Movimiento Social 3ª etapa Higueras es el nombre de la organización que crearon vecinos de Talcahuano, Tomé, Hualpén y Penco junto a los funcionarios del recinto de salud del puerto. ¿El objetivo? Pelear por los recursos que aseguren que la última etapa de normalización del recinto de salud se concrete.

Hace unos meses se inició la licitación del proyecto, por la que se interesaron tres empresas. La oferta que cumplió con los requisitos para adjudicarse las obras superó en un 15% el presupuesto inicial, que era de 90 millones de pesos. No obstante, el Ministerio informó que la iniciativa quedará en suspenso, ya que el mal momento económico obliga a preparar un presupuesto 2016 más austero.

Esta situación fue discutida ayer por este movimiento, el que a través de una declaración pública exigió al gobierno cumplir con el compromiso de ejecutar el proyecto. Bexabé Vidal, dirigenta de la Fenpruss de Las Higueras, contó que los funcionarios acordaron una movilización parcial, que implicará detener la atención durante las tardes del miércoles y jueves.

Añadió que mañana se hará una marcha en Concepción, la que se iniciará en la Plaza Perú y terminará en el edificio del Gobierno Regional.

Compromiso roto

Cuando la Presidenta hizo el primer anuncio de su plan 20-20-20, para la construcción de hospitales, la tercera etapa de Las Higueras estaba considerada en las iniciativas que quedarían licitadas antes de que Bachelet terminara su periodo.

No obstante, tras intensas gestiones de autoridades del puerto el Ministerio accedió a adelantar la inversión, considerando que el proyecto estaba listo. De hecho, la misma ministra, Carmen Castillo, anunció en la zona la licitación de las obras.

Éstas apuntan a elevar los estándares del edificio de hospitalización.

El Ministerio de Educación trabaja en el proyecto de desmunicipalización de la educación, proyecto que sería enviado antes de fin de año al Congreso. De a poco las autoridades han ido informando algunos datos de este texto. Entre ellos, que su implementación se hará de forma gradual y que para el primer año en régimen la desmunicipalización se aplicaría en 29 comunas.

Esto implicará, entre otros aspectos, que se implementen seis servicios locales de educación (SLE), organismos que estarán a cargo de la administración de la educación básica y secundaria. Esta tarea hoy está en manos de los municipios.

Sobre esto, el seremi de Educación, Sergio Camus, mencionó que la Presidenta solicitó que se evalúe la realización de pilotajes mientras se discute la ley en distintas regiones y comunas y que digan relación con las realidades territoriales.

"En la Región tenemos en estudio dos alternativas de pilotaje. No han sido todavía definidos por la Presidenta y mientras ello no ocurra no puedo dar más señales al respecto, pero sin duda el Biobío va a ser una región que va a tener pilotaje de servicios locales a partir de 2016", aseveró la autoridad regional de Educación.

Propuesta

Inicialmente, el gobierno había fijado el 5 de este mes como la fecha para presentar el proyecto al Congreso. Ésta se aplazó para el martes 13 y finalmente se dejó tentativamente el envío para un ambiguo "antes de fin de año".

Lo que sí está claro es que la iniciativa busca recuperar para el Estado la administración de los establecimientos educacionales. Como explicó el seremi Sergio Camus, "sustrayendo esa administración de los municipios, permitiendo que a través de los servicios locales de educación, que van a ser servicios públicos autónomos, permitan generar la administración y acompañamiento financiero y técnico pedagógico de los distintos establecimientos municipales de territorios determinados".

Agregó que hasta el minuto lo que hay en el proyecto de ley de es que van a existir 65 servicios locales de educación, los que van a agrupar a las 345 comunas que hoy existen. Si bien la aplicación completa está propuesta para 2018, será en 2017 cuando se inicie el recambio.

Los municipios han mostrado su preocupación por el proceso, pensando en qué pasará con los funcionarios que hoy dependen de los municipios y el pago de diversas indemnizaciones a los docentes.