Luego que las autoridades nacionales y regionales sacaran cuentas alegres con la cantidad de colegios municipales y particulares subvencionados que pasaron a gratuidad, las organizaciones que agrupan a este último tipo de establecimientos manifestaron su preocupación. Estas agrupaciones son Asepar Biobío, RedCol Biobío y Conacep.
Hace dos días, el Mineduc informó que 739 colegios pasarían a gratuidad en 2016, y de ellos 66 están en la Región.
REDCOL BIOBÍO
Para varios sostenedores, el positivismo que expresa el gobierno es relativo y para nada representativo. Desde Redcol Biobío, su presidente, Andrés Carter, manifestó que la mayoría de los establecimientos tiene un copago bajo o nulo y que en su mayoría pertenecen al Arzobispado.
"Tenemos la impresión que algunos colegios que se anuncian que ingresan a gratuidad ya no tenían copago, por lo que la Ley los obligaba a hacerlo".
Carter agregó que los colegios del Arzobispado, ingresados recientemente a la gratuidad para 2016, "por su constitución jurídica (de entidad sin fin de lucro) podrán (solicitar) todas las subvenciones adicionales que se ofrecieron. Situación diametralmente distinta de los emprendedores educacionales laicos, mayoritariamente profesores o familias de educadores. Además, ellos podrán seguir arrendando para siempre".
Finalmente, el presidente de Redcol Biobío sostuvo que "el día 'D' para la Educación Subvencionada es el 31 de diciembre del 2017, ya que ahí vence el plazo para transformarse en una entidad de caridad o beneficencia".
ASEPAR
"Aun considerando las cifras gubernamentales, los colegios que adhieren al nuevo sistema representan apenas un 10% del total de colegios subvencionados de la Región, lo que lejos de ser exitoso representa un rotundo fracaso", manifestaron desde Asepar.
A través de un comunicado, la asociación expresó que la iniciativa gubernamental no ha resultado, considerando "especialmente el despliegue comunicacional, y de todo tipo, con una inyección de recursos millonaria que ha realizado el gobierno para sacar adelante esta mala reforma".
Además, hicieron hincapié en la falta de reglamentos con los que se implementará la nueva Ley de Inclusión. Manifestaron que sin ese paso completo es imposible tomar una decisión para los sostenedores.
"Por lo mismo estimamos como una profunda irresponsabilidad del gobierno aventurar cifras, en circunstancias que ni siquiera han dictado los reglamentos necesarios para implementar la ley", dijeron.
CONACEP
Daniel Villarroel, presidente de Conacep Biobío, expresó que a la organización le preocupa que "se da importancia sólo a números y no a la calidad, este es un concepto totalmente ausente del debate de esta ley de inclusión pre y pos aprobación. (...) De aproximadamente 600 colegios particulares subvencionados, 40 son los que se acogieron a este régimen de gratuidad para el 2016 en el Biobío, es decir, 6,7%".
Villarroel también mencionó que los plazos que publicita el gobierno no recaen en que los sostenedores deben decidir hasta el próximo año si serán corporaciones o fundaciones sin fines de lucro. "Lo que financia la reforma hasta aquí no alcanza en muchos casos, porque la calidad tiene un costo elevado. Y el segundo plazo es a diciembre del 2020 respecto al tema propiedad", aclaró el presidente de Conacep.
Por último, Villarroel destacó que "se han escuchado voces acerca de la gradualidad en educación superior, y quien tenga para pagar debe pagar, ¿por qué no tenerla en una ley corta, puesto que hay mucha confusión y menos del 10% de la matrícula particular subvencionada ha accedido al tema gratuidad?".