El Gobierno defendió ayer la agenda corta antidelincuencia, que se discute en el Congreso, frente a los cuestionamientos del pleno de la Corte Suprema, que declaró la semana pasada que el control preventivo de identidad -que se incluye dentro de las medidas- "es difícilmente aceptable desde la perspectiva de un estado democrático de Derecho".

El ministro del Interior, Jorge Burgos, valoró la opinión de la Corte Suprema, que también acusa supuestas penas desproporcionadas en delitos contra la propiedad.

"Me parece bien que la Suprema haga consideraciones del punto de vista del Estado de Derecho, algunas dudas hay que tener presente; cumple su rol la Corte Suprema, es lo que nosotros esperamos. Si hubiéramos tenido una Suprema así hace 30 años en este país, se habrían evitado muchas cosas", dijo Burgos.

La ministra de Justicia, Javiera Blanco, explicó que la iniciativa está en el Poder Legislativo y es ahí donde se deben analizar los distintos puntos de vista.

El subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, se sumó a las respuestas oficialistas a la postura de la Corte Suprema y afirmó que si hay algún problema constitucional "se discutirá y mejorará".

"Si tiene un problema constitucional lo vamos a discutir y lo vamos a mejorar, porque aquí estamos frente a propuestas que son siempre mejorables", aseguró.

Para Frey, las críticas del pleno del máximo tribunal "son bienvenidas, porque necesitamos tener acuerdos transversales para solucionar un problema de todos".

El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, dijo que los partidos políticos que están representados en el Congreso le entregaron a la Presidenta un "sólido respaldo" a la decisión del Gobierno de solicitar la incompetencia de la Corte de La Haya para conocer la demanda marítima de Bolivia.

La Presidenta Michelle Bachelet sostuvo ayer en La Moneda una reunión con los representantes de esas colectividades, en que analizaron los escenarios que pueden derivarse del fallo del tribunal, que será conocido mañana.

Isabel Allende (PS), Joaquín Godoy (Amplitud) y Alejandro Navarro (MAS) fueron los únicos presidentes de partido que allegaron al encuentro, pues las demás colectividades enviaron a sus vicepresidentes o secretarios generales.

"Hemos hecho un análisis de lo que podría ocurrir, y lo más importante que quisiera resaltar es que la Presidenta ha recibido un sólido respaldo de todos los presidentes, vicepresidentes y secretarios generales", dijo el canciller.

interés nacional

La postura adoptada por el Gobierno de pedir las objeciones preliminares "es una cuestión de interés nacional y una política de Estado, así que ha sido una muy buena reunión. Acá hay una sintonía respecto de los intereses nacionales y a la política de Estado en esta materia de lo que se verá en la Corte", añadió el titular de Relaciones Exteriores.

La presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende, dijo que "lo que importan son las instituciones. Estuvieron representados todos los partidos (…) esto en absoluto menoscaba (la posición del Gobierno)", consultada por la ausencia de presidentes de partidos.

Alejandro Navarro (MAS) destacó que "todos los partidos políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, están firmes junto al Gobierno".

El secretario de Estado confirmó que la Mandataria sostendrá reuniones con los ex Presidentes de la República y con los ex cancilleres

acusaciones bolivianas

Respecto de los dichos del ex presidente de Bolivia, Jorge Quiroga, quien acusó a Muñoz de intentar echar a andar una campaña presidencial a costa de su país, con un discurso "netamente antiboliviano", el canciller aseveró que "no tengo el más mínimo comentario sobre esas declaraciones".

El Servicio de Impuestos Internos (SII) interpuso ayer una querella contra quienes resulten responsables de delitos tributarios que tienen relación con el financiamiento irregular de campañas políticas y que actualmente persigue la Fiscalía Nacional en el denominado caso SQM.

presuntos involucrados

Uno de los querellados es el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, ex representante legal de Salar, una de las filiales de la minera no metálica, debido a los delitos de presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas.

También está dentro del listado Asesorías y Negocios SPA, controlada por Giorgio Martelli. El operador político fue formalizado el lunes 14 de septiembre por delitos de facilitación de boletas ideológicamente falsas, apropiación indebida y otorgamiento de contratos simulados en carácter "reiterado y consumado". El tribunal decretó su arresto domiciliario total.

Otra de las firmas es Comunicaciones Publicidad y Marketing E.I.R.L. de Cristian Warner, ex asesor del líder del PRO, Marco Enríquez-Ominami.

Dentro de los querellados está la Corporación para la Conservación y Preservación del Medio Ambiente. Su director ejecutivo político es Patricio Rodrigo, opositor al proyecto HidroAysén y quien es cercano al senador PPD Guido Girardi.

El organismo también interpuso la acción en contra de Carlos Tudela García, como persona natural. Es hijo del ex embajador en Singapur, Carlos Tudela Aroca, vinculado a la DC. Está siendo investigado tras el testimonio de Katherine Bischof, asistente de Patricio Contesse, quien sostuvo que Tudela retiró un cheque de SQM para Ventus Consulting S. A., firma de los hijos del senador DC Jorge Pizarro.

Ante este mismo tribunal se interpuso una querella en contra del ex diputado Alberto Cardemil Herrera, como persona natural, por haber facilitado boletas de honorarios propias y de terceros por servicios que jamás se prestaron a empresas del Grupo Penta y a SQM S.A.

DEMANDA MILLONARIA

En tanto, Patricio Contesse demandó por "despido" a la empresa de Julio Ponce Lerou, por una cifra que superaría los $ 2.700 millones como indemnización. El investigado por supuestas irregularidades en el financiamiento de campañas políticas fue desvinculado en marzo tras 25 años como alto ejecutivo. Su sueldo bruto era de $52 millones y su último sueldo líquido llegó a $ 43 millones.