Un proceso disciplinario para determinar responsabilidades administrativas por el arriendo celebrado entre la Municipalidad de Concepción y la empresa Inmobiliaria Caupolicán, propiedad de la familia Repetto, es el que iniciará la Contraloría regional. Esto tiene relación con el terreno que en 2013 iba a ser ocupado para habilitar el mercado provisorio, donde se instalarían 185 locatarios del siniestrado Mercado Central.
La investigación de la entidad fiscalizadora se inició a partir de la denuncia que hizo la concejala penquista, Alejandra Smith (DC), en julio de 2014, en done expuso que hubo irregularidades en el contrato celebrado en noviembre de 2013. A su juicio, tal situación le provocó un merma económica a los locatarios que fueron beneficiarios de los fondos que el Gobierno Regional entregó a Sercotec para que éstos levantaran sus negocios.
La irregularidad habría estado en que de los $6 millones que recibió cada uno de los 185 comerciantes, Sercotec les restó 1 millón 654 mil pesos para transferirlo a la casa edilicia, con la finalidad de que ésta pagara los más de $300 millones que significaba cancelar el primero de los cinco años de arriendo de los dos terrenos a ocupar. Uno estaba ubicado en Maipú, entre Caupolicán y Rengo; y el otro en Caupolicán esquina Los Carrera.
No obstante, al fracasar el proyecto de mercado provisorio, luego de seis meses pagando arriendo, los comerciantes sólo pudieron recuperar la mitad de lo entregado.
RESOLUCIÓN
Tras tener todos los antecedentes en vista, la Contraloría regional especifica en el texto que a pesar que no existirían reproches jurídicos en la celebración y cancelación -seis meses después- del contrato entre la municipalidad y la inmobiliaria Caupolicán, y de que no hubo un detrimento al patrimonio del Estado, sí los "antecedentes expuestos dejan de manifiesto que las decisiones adoptadas por las autoridades de los servicios involucrados, no cautelaron en su totalidad el cumplimiento del objetivo final para lo fueron entregados los fondos, lo que provocó que se pagara un arriendo sin una real retribución al proyecto de que se trata, vulnerando con ello los principios de eficiencia y eficacia".
De esta forma, el órgano contralor comunicó que "dará inicio a un proceso disciplinario en las entidades que correspondan, con la finalidad de determinar la eventual responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados en los hechos descritos".
Ante la resolución de mediados de agosto de este año, la concejala Smith expuso que se demoró más de lo que esperaba y declaró que "voy a estar atenta a lo que dice la Contraloría con respecto a que va a iniciar un proceso disciplinario para ver responsabilidades administrativas, tanto de la Municipalidad como de Sercotec".
NO HAY IRREGULARIDADES
Respecto al proceso sumario que dará inició la entidad fiscalizadora, el administrador de la municipalidad penquista, Aldo Mardones, expuso que la Contraloría tiene las competencias para iniciar un proceso disciplinario contra cualquier entidad pública, ya que es el organismo fiscalizador y de control.
En esta línea Mardones declaró que "tenemos la plena confianza que no hemos hecho nada irregular (…). La municipalidad solamente cumplió con el mandato que nos dio Sercotec y la Gobernación Provincial de la época".
En este último punto, el administrador municipal expuso que fueron estas dos entidades las que le solicitaron a las autoridades municipales buscar un terreno donde ubicar a quienes fueron afectados por el incendio del 28 de abril de 2013.
Asimismo, aclaró que en el actual Gobierno al conocerse que no se podía ocupar un terreno privado para instalar el mercado provisorio, considerando que había recursos públicos involucrados, se le pidió al propietario del sitio finiquitar el contrato, a lo que accedió a pesar de que quedaban 6 meses de convenio.
Es por lo anterior que Mardones aludió a que no tenían conocimiento técnico que les orientara sobre si el proceso estaba bien o mal, ya que éste era de competencia de Sercotec, Gobierno Regional y la Gobernación Provincial de Concepción.
Mardones sostuvo que la denuncia presentada por la concejal Smith tiene fines políticos, ya que considera que se inició la contienda electoral por el sillón edilicio de Concepción. "Creo que entramos en un período de contienda electoral, pero eso no da para que se pueda jugar al todo vale (…). Numerosas acusaciones que ha hecho la concejala Smith, tanto en tribunales como en Contraloría, en casi un 90% han sido desestimadas", declaró el administrador municipal.
Referente a esta declaración, Smith expuso que no existe un aprovechamiento político. "Aquí se están defendiendo los intereses de las personas, porque hubo familias que con el incendio del Mercado lo perdieron todo y después perdieron más de un millón de pesos del subsidio que le entregó Sercotec".
