Sin convocatoria de prensa y sin entregar mayor información sobre el proyecto se concretó ayer una reunión entre representantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, su homólogo de la Pontificia Universidad Católica y médicos de la zona.

El encuentro se llevó a cabo en la ex mutual y el objetivo fue presentar a los profesionales el proyecto que la Ucsc y la red UC Christus pretenden desarrollar en el recinto donde funciona la carrera de kinesiología.

Esta iniciativa lleva al menos dos años en estudio y aún no tiene fecha de concreción. No obstante, desde la Ucsc reconocen que ya se han hecho varias reuniones y el objetivo del encuentro de ayer fue contarle a los facultativos lo que se pretende hacer, en busca de futuros interesados en trabajar en el proyecto.

Iniciativa

Patricio Manzárraga, decano de la Facultad de Medicina de la Ucsc, contó que se trató de una actividad interna.

"Estamos desarrollando un proyecto de salud para la Región, consistente en atención primaria ambulatoria que sirva de campo clínico para nuestros alumnos. Es un proyecto que lo estamos trabajando hace harto tiempo, pero estamos en proceso todavía. Lo definitivo lo irá a anunciar en su momento los rectores de las universidades", explicó.

A grandes rasgos, el proyecto conjunto consistirá en son consultas de atención ambulatoria integral para público en general e incluirá algunos procedimientos clínicos, como laboratorio.

"Las dos facultades tenemos convenio de cooperación mutua, ambas pertenecemos a la iglesia católica, así que nos ayudamos", expresó el decano.

La red Christus administra tres hospitales y once centros médicos, todos en la Región Metropolitana.

Aunque la bancada de diputados de la UDI había anunciado la presentación de una acusación constitucional contra tres intendentes del país -Claudio Orrego, de la Región Metropolitana; Hugo Veloso del Maule y Rodrigo Díaz de la Región del Biobío-, los parlamentarios finalmente decidieron posponer esta iniciativa.

Esto, informaron cercanos a los parlamentarios, por petición de los mismos camioneros, quienes están en conversaciones con el gobierno. Pero, de no llegar a buen término, la acusación contra los jefes regionales se produciría el martes.

Respecto a esta acusación, donde se argumentaba infracción a la constitución y la toma de medidas administrativas para que los camioneros no llegaran hasta Santiago desde La Araucanía, el intendente Rodrigo Díaz sostuvo que se trataba de una herramienta legal y un pleno derecho de los diputados, por lo que lo respetaba. "Por mientras, yo me voy a dedicar a seguir trabajando", dijo.

Manifestó esto durante un punto de prensa al mediodía de ayer, cuando la UDI aún no tomaba la decisión respecto a presentar o declinar la acusación.

"ESTOY TRANQUILO"

Díaz manifestó que la presentación de la acusación era un pleno derecho de los diputados, considerado en la carta magna. Pero, "estoy con mi conciencia muy tranquila", afirmó.

Esto, porque en el tema de fondo que motivó la demanda de los camioneros, entendida como los hechos de violencia y el robo de madera en el caso del Biobío, encabezó como autoridad regional el rechazo a la violencia, así también la conformación de una mesa para la paz social, firmada por partidos políticos, consejeros regionales y alcaldes de la provincia de Arauco.

También, agregó, trabajó en "una serie de medidas policiales que han permitido incautar una serie de camiones y otros vehículos que se usan para el robo de madera. Tenemos cien hectáreas de madera que hemos recuperado de los robos y hemos ayudado a que las víctimas reciban atención del centro de atención a víctimas y también que reciban asesorías, como un dirigente de camioneros que se acercó a mí y estamos por entregar solución a su problema".

"En lo de fondo he estado trabajando arduamente desde el primer día y también trabajando para la paz social con comunidades indígenas, separando lo del robo de madera", sostuvo.

"ASUMO RESPONSABILIDAD"

Díaz también sostuvo que, durante los días del paso de los camiones por la zona, tuvo la intención de alcanzar un equilibrio entre el derecho a manifestarse de los camioneros y mantener la vida normal de los habitantes de la Región.

Así, sostuvo, se permitió el paso de camiones por la ex ruta 5 en Los Ángeles, aunque hubo algunos problemas en Chillán.

Y aunque no confirmó ni desmintió haber recibido órdenes desde el gobierno central para impedir el paso de los vehículos, sostuvo que "en la forma en que abordé esto, asumo toda la responsabilidad de lo que he hecho".