulzura", de Penco; Jardín Infantil "Principito", de Los Ángeles; Jardín Infantil "21 de Mayo", de Los Ángeles; y Jardín Infantil "Bamby", de Chillán.
En tanto, desde la institución explicaron que "25 centros educativos tendrán turnos éticos y 10 jardines infantiles no tendrán atención, debido a que la mayoría de los funcionarios están asociados a Ajunji. En total, cerca de 3.055 familias se verían afectadas por este paro, de 18.500 niños y niñas que atiende la Junji en sus diversas modalidades de atención pedagógica en la Región".
DEMANDAS
Sandra Troncoso, presidenta de Ajunji, explicó que las demandas del gremio se centran en dos aspectos: el incumplimiento del gobierno en analizar en conjunto la cantidad de funcionarios que debían subir de grado, para así pedir los recursos en la Ley de Presupuesto, y la falta de reemplazo ante licencias médicas. Es importante recordar que el gremio representa a unos 700 funcionarios, de un universo de mil en la Región.
"Tenemos un protocolo de acuerdo entre el gremio y la institución. Dentro de eso, uno de los puntos era que nosotros debíamos participar en el presupuesto institucional anual para la subida de grado, según la nueva ley de planta, y eso no se dio. La máxima autoridad de Junji hizo sola el presupuesto, no considerando el gremio", manifestó Troncoso.
Así, se habría enviado al Senado ese presupuesto, con el fin de ser aprobado. "Esto perjudica a los funcionarios, ya que alrededor de 6 mil no estarían considerados en subir de grado", ya que esos recursos no estarían solicitados.
Otra de las demandas es sobre la capacidad horaria. "La creación de nueva extensión horaria sin el personal que se requiere, según el acuerdo firmado por el Mineduc y Junji. Quieren pedir más horas, y eso ayuda a los apoderados, pero el personal que contratan no es el suficiente", sostuvo la dirigenta.
En la Región hay dos jardines con modalidad de horario extendido, por ahora. No obstante, "donde se ha hecho esto el personal no es reemplazado cuando toman licencia, y pasa que a las funcionarias (que quedan) se les recarga trabajo", dijo la presidenta de Ajunji.
La respuesta que daría la institución daría ante estas situaciones, según el gremio, "es que no hay gente para reemplazo, lo cual sabemos que no es así. (...) Acá hay un tema de gestión".
"Entendemos a las mamás, que en su mayoría trabajan. Siempre se tiende a culpar a los trabajadores, pero aquí el real culpable de que lleguemos a este último recurso es de la autoridad", insistió Sandra Troncoso.